Alcaldes del Caribe Urgen Mantener Decreto 150 de Emergencia ante la Corte Constitucional

Alcaldes de diez departamentos en el Caribe colombiano solicitaron a la Corte Constitucional preservar el Decreto 150 emergencia, emitido para atender los daños causados por un frente frío. El Decreto 150 es una medida gubernamental de emergencia económica, social y ambiental, decretada el 11 de febrero, que busca mitigar los impactos severos de un fenómeno climático en varias regiones del país. Los mandatarios locales advierten que, de tumbarse la norma, se perderían los recursos esenciales para la recuperación territorial.

La solicitud de los alcaldes se produjo en medio del estudio que adelanta la Corte Constitucional sobre el Decreto 150. Hugo Armando Pinedo, alcalde de Ayapel, Córdoba, manifestó la preocupación generalizada por la falta de recursos si el alto tribunal declara inconstitucional la medida. Se estima que 150.000 familias se vieron afectadas por el frente frío, cuya atención y recuperación dependen en gran parte de estos fondos.

¿Por qué el Decreto 150 emergencia es crucial para el Caribe?

El Decreto 150 emergencia es fundamental para las regiones afectadas, según los alcaldes, porque provee el marco legal y financiero necesario para la reconstrucción. Sin este, los municipios carecerían de herramientas para afrontar las consecuencias del fenómeno natural. Las principales preocupaciones de los mandatarios son:
Falta de recursos: Sin el decreto, los municipios no tendrían fondos para la recuperación y atención a damnificados.
Reconstrucción de infraestructura: Se dificultaría la reparación de vías y otras infraestructuras vitales.
Seguridad alimentaria: Existiría un riesgo para la producción y distribución de alimentos en la región.
Atención a damnificados: La asistencia a las 150.000 familias afectadas sería inviable.

Posturas frente al Decreto 150

Diversos actores han presentado sus posturas ante la Corte Constitucional respecto a la constitucionalidad del decreto. Entidades como la Defensoría del Pueblo han respaldado la declaratoria de emergencia, argumentando que sus efectos persisten y requieren acciones excepcionales del Estado. En contraste, gremios como la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) solicitaron el 28 de abril de 2026 que el decreto sea declarado inconstitucional, al considerar que el fenómeno climático era previsible, según El Tiempo.

Actualmente, el Decreto 150 continúa vigente en términos generales, sin una suspensión total por parte de la Corte Constitucional. Sin embargo, el 29 de abril de 2026, el alto tribunal ordenó una suspensión parcial y selectiva de algunas de sus medidas. Esto incluyó la suspensión del cobro de la segunda cuota del impuesto al patrimonio, aunque solo para fundaciones, ONG y ciertas entidades sin ánimo de lucro, no para todos los contribuyentes. El tribunal sigue analizando cada punto para emitir un fallo definitivo.

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