El presidente Abelardo de la Espriella anunció este martes desde Buenaventura el traslado de 120 cabecillas de estructuras criminales de esa región que, según dijo, mantienen capacidad de mando sobre sus organizaciones desde los centros de reclusión. La instrucción fue impartida al director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) para que los privados de la libertad sean enviados a establecimientos donde tengan menores posibilidades de comunicación con el exterior.
“Acabo de dar la instrucción al director del INPEC que mueva los 120 bandidos que tienen azotada la región. Los voy a trasladar de cárcel”, afirmó el presidente durante su visita al puerto. Mientras viajaba desde Quibdó hacia Buenaventura, las autoridades capturaron a uno de los señalados líderes de las estructuras criminales que operan en la zona.
‘Bien motiladitos, uniforme naranja y bien amarraditos’
Con un mensaje directo y sin eufemismos, De la Espriella describió las condiciones en las que serán recluidos los trasladados: establecimientos con restricciones máximas de comunicación, corte de cabello, uniforme naranja y mayor control físico sobre los internos.
“Unos tipos que siguen siendo jefes de las cárceles, se les acabó esa vaina con el tigre, bien motiladitos, uniforme naranja, bien amarradito, y me los voy a llevar a unas cárceles en donde no entre ni siquiera la señal de la santa cruz para que no sigan atacando al pueblo. Se acabó”, sostuvo el mandatario.
Los traslados en Buenaventura se suman a otros ya ordenados desde el Quindío, donde varios internos fueron enviados a establecimientos de máxima seguridad en distintas zonas del país. El Gobierno presenta estas medidas como parte de una estrategia para “desarticular las redes criminales que pretendan operar tras las rejas” y garantizar el cumplimiento efectivo de las condenas.
El plan de 10 megacárceles que avanza en etapa de diseño
El anuncio en Buenaventura se enmarca en una de las propuestas centrales del Gobierno en materia de seguridad: la construcción de 10 megacárceles destinadas a los criminales más peligrosos del país. El proyecto busca ampliar la capacidad carcelaria y cortar las comunicaciones de los reclusos de alta peligrosidad con sus redes externas.
Para avanzar en este objetivo, el presidente De La Espriella se reunió en la sede presidencial de Barranquilla con la ministra de Transporte, Elsa Noguera; el ministro de Justicia, Iván Cancino; y representantes del sector privado de la construcción, entre ellos la constructora Marval. Durante el encuentro se establecieron los primeros parámetros del proyecto.
El plan contempla que las megacárceles sean construidas fuera de los centros urbanos y destinadas principalmente a personas de alta peligrosidad. El Gobierno analiza el uso de asociaciones público-privadas (APP) para financiar parte de la infraestructura y reducir el impacto sobre el presupuesto público. El proyecto aún se encuentra en etapa de planeación y deberá superar estudios técnicos, selección de terrenos, licencias y apropiaciones presupuestales antes de iniciar su ejecución.
Las cárceles son para cumplir penas, no para dirigir el crimen
De la Espriella cerró su intervención en Buenaventura con una definición que resume la filosofía de su política carcelaria: “Las cárceles son para cumplir las penas, no para dirigir el crimen”. La frase condensa la tensión central que lleva años sin resolverse en el sistema penitenciario colombiano: la capacidad de los líderes de organizaciones criminales para mantener el control de sus estructuras desde el interior de los establecimientos.
Con los traslados anunciados, el Gobierno busca romper esa cadena de mando de manera inmediata, mientras el plan de megacárceles avanza a un ritmo más lento que los anuncios.