Despues de una Alianza entre EE. UU. y Colombia

La inesperada reunión entre el presidente colombiano Gustavo Petro y el expresidente estadounidense Donald Trump, celebrada el 3 de febrero de 2026 en la Casa Blanca, marcó un punto de inflexión en las relaciones bilaterales entre Bogotá y Washington, tras meses de tensiones diplomáticas, sanciones y duros intercambios verbales. Aunque ambos mandatarios evitaron publicar un comunicado conjunto con acuerdos concretos, el contenido y las consecuencias del encuentro ya están remodelando la agenda de seguridad regional y reconfigurando, de manera abrupta, los procesos de paz con grupos armados en Colombia.

Reencuentro después de la crisis

Las relaciones entre Colombia y Estados Unidos habían caído a uno de sus puntos más bajos desde décadas atrás, luego de críticas cruzadas en 2025 que incluyeron sanciones estadounidenses a funcionarios colombianos y acusaciones mutuas sobre políticas de seguridad y narcotráfico. El diálogo directo entre Trump y Petro representó un intento explícito de trascender esa crisis.

Aunque la reunión fue privada, declaraciones post-encuentro sugieren que ambos líderes coincidieron en al menos dos ejes estratégicos clave: la lucha contra el narcotráfico transnacional y la cooperación en materia de seguridad regional. Trump calificó el encuentro como “productivo” y “muy positivo”, y Petro señaló que el tono fue constructivo pese a diferencias históricas entre sus visiones políticas.

Acuerdos tácitos sobre narcotráfico y captura de cabecillas

Uno de los principales resultados de la reunión fue la decisión de los dos gobiernos de intensificar la cooperación para identificar y capturar a los denominados “objetivos de alto valor”: líderes criminales de grupos armados que, según el propio Petro, operan desde ciudades fuera de Colombia y conforman parte de lo que él ha descrito como “la multinacional de la cocaína”.

Entre los nombres incluidos en ese objetivo común figuran:

Alias “Chiquito Malo”, jefe del Clan del Golfo, el principal cártel del narcotráfico colombiano;

Alias “Iván Mordisco”, líder de disidencias de las FARC;

Alias “Pablito”, miembro destacado del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Estos líderes, según informaciones oficiales y reportes de medios internacionales, serán perseguidos en operaciones coordinadas de inteligencia y cooperación judicial entre Bogotá y Washington, con énfasis en su captura incluso en territorios extranjeros. Petro aseguró haber entregado personalmente a Trump los nombres de estos criminales durante el encuentro.

Este enfoque conjunto contrasta con las estrategias anteriores de Petro, centradas en procesos de negociación con grupos armados dentro de Colombia, y representa un alineamiento con los intereses de seguridad estadounidenses.

El choque con los diálogos de paz

La respuesta inmediata de los grupos armados no se hizo esperar. El Clan del Golfo, que desde septiembre de 2025 participaba en una mesa de negociación con el gobierno colombiano en Doha (con mediación internacional), anunció la suspensión provisional de sus conversaciones de paz. Según el grupo, la inclusión de su líder, alias “Chiquito Malo”, en la lista de objetivos conjuntos con Estados Unidos constituye, en su visión, una violación a la buena fe negociadora.

Este giro evidencia una tensión fundamental entre la lucha militar y de inteligencia contra estructuras criminales y los procesos negociados de paz que el gobierno colombiano había promovido como política central. La decisión del Clan del Golfo puede desestabilizar aún más zonas rurales que habían disfrutado de reducciones de violencia gracias a los acuerdos preliminares.

Relevancia geopolítica y balance

El encuentro entre Petro y Trump va más allá de una simple reunión bilateral: representa un intento de reconfigurar la cooperación en seguridad hemisférica en un momento de crecientes desafíos transnacionales —desde el narcotráfico hasta la migración y la influencia de potencias como China en América Latina. Analistas señalan que este tipo de cooperación es indispensable para enfrentar redes criminales globalizadas, aunque también advierten que priorizar operaciones militares sin mecanismos de reconciliación puede generar contracorrientes en procesos de paz sostenibles.

Hasta el momento, no hay un comunicado conjunto que detalle todos los compromisos alcanzados, pero la dirección estratégica es clara: una alianza pragmática entre Bogotá y Washington enfocada en inteligencia y operaciones contra líderes criminales, algo que, paradójicamente, ha tensado las vías de diálogo con los mismos actores que el Estado colombiano había buscado integrar en procesos de transición hacia la legalidad.

En el delicado tablero político actual, la pregunta que queda por responder es si este nuevo eje de cooperación conducirá a una reducción sostenida de la violencia estructural en Colombia o si, por el contrario, agitará aún más los conflictos que han marcado la historia reciente del país.