Cundinamarca reclama al Min. Vivienda demoras en proyectos de acueducto y alcantarillado

820.000 millones de pesos bloqueados, contaminación de fuentes hídricas, afectación a la población, inundaciones y limitaciones en el suministro de agua. Estos son algunos de los efectos que, según el gobernador Jorge Emilio Rey, ha dejado en Cundinamarca la falta de aprobación de 66 proyectos de acueducto y saneamiento básico que aún no cuentan con la viabilización técnica del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Las iniciativas permanecen en espera en la Ventanilla Única Nacional, la plataforma gubernamental que centraliza y simplifica los trámites para ciudadanos y empresas.

Las demoras reportadas por se extienden hasta por 20 meses. Según el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, el Ministerio ha emitido observaciones generales “imprecisas y fuera del tiempo establecido”, lo que ha frenado el avance de los proyectos.

Por esa razón, 70 alcaldes, el gerente de Empresas Públicas de Cundinamarca (EPC), Jorge Enrique Machuca, y el gobernador realizó una Declaración conjunta en la que denunciaron la parálisis de las obras.

De acuerdo con Rey, entre las iniciativas represadas se encuentran planos maestros de acueducto y alcantarillado, mejoras en redes de distribución, construcción de tanques de almacenamiento y plantas de tratamiento de aguas residuales.

“Si el agua potable es la prioridad nacional, como lo proclama el Gobierno, no se puede seguir bloqueando la gestión local. La inoperancia administrativa está frenando proyectos vitales para la vida y la salud de los cundinamarqueses”, señaló Rey.

Los proyectos atrasados ​​y el presupuesto

Jorge Enrique Machuca explicó que la norma exige que el Ministerio de Vivienda entregue observaciones en un plazo máximo de 15 días hábiles: cinco para la revisión documental y diez para la técnica. Sin embargo, los primeros 34 proyectos tardaron en promedio 170 días, algunos hasta 500, y los otros 34 aún no tienen respuesta pese a llevar más de 120 días radicados.

“Hoy esos tiempos en el ministerio pues no les están importando, sino sencillamente se están pasando la norma por encima porque no están dando cumplimiento, y por eso la solicitud de nuestro gobernador y empresas públicas”, afirmó el gerente de EPC.

Según Machuca, estas demoras impiden que los municipios accedan a los recursos de tasa compensada de Findeter, un crédito con tasa subsidiada que financia proyectos de agua y saneamiento.. Aunque el ministerio no aporta dinero directo, su viabilidad técnica es requisito obligatorio para acceder a dicho crédito.

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El dinero no proviene del Gobierno nacional, ya que se trata de recursos propios de los municipios y del departamento, depositados en cuentas a nombre de los entes territoriales. En total, son 514.771.946.942 millones de pesos. Según la gobernación, seis proyectos con madurez media equivalen a 84.734.331.618 millones de pesos y diez proyectos con madurez alta representan 219.030.726.693.

Desde Empresas Públicas de Cundinamarca confirmaron que las iniciativas se financian con recursos propios de los municipios y del departamento. De ese monto, 500.000 millones de pesos ya están en bancos y 300.000 millones adicionales dependen del acceso a la tasa compensada, para completar un total de 820.000 millones de pesos.

El gobernador señaló que los municipios más afectados son los de quinta y sexta categoría, especialmente Facatativá, El Rosal, Cajicá, Tabio y otros de la Sabana de Bogotá. En estos territorios los sistemas actuales presentan grietas, baja capacidad de almacenamiento, contaminación en las fuentes hídricas y colapsos en el alcantarillado durante la temporada de lluvias.

Rey advirtió que la demora del ministerio afecta directamente a una población estimada entre un millón y 1,2 millones de personas, que siguen sin acceso adecuado a servicios de agua y saneamiento. También alertó que están a menos de 20 días de entrar en ley de garantías, lo que complicará la posibilidad de firmar convenios y ejecutar los proyectos, incluso si se lograrán las aprobaciones en el corto plazo.

La Gobernación del departamento ya ha sostenido dos reuniones con el Ministerio de Vivienda. Según información conocida por este diario, se había acordado realizar mesas de trabajo periódicas para revisar cada proyecto, pero el gobernador afirmó que dichos encuentros no se llevaron a cabo.

En conversación con este diario, el mandatario mencionó una carta enviada por el ministerio el primero de septiembre, casi 20 meses después de la radicación, en la que las observaciones fueron vagas y generales, “sin indicar con precisión qué debía modificarse”.

“Nos han enviado algunas observaciones para algunos proyectos, no para todos, pero cuando envían esas observaciones, son observaciones que no permiten, porque no lo precisan, saber qué es lo que está mal, qué es lo inadecuado, qué es lo que hay que variar de cada proyecto, de cada estudio. y diseño para poder lograr las viabilidades”, aseguró Jorge Emilio Rey.

“El ministerio no ha comprendido que ellos, más allá de ser un órgano de viabilidad o de análisis técnico, deben ser aliados de los entes territoriales para sacar adelante los proyectos. Ellos a veces toman la postura de comportarse como un tribunal técnico, en donde califican como bueno o malo un proyecto, pero ellos no son un tribunal técnico, ellos son básicamente unos aliados de la gestión de las entidades territoriales”, expresó el gobernador.

En ese sentido, los alcaldes, el gobernador y Empresas Públicas de Cundinamarca pidieron al Ministerio de Vivienda un plan de contingencia para agilizar las revisiones. No obstante, según el mandatario departamental, aún no han recibido respuesta. Algunos proyectos, como los de Guate y Subachoque, completan más de 510 días sin contestación.

TATIANA MORENO QUINTERO

REDACCIÓN BOGOTÁ