Decisión del Consejo de Estado sobre el salario mínimo modificaría el escenario político previo a las elecciones legislativas

Por primera vez, el Consejo de Estado ha suspendido cautelarmente el decreto que establecía un incremento del salario mínimo del 23,8% para 2026, impuesto por el Gobierno de Gustavo Petro, justo en medio de la campaña para las elecciones legislativas previstas para el 8 de marzo.

Esta decisión, basada en una supuesta falta de criterios técnicos que justificaran el aumento, remodela el paisaje político y se convierte en un nuevo punto de contención electoral en Colombia.

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Varios actores coinciden en que la determinación del tribunal abre puertas inesperadas en la recta final de la campaña, creando oportunidades para que diferentes sectores aprovechen el descontento y movilicen a sus bases.

La suspensión del decreto se debió a una falta de justificación técnica en la cifra propuesta para la subida del salario mínimo, que, según la medida temporal del Consejo de Estado, no tenía respaldo en criterios verificables.

Este pronunciamiento se suma a un conjunto de resoluciones judiciales que han marcado el debate en el ámbito público colombiano en el primer semestre de 2026. El tribunal tomó la inédita decisión de suspender temporalmente el decreto al detectar fallos en la argumentación del Ejecutivo para respaldar el aumento.

Funcionarios y líderes ligados al gobierno de Gustavo Petro ven la suspensión como una oportunidad para reposicionar su mensaje, sugiriendo que la resolución no solo intenta detener una política social, sino que también atenta directamente contra los intereses del pueblo.

“Es una ventana de oportunidad”, declaró Juan Federico Pino, académico de Flacso Ecuador, en entrevistas a El Tiempo, subrayando que el contexto potencia la capacidad del oficialismo para reforzar la necesidad de reformas estructurales, incluso mediante una asamblea constituyente.

Pino afirmó que esta decisión refuerza la percepción de un bloqueo institucional a la voluntad popular y “aumenta la dicotomía entre el pueblo y la casta corrupta que no busca el bienestar del pueblo”. En este sentido, opinó que la medida judicial “beneficia a Petro y a sus candidatos”.

El propio gobierno reconoce la importancia electoral de la decisión. “Es evidente que esta determinación tendrá un impacto político significativo en época electoral. Nadie puede pasarlo por alto. Y pienso que, en lugar de hacer esta campaña más aburrida y suave, esto le dará un impulso considerable”, comentó el ministro Armando Benedetti.

Congresistas aliados al Gobierno, como Iván Cepeda, criticaron enérgicamente el fallo, calificándolo como “arbitrario y regresivo” e instando a manifestaciones masivas: “Es otro ataque contra las políticas sociales del gobierno nacional y del presidente Gustavo Petro, que buscan el bienestar y progreso para los trabajadores de Colombia”, declaró Cepeda, quien advirtió: “Este arbitrario freno enfrentará una fuerte resistencia, que se verá reflejada en las calles y en la movilización social”.

El exsenador Roy Barreras también demandó acciones inmediatas: “¡Atención! Todos a las plazas. Mañana es día de pago, esto es insensible y debemos apoyar al presidente en este ataque que afecta a todos los trabajadores de Colombia”.

Analistas como Yann Basset, de la Universidad del Rosario, y Ángel Tuirán, de la Universidad del Norte, creen que el impacto electoral no será exclusivo del oficialismo.

Basset comentó que el incremento del salario mínimo ya tenía una dimensión electoral, y que su suspensión puede generar efectos variados, ya que “numerosos sectores consideraron el aumento como un golpe para las empresas”. Advirtió que “no está claro el impacto que tendrá la anulación de la medida. Es evidente que el Gobierno de Petro intentará retomarla y dirá que no lo permitieron. Pero también hay otros grupos que verán esta decisión del Consejo de Estado como un alivio”, afirmó a El Tiempo.

Asimismo, para Tuirán, lo que está en juego es cómo se apodera del relato predominante: “La resolución del Consejo de Estado de suspender el decreto de aumento del salario mínimo para 2026 introduce un elemento sensible en la contienda electoral, ya que mueve el debate de lo técnico a lo simbólico”.

Agregó que el efecto político dependerá de quién logre establecer su interpretación en los próximos días: “Si prevalece la defensa del poder adquisitivo, el Gobierno podría movilizar su base social; si se impone la narrativa de la inseguridad jurídica y desorden macroeconómico, la oposición podría ganar apoyos a su favor.”