Demora en la pensional abre descuadre fiscal adicional de $ 14,4 billones

El aplazamiento de la entrada en vigencia de la reforma pensional, por decisión de la Corte Constitucional de devolverla a la Cámara de Representantes para subsanar un error en su trámite, pondrá al Gobierno en más apuros presupuestales este año, pues hasta tanto no haya certeza sobre la nueva fecha de entrada en vigor de dicha ley (2381 de 2024) este no podrá contar con los recursos que esperaba que le llegarían por esta vía.

Si bien el problema del trámite ante el Legislativo se solucionó el 28 de junio una vez la plenaria de la Cámara aprobó, luego de más de 10 horas de deliberación, al acoger de nuevo el texto del Senado, —104 votos a favor y 10 en contra—, resta esperar ahora que el alto tribunal determine si dicha irregularidad fue subsanada.

Además, el texto de la reforma pensional regresa a la Corte para su revisión integral de constitucionalidad, proceso en el que esta podría solicitar la revisión de algunos puntos sobre los cuales, según el centro de estudios económicos Anif y el gremio de los fondos privados (Asofondos), hay serias inquietudes, lo cual puede tomar varias semanas o quizás meses.

Superadas esas etapas, y si así lo considera la alta corte, se emitirá una sentencia que habilite la entrada en vigor de la ley, lo cual resulta fundamental tanto para las cuentas presupuestales del Gobierno, como para millones de colombianos y el sistema pensional del país, en general.

No es para menos. Se estima que el sistema público (Colpensiones) comenzaría a recibir cada mes alrededor de 3 billones de pesos con los cambios que introduce la reforma pensional. 

Esos recursos provienen de los aportes que deben hacer todas las personas que coticen para su jubilación hasta por 2,3 salarios mínimos mensuales vigentes —unos 3’274.000 pesos este año— y, según quedó establecido, quienes superen ese umbral tendrán que llevar el excedente de ese ahorro a una de las cinco Administradoras del Componente Complementario de Ahorro Individual (Accai) habilitadas a la fecha: Porvenir, Protección, Colfondos, Skandia y Positiva Seguros.

Cálculos del sistema indican, además, que de ese volumen de recursos mensuales, cerca del 80 por ciento —unos 2,4 billones de pesos— se destinarán a financiar mesadas del régimen de prima media (RPM), y solo 20 por ciento irá al Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo (Fapc) que administrará el Banco de la República.

Con esas cuentas, el Gobierno estaría esperando recibir solo en los seis meses que restan de este año 14,4 billones de pesos que bien podría utilizar para pagar las mesadas del RPM o, como se viene advirtiendo desde distintos sectores, para cubrir los subsidios que entregará a las mujeres mayores de 60 años y los hombres mayores de 65 que se encuentren en situación de pobreza extrema, pobreza o vulnerabilidad, es decir, para financiar el Pilar Solidario. 

EL TIEMPO consultó con Colpensiones sobre la cifra que comenzarán a recibir una vez comience a regir la reforma pensional y sobre el valor mensual de las mesadas que paga la entidad cada mes a los pensionados, pero hasta el cierre de esta edición no se tuvo respuesta.

‘No hay plata’

El dilema es que esos recursos, por el momento, no existen y el Gobierno tendrá que incorporarlos al presupuesto si quiere cumplirle a los ancianos y ancianas en situación de pobreza y vulnerabilidad con la ayuda prometida.

El Presidente Gustavo Petro anunció que Prosperidad Social será la encargada de pagar y administrar la Renta Básica del Pilar Solidario, que beneficiará a unos 3,1 millones de adultos mayores pobres y en condición de vulnerabilidad.

Carolina Hoyos Villamil, directora encargada de Prosperidad Social, explicó que dicho programa “incluirá a personas de comunidades étnicas, campesinas y cuidadoras de personas con discapacidad. Además, contará con un sistema de seguimiento y evaluación anual para garantizar la efectividad y el uso adecuado de los recursos”.

Las alertas

Esa estrechez de recursos que tiene no solo Colpensiones sino también el Gobierno es lo que ha hecho que desde distintas entidades se hayan encendido las alarmas frente a lo que puede ser el manejo de los recursos pensionales de más de 26 millones de colombianos que de alguna manera ahorran pensando en su jubilación.

El propio Gobierno ha mencionado que este año el déficit fiscal alcanzará un 7,1 por ciento del producto interno bruto (PIB), dos puntos porcentuales más de lo previsto en el Plan

Financiero (5,1 por ciento), como consecuencia de menores ingresos de la Nación y un crecimiento desbordado del gasto total que alcanzaría los 438,9 billones de pesos.

Tanto Anif como Asofondos viene insistiendo en la necesidad de hacer una revisión y ajuste al revisión Decreto Único Reglamentario, sobre todo, en lo relacionado con la posibilidad de financiar el Pilar Semicontributivo con recursos del Fapc. Ambas entidades coinciden en que los dineros de dicho fondo “deben considerarse intocables o resguardarse como el mayor tesoro de la Nación” para garantizar la sostenibilidad del sistema en el largo plazo y evitar la generación de pasivos pensionales que, eventualmente, puedan agravar los problemas fiscales. 

“Es fundamental que se reglamente con claridad el mecanismo de desacumulación del Fapc. La actual ambigüedad en torno a su funcionamiento genera incertidumbre sobre su papel como instrumento de ahorro público y su contribución a la sostenibilidad del sistema. Por ello, la definición de reglas transparentes y fiscalmente responsables será clave para evitar un uso discrecional de estos recursos”, señaló Anif en un reciente análisis. 

A las entidades también les preocupa que el Gobierno tampoco haya hecho claridad sobre la desacumulación del Fondo de Garantía de Pensión Mínima que administran los fondos privados (APF). La razón es que con ese vacío actual, temen que los recursos que se han acumulado a la fecha, cerca de 48 billones de pesos, terminen financiando el pago de mesadas de Colpensiones, a través del Fapc, con lo que “el Gobierno estaría resolviendo un problema del RPM mientras crea uno en el RAIS, por lo cual resultaría muy inconveniente habilitar esta opción”, señala Anif.