“Di la pelea”: así fue como una abogada colombiana derrumbó más de una década de discriminación en un ministerio de España

Dayana Méndez, una abogada e investigadora colombiana, ha enfrentado una serie de retos a la hora de buscar reconocimiento académico debido a su estatus de migrante y, especialmente, a no ser ciudadana europea. Todo esto ocurrió en 2023, tras finalizar su tesis doctoral “La violencia obstétrica más allá de las salas de parto: una propuesta para su reconceptualización desde un enfoque feminista, interseccional y de derechos humanos” en la Universidad Carlos III de Madrid (España).

Al completar su tesis, que se convirtió en la primera en España en tratar la violencia obstétrica desde una perspectiva jurídica y de derechos humanos, se topó con un obstáculo inesperado: la exclusión de la convocatoria anual del Ministerio de Igualdad de España que reconoce las mejores investigaciones sobre violencia de género. Aunque Méndez intentó postularse, su nacionalidad fue un impedimento.

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“Observé que había una convocatoria anual del Ministerio de Igualdad para las mejores tesis doctorales sobre violencia de género. Mi tesis cumplía con todos los criterios, tenía la máxima calificación, un sobresaliente cum laude, la excelencia. Decidí postularme, pero me encontré con que no podía hacerlo porque las bases establecían que era solo para personas españolas o de la Unión Europea. Al ser colombiana, no me era posible. Fue un momento de desconcierto, decepción y gran enojo, ya que resulta absurdo, ¿no?” narró Méndez en diálogo con Infobae Colombia.

Por ello, decidió desafiar más de diez años de discriminación institucional y buscar cambiar las normas de la convocatoria. A pesar de que su situación académica y emocional era complicada, se mostró decidida a no guardar silencio. “El doctorado, en las circunstancias que viví, con todas las adversidades que enfrenté, dejó su huella. Luché hasta el último aliento que tenía. Era una cuestión de dignidad y justicia”, manifestó a este medio.

El primer paso que tomó fue dirigirse al Ministerio de Igualdad para presentar su caso, pero la respuesta no fue favorable: debían acatar las normas establecidas. Sin embargo, la abogada buscó otro recurso: la reposición, pero, una vez más, la respuesta fue negativa. “Recibí respuestas ilógicas: me indicaron que el entendido sobre la violencia de género era mejor para las mujeres españolas y europeas, señalando que su intención era retener el talento local, afirmando que tenían la posibilidad de hacerlo porque así lo permitía la ley”, explicó.

En el documento, efectivamente, el ministerio detalló las razones que justificaban las restricciones de nacionalidad en la convocatoria, argumentando que las mujeres europeas tienen mayor familiaridad con las violencias de género en su región.

“Se decidió en la Orden de bases de 2017 que se excluirían candidaturas, justificado por la intención de retener el talento local, tal como se establece en los objetivos específicos de la Estrategia Española de Ciencia y de Tecnología e Innovación 2013-2020, vigente en ese momento, además de la limitación presupuestaria y la mayor conexión de las investigadoras españolas y europeas con el problema de la violencia contra las mujeres en nuestro entorno, lo que se considera una finalidad legítima y constituye una acción necesaria”, expuso el ministerio.

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Esa no fue la única entidad que cuestionó la aptitud de una extranjera para abordar problemáticas que ocurren en España o Europa. Como mencionó la abogada, su tesis presentó casos de violencia obstétrica vividos por personas gestantes en Latinoamérica (con testimonios de mujeres de Caquetá, Colombia) y en otros lugares del mundo, incluyendo España. Sin embargo, sus hallazgos fueron desestimados en más de una ocasión.

Sin embargo, Méndez mantuvo su postura respecto a los resultados de su investigación. Recordó que las mujeres embarazadas migrantes en España acudían a una ONG donde ella laboraba, buscando ayuda porque les negaban atención médica en los hospitales. “Y eso siendo un país que se jacta de tener un sistema de salud universal”, resaltó.

Además, comentó que las activistas gitanas en España también denunciaron violencias obstétricas. Ellas afirmaron que sufren exclusión y que en un centro de salud existe una sola sala destinada a las mujeres embarazadas de esa etnia. “‘Nosotras sabíamos que la habitación, por ejemplo, 317, siempre iba a ser para alguna de nosotras’ (…). Siempre nos colocaban en la misma habitación alejada para evitar el contacto con los demás, por los prejuicios que existen sobre la comunidad gitana”.

