Delegación del Gobierno denunció penalmente a Claudia López por acusaciones “temerarias” contra la mesa de paz con la disidencia de ‘Walter Mendoza’

La Delegación del Gobierno ha presentado una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra la precandidata presidencial Claudia López, en el marco de las conversaciones de paz con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (Cneb), liderada por alias Walter Mendoza.

La información se hizo pública en una declaración emitida en Llorente, Nariño, el sábado 29 de noviembre, donde los delegados afirmaron que los comentarios recientes de López afectan negativamente el proceso que se lleva a cabo desde junio de 2024.

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Las afirmaciones de la precandidata fueron realizadas el 24 de noviembre y dieron origen a tal denuncia. Ese día, López expresó: “Toda mesa de negociación de paz de este Gobierno debe terminarse ya! Son pura corrupción, un concierto para delinquir contra el país”.

La delegación describió estas palabras como “temerarias” y mencionó que los comentarios de López se detallan en la denuncia como acciones que, según el Código Penal, podrían calificar como delitos contra la honra. En el texto se observó que consideran estas declaraciones como acusaciones infundadas dirigidas a funcionarios encargados de dialogar con actores armados al margen de la ley.

La declaración también subrayó que “los anteriores afirmaciones son irresponsables y calumniosas, como se expresa en la denuncia presentada”, según se consignó por los negociadores en el comunicado. Además, indicaron que los miembros de la Mesa “no han incurrido ni incurrirán en actos ilegales”.

Con el objeto de sustentar la denuncia presentada ante la Fiscalía, la delegación agregó las actas de los acuerdos firmados con el grupo armado desde junio de 2024, los cuales, aseguraron, se llevan a cabo con las licencias otorgadas por el Presidente de la República.

En la misma declaración, los negociadores pidieron a las autoridades competentes avanzar en las indagaciones relacionadas con posibles corrupción surgida en las conversaciones de paz. También solicitaron considerar los informes periodísticos publicados al respecto, además de las declaraciones del presidente de la República.

El equipo de negociadores enfatizó que la condición de precandidata presidencial no confiere a la señora López la autoridad para hacer acusaciones: “La condición de precandidata presidencial no permite a la señora López realizar afirmaciones irresponsables sobre delitos que no hemos cometido”. Además, aseguraron que este tipo de comentarios “degradan la calidad del debate electoral que la sociedad colombiana exige”.

La delegación también expresó su condena por el asesinato del teniente coronel Rafael Granados, quien fue atacado en Popayán la noche del 28 de noviembre. Según información de las autoridades, el oficial fue atacado por dos individuos en una motocicleta mientras transitaba por la zona de La Esmeralda.

Tras recibir varios disparos, Granados fue llevado a un centro médico, donde falleció poco después debido a la gravedad de sus heridas. En el comunicado, los firmantes ofrecieron su apoyo a la familia del oficial y reiteraron la necesidad de respetar la vida de los miembros de la fuerza pública en el marco de la situación de seguridad que enfrenta la región.

Asimismo, reafirmaron que en ninguna de las mesas de negociación que participan se toleran irregularidades y reiteraron su postura de que cualquier denuncia debe ser gestionada ante las autoridades judiciales. “Nuestra delegación condena cualquier acto de corrupción que se realice en el marco de las mesas de paz”, enfatizaron.

El comunicado fue firmado por el jefe negociador Armando Novoa García, junto a los delegados Gloria Arias y Parmenio Cuéllar. En su declaración reafirmaron que continuarán llevando a cabo el mandato otorgado por el Gobierno nacional dentro del marco legal correspondiente.