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Este artículo fue editado por Oskar Ortiz
22 de noviembre de 2025 – 10:09 am
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Desde el ámbito privado, los comerciantes que pertenecen a Fenalco son los más preocupados por el incremento del salario mínimo para 2026, al punto que realizaron el cálculo de cuál sería el costo de un empleado el próximo año, si se ajusta en un 11% tal como sugieren algunas propuestas, como las que se han planteado desde el Gobierno, aunque todavía no oficialmente.
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Jaime Alberto Cabal, líder de la asociación, enfatizó que incrementar el salario mínimo más allá de la inflación no mejora realmente la capacidad de compra, ya que ese aumento en los costos laborales generalmente se traslada a los precios de los bienes y servicios.
“Esto, en la práctica, se convierte en ‘lo que se gana se gasta’. Aumenta el salario, pero los precios también suben, y el trabajador no logra un beneficio tangible. Este fenómeno es conocido como indexación, un ciclo donde el incremento salarial provoca más inflación y la inflación demanda nuevos aumentos, sin que se logre un progreso concreto en el bienestar”, detalló Cabal.
Adicionalmente, Fenalco advirtió que un incremento de dos dígitos elevaría la informalidad al afectar especialmente a mipymes, que no tienen la capacidad para soportar mayores costos laborales. Muchas de estas empresas terminarían contratando en la informalidad o reduciendo plantilla, lo que impactaría el empleo.
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“Un aumento de tal magnitud complicará que el Banco de la República prosiga reduciendo las tasas de interés, dado el efecto inflacionario que podría generar”, comentó el vocero de los comerciantes.
Hoy recibimos en el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de las y los trabajadores, a los representantes de los diversos sectores que, desde el 1 de diciembre, integrarán la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales.
Anunciamos al país que… pic.twitter.com/d5XBEtnVWI
— Antonio Sanguino (@AntonioSanguino) November 21, 2025
El gremio recordó que un aumento salarial considerable impacta directamente las finanzas públicas. Por cada punto porcentual por encima de la inflación, los costos de nómina del sector oficial aumentan de forma significativa, recursos que provienen de los impuestos de todos los colombianos.
Si se procede a decretar un aumento del salario mínimo del 11%, como ha indicado el gobierno, esto implicaría un reajuste de más del doble de la inflación esperada para este año (5,2%) y casi tres veces la proyectada para 2026 (alrededor del 4%), lo que resultaría en una remuneración mínima total a cargo de las empresas de $2.800.499.
De esta manera, un empresario que desee contratar a una persona por el salario mínimo debe tener en cuenta
que el gasto por la contratación, o gastos laborales, sería el salario mínimo del próximo año con un incremento del 77%, comentó el mandatario de Fenalco.
Otra estimación, en este caso de Anif, advierte sobre las repercusiones que tendría un incremento desmedido del salario mínimo respecto a las responsabilidades del gobierno en pensiones indexadas al Salario Mínimo Legal Vigente (SMLV).
El panorama de este centro de pensamiento sugiere que con una inflación proyectada del 5,34% y un crecimiento de la productividad laboral de 2,2%, el incremento de referencia del salario mínimo equivaldría a un 7,54%.
Con este porcentaje, el mínimo del año entrante incrementaría de 1’423.500 pesos a 1’530.830 pesos, cifra que al incluir los aportes a seguridad social, parafiscales, prestaciones sociales y el subsidio de transporte, ascendería a 2’737.220 pesos.
En este marco, Anif estima que cada punto porcentual extra en el aumento real del salario mínimo implica un sobrecosto fiscal de $0,24 billones de pesos en el régimen de prima media, generando tensiones adicionales sobre las finanzas públicas y reduciendo el margen fiscal disponible para atender otras prioridades sociales.
“Un ajuste del salario mínimo que supere los fundamentos de inflación y productividad podría provocar presiones adicionales sobre el déficit, comprometer la estabilidad macroeconómica y obstaculizar la generación de empleo formal”, advirtió Anif.
“Un efecto colateral muy grave de un reajuste excesivo del salario mínimo, tal como se sugiere, es la presión ascendente sobre el nivel general de precios, que perjudicará enormemente a los pensionados que reciben más de un salario mínimo. Por ley, únicamente reciben una compensación ajustada por la inflación generada”, añadió Cabal.
Subrayó que decisiones de este tipo generan más costos para el Gobierno, avivan la llama de la inflación, fomentan la informalidad y no benefician a la economía más allá de una euforia pasajera.
A su vez, Anif sostuvo que las conversaciones sobre el incremento del salario mínimo deberían considerar no solo el objetivo de resguardar el poder adquisitivo de los trabajadores, sino también las tensiones que enfrenta la economía colombiana.
Desde MinTrabajo se anunció el calendario sugerido para la discusión del salario mínimo para el 2026.
Antes de las negociaciones, el 28 de noviembre, se reunirá la subcomisión de productividad, en la que el Dane presentará los datos de productividad total de los factores.
El líder de esa cartera, Antonio Sanguino, explicó que las conversaciones empezarán el lunes, primero de diciembre y que habrá un periodo de 15 días para los análisis iniciales.
“Desde el Gobierno reiteramos nuestro compromiso: que este proceso se lleve a cabo con rigor técnico y diálogo social, para alcanzar en diciembre un acuerdo justo para los trabajadores de Colombia”, comentó.
En esa primera reunión, el Dane realizará la presentación del PIB hasta el tercer trimestre y explicará las cuentas nacionales de transferencias y el mercado laboral, aspectos que se deben considerar para definir el incremento del mínimo. Los diálogos se extenderían hasta el 15 de diciembre, cuando se presentaría el primer vencimiento legal para la concertación.
En caso de no llegar a un acuerdo, el 16 y 17 de diciembre se presentarían los documentos de salvedades de las partes, mientras que se reservan el 18 y 19 de ese mismo mes para sesiones de revisión de estas salvedades.
Durante la semana del 22 al 26 de diciembre, sin contar el 25 por Navidad, se llevarán a cabo las jornadas de concertación extraordinarias a convenir. El Ministerio del Trabajo tiene plazo hasta el 30 de diciembre para expedir el decreto del aumento del mínimo.
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