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Una serie de presuntas irregularidades rodean la contratación de un ambicioso proyecto de renovación urbana en San Victorino, centro de Bogotá. A la convocatoria solo se ha presentado una oferta, sobre el cual se han elevado algunas observaciones por inconsistencias relacionadas con requisitos financieros y lavado de activos.
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El proyecto detrás es el Centro Internacional de Comercio Mayorista San Victorinouna estrategia integral que busca impulsar la revitalización urbana en Bogotá, mediante la transformación estratégica de activos en desarrollos de impacto económico y social.
Sobre este proyecto que busca revitalizar una de las zonas más deterioradas del centro de Bogotá y mejorar las condiciones de vida de los habitantes, comerciantes y visitantes de la zona, Se viene hablando hace casi 20 años.
A pesar de algunos avances en las distintas administraciones, solo fue hasta 2019 que se constituyó una cooperativa conformada por comerciantes populares que querían asumir como fideicomitentes, es decir, como estructuradores del proyecto.
Comercios en San Victorino, Bogotá Foto:Mauricio Moreno
No obstante, de acuerdo con el concejal José Cuesta, de la bancada Colombia Humana – Pacto Histórico, esta iniciativa se cayó por cuenta de un aporte por 500 millones de pesos dentro de la cooperativa que estaba siendo constituida. Cuando se aplicaron los sistemas Sagrilaft y Sarlaft, se evidenciaron “vínculos con el lavado de activos” con ese aporte hecho por una persona.
En 2022, bajo la administración de Claudia López, el proceso se reanudó y se postuló como proponente la firma San Victorino Centro Internacional de Comercio Mayorista (Savicoms) para ganarse el contrato por 354.285.723.767 pesos de estructuración del proyecto.
Cabe recordar que el contrato a adjudicador es para la cesión de los derechos fiduciarios que actualmente tiene la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá (RenoBo) como fideicomitente público sobre las manzanas 10 y 22 en San Victorinolugar donde se quiere desarrollar el proyecto urbanístico.
Manzanas de comercio en San Victorino Foto:Mauricio Moreno
RenoBo será quien entregue a un privado el 100 por ciento de los derechos de cesión de las manzanas y este fideicomitente privado se quedará con los 354.285.723.767 pesos para hacer los estudios técnicos y luego entregar a un desarrollador privado los documentos para iniciar las obras.
La lupa está sobre el único oferente: Savicoms, una empresa que tiene varias observaciones relacionadas con su condición financiera. En primer lugar, con corte al 5 de diciembre, esta firma no estaba habilitada para adjudicarse el contrato.
Aunque las evaluaciones técnicas y jurídicas, y la verificación Sarlaft (Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo), cumplieron con las condiciones, del otro lado, la evaluación y los requisitos financieros no pasaron el examen. En el proceso de contratación, Savicoms tiene hasta este 22 de diciembre para subsanar estos requisitos.
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Alrededor de este proceso de contratación, el concejal reveló unas conversaciones en las que presuntamente habría presiones internas para lograr la firma del contrato en los últimos días de diciembre:
-Todo lo que se está haciendo es para convencer a Alianza de que les deje pasar el Sagrilaft.
-Pero Alianza no da su brazo a torcer.
-Ahí está la demora y el empeño en alargar los tiempos.
-Eso lo adjudican por ahí el último día del año.
“Lo que están intentando lograr es que los señores de Alianza Fiduciaria sean más permisivos y laxos para que pudiesen, digamos, darle visto bueno a unos requisitos que no han sido resueltos adecuadamente”, explicó el concejal Cuesta.
En respuesta a la denuncia, Carlos Felipe Reyes, gerente de RenoBo, señaló en el Concejo de Bogotá que a todas las denuncias se les ha dado trámite ante las autoridades competentes.
Carlos Felipe Reyes, gerente de RenoBo Foto:Renobo
“Parte del informe que está colgado en el Secop da cuenta de varias denuncias e información que hemos recibido ya la cual hemos hecho traslado a las autoridades competentes, como Fiscalía, Procuraduría, Contraloría, la UIAF y la Dian”, dijo el funcionario.
Reyes agregó que esa denuncia sobre el concepto de Alianza Fiduciaria y el incumplimiento de requisitos “sirvieron para alimentar la formulación de este procesoen el cual la validación de Sarlaft se hace en la fase actual, se realizará una después de adjudicarlo y posteriormente se realizarán ejercicios continuos de verificación del cumplimiento de los controles al proponente”.
“Estamos haciendo un análisis juiciosocon equipos dedicados a lograr un cierre del proyecto que cumpla con todas las garantías, ya sea que se adjudique o no”, aclaró Reyes.
Proyecto del centro internacional de comercio popular en San Victorino. Foto:Mauricio Moreno
Además, se evidencian otras alertas con esta firma, según la denuncia del concejal. Una de ellas es la emitida por Alianza Fiduciaria, en la cual se alerta por un incremento desmedido en el reporte de ingresos por arriendos de Savicoms. La firma pasó de recibir 7.101 millones en 2024 a más de 43.107 millones en 2025.
“Hay un recaudo atípico y lo explica la misma Alianza Fiduciaria. Ellos dicen que no se entiende ese recaudo atípico, toda vez que es un proyecto inmobiliario que hasta el momento se está estructurando y adjudicando este año y las condiciones por el concepto de arriendos para el 2025 deben ser muy similares a las de los años anteriores. No variaron ni las condiciones físicas ni arquitectónicas”, señaló el cabildante.
De la misma manera, la incertidumbre se eleva cuando se revisa quiénes están detrás de Savicoms. Su representante legal es José Antonio Clavijo Páez, una persona que, según una denuncia de Radio W retomada por el concejal Cuesta, fue parte de una “sociedad sospechosa” que fue creada solo para recibir un contrato de renovación urbana también en San Victorino.
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Al tiempo, el concejal asegura que en las mismas manzanas en las que se pretende realizar el proyecto de renovación urbana de San Victorino se estuvo realizando entre el 11 y el 18 de noviembre al menos tres diligencias de allanamientos por parte de la Policía Fiscal y Aduanera de Colombia, en medio de operativos contra el lavado de activos y contrabando.
Por esta razón, el cabildante pidió acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), para que se revisaran los elementos de transparencia y legalidad del proceso contractual.
“Necesitamos saber qué es lo que está pasando ahí, porque esto demuestra la presencia de unas capacidades extrañas de incidir sobre un proceso que busca apoyar la formalización en el sector. Parece que quienes están detrás pretenden es vivir en el mundo de la informalidad, siguiendo en el recaudo extraño de arrendamientos y el contrabando”, aseguró Cuesta.
Por lo pronto, se espera que la firma subsane este 22 de diciembre las observaciones realizadas a los requisitos y, con ello, sepa si el proceso continúa en su adjudicación o si se llega a declarar desierta.
NICOLÁS DÍAZ MALPICA
Redacción Bogotá
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