En su investigación, citó el caso de una mujer que fue forzada a someterse a una cesárea, a pesar de no haber una justificación médica y de no haber aceptado dicho procedimiento.

A pesar de contar con un sólido respaldo en su investigación, enfrentó cuestionamientos que no surgieron por falta de fundamentos. “Cualquier afirmación que hiciese, resultado de mi investigación, siempre era puesta en duda, porque: ‘bueno, eso puede suceder en tu país, pero aquí no’. Como alguien que investiga la violencia obstétrica, constantemente me encontraba esperando escuchar de personas españolas que me dijeran: ‘Estás hablando de Colombia, de América Latina, porque aquí eso no sucede’”, contó.

Así, en su esfuerzo por acceder a la convocatoria del Ministerio de Igualdad, buscó apoyo en la Universidad Carlos III, donde se doctoró. Supuso que la institución, al verse afectada por la posibilidad de perder un reconocimiento a través de esa convocatoria, la respaldaría. Pero no fue así. Se dirigió al director de la Escuela de Doctorado, Marco Celentani, quien, a través de un correo, aseguró que la universidad no podía intervenir y que la discriminación que ella denunciaba no era tan severa como otras formas de discriminación.

“Estoy seguro de que coincidirás en que existen otros entornos donde la discriminación es mucho más visible y dañina”, mencionó el director en el correo.

Méndez se dirigió a otras autoridades de la universidad, solicitando su intervención y denunciando la falta de atención del director. La respuesta fue la misma, además de que recibió otro correo de este funcionario en el que le pidió disculpas por cuestionar su desempeño como servidor público.

“Considero sumamente ofensivo que diga que olvido “que ante todo es una persona que presta un servicio público” y agradeceré sus disculpas. Finalmente, tramitar “convocatorias del Gobierno de España” dentro de la universidad sería, sin duda, un mal uso de mi tiempo como “persona que presta un servicio público””, afirmó Celentani en el correo.

Frustrada por las respuestas negativas, acudió al defensor del Pueblo. Esa fue su última opción, dado que en España no hay herramientas como la acción de tutela (que existe en Colombia) para proteger los derechos fundamentales. Este recurso fue el único que realmente tuvo efecto. “Quedó claro que hubo una violación de derechos, no solo los míos, sino de muchas investigadoras excluidas durante todos estos años. Fue una convocatoria que mantuvo su carácter discriminatorio por al menos 10, 11 años”, comentó.

Así, el defensor se dirigió al Ministerio de Igualdad, que aceptó revisar las normas de la convocatoria, lo que implicó acciones de otros ministerios. Finalmente, en diciembre de 2024, recibió la noticia de su éxito: la convocatoria terminó y las normas fueron modificadas.

“Las nuevas bases permitieron, desde 2025, que personas de cualquier nacionalidad que hubieran realizado su tesis doctoral en España pudieran postularse. Por primera vez en más de 10 años, la convocatoria está abierta a extranjeras”, afirmó.

Méndez se postuló a la convocatoria tras recibir la aprobación del Ministerio de Igualdad, aunque no logró ganar. Sin embargo, lo que podría considerarse un fracaso fue, para ella, un gran triunfo. “Para mí, el mayor premio ya lo había ganado: abrir esa gran puerta para quienes vendrán después”, expresó.

Inició entonces una búsqueda de atención mediática para dar a conocer su historia y que se supiera que la convocatoria ahora estaba abierta para extranjeras. Pero también enfrentó obstáculos. “Informé a más de 25 periodistas de medios grandes y pequeños. Nadie quiso cubrir la historia. Solo logré que la publicara El Salto y, posteriormente, El País –con la colaboración de un periodista latinoamericano–”, recordó.

Después de que la situación se hizo pública, comenzó a recibir mensajes de migrantes en España y de investigadoras que, al igual que ella, habían pasado por experiencias difíciles y que enfrentaron discriminación. “Muchas pensaron en rendirse, pero encontraron motivación en mi historia”, concluyó.