La situación de desplazamiento Chocó ha escalado drásticamente en los municipios de Nóvita y Sipí, afectando a más de 1.300 personas de comunidades étnicas. La Defensoría del Pueblo reveló que estos movimientos forzados y confinamientos son resultado de la intensa confrontación territorial entre el Clan del Golfo, autodenominado EGC, y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el departamento. Esta emergencia se presenta en un contexto de vulnerabilidad extrema, ya que la región ya estaba lidiando con las consecuencias de un sismo de magnitud 7,3 ocurrido recientemente.
¿Por qué persiste el Desplazamiento Chocó y qué lo agrava?
El Chocó, con su estratégica ubicación geográfica, incluyendo acceso al Pacífico y corredores fluviales, ha sido históricamente un foco de disputa para grupos armados ilegales que buscan controlar las rutas de narcotráfico, la minería ilegal y otras economías ilícitas. La Defensoría del Pueblo ya había advertido sobre estos riesgos mediante la Alerta Temprana 012 de 2022 para el municipio de Sipí, donde se preveía la intensificación de la disputa entre ELN y EGC por el control territorial sobre comunidades afrocolombianas del Consejo Comunitario ACADESAN y el pueblo indígena Emberá. La presencia de estos grupos impide el desarrollo de actividades agropecuarias, pesqueras y ancestrales, base de la subsistencia local.
La actual crisis se ha visto exacerbada por varios factores críticos:
Disputa territorial activa entre el Clan del Golfo y el ELN.
Vulnerabilidad sistémica de las comunidades étnicas de la región.
Ataques directos contra la población civil, incluyendo el uso de drones con explosivos.
Restricción de movilidad y acceso a la ayuda humanitaria.
Impacto de un sismo de magnitud 7,3 que agrava la emergencia humanitaria.
Impacto humanitario y respuesta necesaria
Entre los incidentes recientes, el 23 de agosto de 2026 se registró un ataque con artefactos aéreos no tripulados cargados con explosivos improvisados, dejando a tres civiles heridos y provocando el desplazamiento de 90 familias, es decir, 118 personas, hacia poblaciones vecinas. En total, la Defensoría del Pueblo estima que 405 familias, correspondientes a 1.366 personas, han sido evacuadas hacia localidades como Barranco e Istmina, mientras otras se encuentran confinadas, temiendo la contaminación de sus territorios con explosivos. Esta situación ha limitado severamente la entrega de ayudas humanitarias destinadas a las víctimas del sismo.
Ante esta grave situación, la Defensoría del Pueblo ha reiterado un llamado urgente a los grupos armados ilegales para que respeten estrictamente el Derecho Internacional Humanitario, absteniéndose de acciones que pongan en riesgo a la población civil. Asimismo, instó a las autoridades municipales, departamentales y nacionales a garantizar condiciones seguras para el desplazamiento de las víctimas, activar de inmediato las rutas de atención humanitaria y mantener un monitoreo constante, según reporta El Tiempo. Las entidades responsables de la atención a víctimas deben garantizar una respuesta integral y coordinada.
El persistente desplazamiento Chocó y la dualidad de crisis humanitarias en el departamento subrayan la necesidad de una intervención estatal robusta y coordinada que garantice la protección de la vida y los derechos fundamentales de las comunidades étnicas. Para conocer más sobre la situación de seguridad en el país, explore más noticias de Colombia.
