Millones de empleados en Colombia están a la espera de las negociaciones para establecer el porcentaje del incremento del salario mínimo de 2026.
La discusión se llevará a cabo en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, entre representantes de los gremios y de los sindicatos, con la mediación del Gobierno nacional.
A pesar de que la mesa de negociación se instalará el 1 de diciembre, tal como lo anunció el ministro Antonio Sanguino, ya se han comenzado a manifestar las primeras posturas. Por un lado, los gremios señalan que el aumento no debería exceder un solo dígito, mientras que el Gobierno nacional aspira a un incremento del 11%.
De acuerdo con el Dane, la variación interanual de la inflación para octubre fue del 5,51%, y varios especialistas prevén que cerrará el año en aproximadamente un 5%. Este dato resulta crucial, ya que la ley estipula que el salario mínimo debe aumentar al menos la cantidad de la inflación del año anterior.
Cualquier empleado en Colombia desearía un incremento significativo en su salario, para enfrentar el impacto de la inflación, que año tras año disminuye el poder adquisitivo. Sin embargo, especialistas advierten que un aumento desmesurado del salario mínimo podría resultar en cargas excesivas para las compañías, estancando la productividad del país.
¿Qué porcentaje debería ser el aumento del salario mínimo?
Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo, afirmó a La FM que el incremento del salario mínimo para 2026 debe ser sensato y equilibrado. “En un entorno donde la inflación continúa sobre la meta del Banco de la República y el crecimiento económico sigue siendo débil, un aumento excesivo podría perjudicar la creación de empleo formal y agravar las presiones inflacionarias”, declaró el director del centro de pensamiento.
Asimismo, comentó que, basándose en los criterios técnicos de inflación proyectada y productividad laboral (cerca del 1%), un aumento entre 6% y 7% sería apropiado. “Este rango permite preservar el poder adquisitivo de los empleados, pero al mismo tiempo protege la estabilidad macroeconómica y el mercado laboral“, añadió.
“Es esencial recordar que alrededor del 55% de los empleados en Colombia se encuentra en la informalidad. Por ello, más allá del ajuste anual del salario mínimo, el país requiere avanzar en políticas que fortalezcan la productividad y la capacitación para el trabajo“, concluyó el especialista.
Por su parte, Henry Amorocho Moreno, consultor y profesor
En Hacienda Pública y Tributación de la Universidad del Rosario, mencionó que la determinación del salario mínimo no debería limitarse únicamente a aspectos técnicos. “Me inclinaría a proponer, alejándome de lo puramente técnico y pasando a un enfoque de concertación, que podríamos contemplar un aumento tal vez bastante similar al del año anterior”, aclaró. En esta línea, observó que la inflación esperada para este año es de 5,1% y la productividad cercana al 2%.
Amorocho especificó que, desde una perspectiva estrictamente técnica, “el incremento del salario mínimo debería ser indiscutiblemente del 7,1%”, pero añadió que “con el objetivo de que exista un mecanismo concertado y que surja de un pacto entre trabajadores y empresarios, pienso que no debería sobrepasar el 8,4% para el próximo año”. Según él, este ajuste permitiría aliviar costos a micro, pequeñas y medianas empresas sin detener la trayectoria de crecimiento económico.

Adrián Garlati, doctor en Economía y profesor asistente de la Universidad Javeriana, declaró para este mismo medio que “asumiendo más concretamente un 5% de inflación, el salario mínimo se sitúa muy cercano al millón y medio de pesos” y opinó que “me parece que debe fijarse en ese monto, esencialmente que aumente lo que aumenta la inflación”.

El economista advirtió que “siempre se busca que suba más, pero casi siempre que se incrementa más surgen muchas inquietudes sobre aumentos de desempleo o mayor informalidad”. Garlati añadió que este año se observa un aumento de la inactividad laboral: “Principalmente la gente se está alejando del mercado laboral… ni siquiera está buscando empleo”, lo que, según él, también podría estar relacionado con la llegada de remesas y con que muchas personas se dedican al trabajo independiente en condiciones de informalidad.
Si no existiera un acuerdo entre las centrales de trabajadores y los gremios empresariales, el aumento del salario mínimo debería establecerlo el Gobierno de Gustavo Petro. Esa eventualidad ya se presentó en 2024, cuando el mandatario tuvo que estipular el aumento para 2025 en 9,54%, fijándolo en $1.423.500 sin el subsidio de transporte, y $1.623.500 con subsidio.

