Un juez especializado de Antioquia condenó en primera instancia a la cúpula y a varios mandos del Ejército de Liberación Nacional (ELN) por el reclutamiento ilícito de 60 niños, niñas y adolescentes. La Fiscalía informó once condenados; conviene advertir que el listado de nombres del propio comunicado, reproducido por los medios que lo citaron, relaciona doce. La discrepancia es de la fuente y no la podemos resolver, así que reproducimos los nombres y dejamos la cifra atribuida a la entidad. El proceso fue adelantado por la Fiscalía General de la Nación y los hechos juzgados abarcan el período entre 2004 y 2018, en cinco departamentos: Antioquia, Bolívar, Chocó, Risaralda y Valle del Cauca. La información fue publicada el 28 de septiembre de 2026 por Infobae Colombia con base en el comunicado oficial de la Fiscalía.
Las penas y los condenados
Los cuatro miembros del Comando Central del ELN (Coce) incluidos en la sentencia recibieron penas de 20 años y cuatro meses de prisión por los delitos de rebelión agravada y reclutamiento ilícito. Son ellos:
- Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gabino
- Eliécer Herlindo Chamorro Acosta, alias Antonio García
- Israel Ramírez Pineda, alias Pablo Beltrán
- Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía, alias Pablito
Los demás condenados recibieron penas menores según su rango dentro de la estructura. Emilcen Oviedo Sierra, alias Martha o La Abuela, fue sentenciada a 14 años y dos meses. Miguel Enrique Hernández Padilla, alias Jairo, recibió 12 años y ocho meses. Levis Dairon Polo Regino, alias Cholo, e Isaac Tuberquia Arias, alias Bernardo —ambos identificados por la Fiscalía como cabecillas del Frente de Guerra Occidental— fueron condenados a 11 años y diez meses. Cuatro jefes del Frente de Guerra (entre ellos Darío de Jesús Castro, Sunilda del Carmen Hoyos Gil alias Yeimi, Carlos Alfonso Agudelo Gómez alias Nelson y William Alexander Zapata Mora alias Patacón) recibieron 11 años y ocho meses.
Todos los condenados fueron declarados personas ausentes, la figura jurídica que permite adelantar el proceso cuando los acusados no comparecen ante la justicia. El juez ordenó librar órdenes de captura contra los sentenciados y solicitó a la Interpol las correspondientes notificaciones rojas para facilitar su localización y detención provisional. Son medidas que, según el despacho, buscan hacer efectivas las penas si la condena es confirmada y adquiere firmeza tras la apelación.
Sesenta víctimas entre 8 y 17 años
Según el comunicado de la Fiscalía citado por Infobae, las 60 víctimas tenían entre 8 y 17 años al momento del reclutamiento y pertenecían principalmente a comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas. Las incorporaciones ocurrieron mediante, en palabras de la Fiscalía, falsas promesas, amenazas y violencia física.
Una vez dentro de la estructura armada, los menores fueron sometidos a labores como prestar guardia, preparar alimentos, patrullar, recoger leña y realizar trabajos pesados. Algunos asumieron funciones de radiooperadores; otros participaron en combates, cobros extorsivos e instalación de explosivos. La Fiscalía acreditó en juicio oral castigos, entrenamientos armados, ajusticiamientos, amenazas, lesiones y hechos de violencia sexual contra las víctimas.
El expediente incluyó casos de niñas reclutadas que fueron sometidas por cabecillas del ELN y obligadas a utilizar métodos anticonceptivos y a practicarse abortos, según la Fiscalía. Tres víctimas murieron mientras permanecían en las filas del grupo armado; el comunicado no especificó las circunstancias ni las identidades de esos menores.
Primera instancia: la sentencia fue apelada
La decisión del juez especializado de Antioquia es de primera instancia. La defensa apeló la sentencia, por lo que el caso debe ser revisado por una instancia superior antes de que las condenas queden en firme y ejecutoriadas. Mientras eso ocurre, los condenados siguen siendo requeridos por la justicia colombiana y objeto de las notificaciones rojas de la Interpol.
El proceso investigó hechos que se extendieron por 14 años, en una época en que el ELN operaba activamente en las cinco regiones donde se documentaron los reclutamientos. El caso fue presentado en juicio oral por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación.