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El exministro de Justicia Wilson Ruiz Orejuela presentó ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca una demanda de nulidad simple en contra del decreto a través del cual la Presidencia de la República nombró a René Guarín Cortés como director interino de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), además de solicitar medidas cautelares urgentes para suspender dicho nombramiento mientras se lleva a cabo el proceso judicial.
Ruiz anunció públicamente la acción judicial en su cuenta de X, donde formalizó la demanda y expuso las razones que, a su juicio, justifican la nulidad del Decreto 0010 del 14 de enero de 2026. En ese mensaje, el exfuncionario manifestó preocupaciones sobre los requisitos legales del cargo, el contexto institucional de la DNI y el historial del funcionario designado.
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La demanda fue presentada ante la Sección Primera del tribunal el 16 de enero de 2026 y está dirigida contra la Presidencia de la República. Ruiz actúa en nombre propio y solicita la nulidad absoluta del acto administrativo relacionado con el nombramiento de Guarín Cortés como director general de la entidad de inteligencia.
En su publicación en X, el exministro escribió textualmente: “Colombia no puede permitir que la inteligencia nacional quede en manos de activistas de extrema izquierda que fueron parte de grupos al margen de la Ley. ¡Petro y su gobierno no están por encima de la Constitución y la Ley!”.
El decreto 0010 aceptó la renuncia de Jorge Arturo Lemus Montañez como director general de la Dirección Nacional de Inteligencia y, en el mismo acto, nombró a René Guarín Cortés, quien se desempeñaba como jefe de la Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información de la Presidencia.
La acción de nulidad argumenta que este nombramiento se dio en un contexto marcado por un escándalo nacional que involucra presuntas infiltraciones de disidencias de las Farc en las instituciones de seguridad del Estado, así como posibles vínculos con un general del Ejército, identificado como Juan Miguel Huertas, y un alto funcionario de la DNI, Wilmer Mejía, que recientemente fueron suspendidos por la Procuraduría.
En el documento se afirma que estas revelaciones evidencian filtraciones de información sensible, presuntos pactos de no agresión y posibles relaciones con campañas políticas, lo que, según el demandante, ha generado una crisis de confianza institucional en la DNI justo antes del nombramiento de Guarín Cortés.
Entre los fundamentos de derecho, la demanda incluye diversos argumentos para respaldar la solicitud de nulidad. Uno de ellos se refiere a la supuesta falta de idoneidad técnica para ocupar el cargo de director general de la DNI. El escrito cita el Decreto 1083 de 2015 y la Ley 1621 de 2013, que abordan aspectos relacionados con la función pública y las actividades de inteligencia y contrainteligencia en Colombia, para señalar que el cargo requiere competencias específicas en inteligencia estratégica, seguridad nacional y manejo de información clasificada.
El documento argumenta que, aunque René Guarín Cortés es ingeniero de sistemas y posee experiencia en tecnologías de la información, su trayectoria no demostraría experiencia directa en inteligencia operativa o contrainteligencia. Además, se menciona su pasado como exmiembro del M-19 entre 1986 y 1990, que, aunque amnistiado, se presenta en la demanda como un factor que genera dudas sobre la neutralidad necesaria para dirigir la entidad.
Otro argumento es la supuesta violación del principio de mérito establecido en el artículo 125 de la Constitución Política y desarrollado por la Ley 909 de 2004 sobre empleo público. En este aspecto, la demanda sostiene que el nombramiento no estaría respaldado por un proceso de evaluación basado en capacidades, experiencia o concurso, sugiriendo que podría atender criterios que difieren de los establecidos en la normativa actual.
Además de la nulidad del acto administrativo, la demanda solicita medidas cautelares urgentes para suspender de manera provisional e inmediata el artículo segundo del decreto 0010. Se argumenta que el nombramiento tiene efectos inmediatos desde el 14 de enero de 2026, lo que permitiría al designado acceder directamente a información clasificada sobre inteligencia nacional.
La demanda señala que este acceso se produce en medio de investigaciones en curso por parte de la Fiscalía y la Procuraduría, derivadas de revelaciones de Noticias Caracol sobre supuestas filtraciones dentro de la DNI.
El documento indica que la urgencia de la medida radica en el riesgo de un daño irreparable para la seguridad nacional, considerando el manejo en tiempo real de información sensible vinculada a operaciones contra grupos armados, la vigilancia de fronteras y la protección de infraestructura crítica.
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