Efraín Cepeda explota contra el Gobierno por la reforma tributaria: “Exigimos respeto a la Constitución y la separación de poderes”

Efraín Cepeda, senador del Partido Conservador, expresó severas críticas hacia el Gobierno en el debate sobre la reforma tributaria, acusando al ejecutivo de despreciar la Constitución y la independencia del Congreso de la República.

Sus comentarios se dieron en un ambiente de tensión política y demoras en la aprobación de la iniciativa que pretende recaudar fondos para el Presupuesto General de la Nación 2026.

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Durante una sesión en el Senado, Cepeda fue claro: “He sido testigo del desprecio que tiene este gobierno por la Constitución Nacional y la división de poderes. Los insultos del señor ministro hacia un poder independiente son inaceptables, así como sus mentiras sobre el uso de los recursos”.

El senador recalcó que el Congreso, escogido por más de 22 millones de colombianos, actúa de manera independiente y no es un mero vehículo del Ejecutivo. Añadió que la reforma propuesta ya había sido archivada en dos ocasiones por comisiones del Senado, pidiendo respeto por la institucionalidad: “Esta reforma ya fue archivada. Se votó el archivo en dos comisiones del Senado de la República”.

Cepeda también criticó las acciones de algunos miembros del Ejecutivo, quienes, a su juicio, han intentado influir y presionar al Congreso, considerando tales conductas un ataque a la democracia. Subrayó que la separación de poderes es innegociable y cualquier intento de manipular el proceso legislativo constituiría una falta grave contra la Constitución.

Además, Cepeda fue contundente al declarar que la reforma está prácticamente descartada, afirmando: “Las dos comisiones del Senado votaron a favor del archivo del proyecto, por lo que, independientemente del quórum, la reforma está muerta”.

La reforma tributaria, o ley de financiamiento, tiene como objetivo recaudar $16,3 billones para financiar parte del Presupuesto General de la Nación 2026, que se estima en $546,9 billones. Sin embargo, el proceso ha estado marcado por la falta de quórum, demoras y reprogramaciones continuas, generando incertidumbre política.

La discusión de hoy, miércoles 3 de diciembre, fue interrumpida varias veces, a pesar de contar con la presencia de congresistas, puesto que no se alcanzaron los votos necesarios para comenzar el debate formal.

Finalmente, la sesión fue levantada y se reprogramó para el 9 de diciembre. Durante el proceso se generaron controversias por el retiro de firmas de senadoras que apoyaban el archivo de la reforma, lo que complicó aún más la situación.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, anunció que se realizarán modificaciones a la reforma, enfocándose especialmente en la no deducibilidad de regalías para la industria extractiva, así como en la revisión de impuestos sobre licores, carbón y el sistema financiero. Según Ávila, estos cambios podrían incrementar la recaudación en $3 billones anuales y buscan atender las observaciones de la Corte Constitucional.

El debate ha puesto de relieve profundas diferencias entre los partidos. Cambio Radical criticó la propuesta, aseverando que el país no necesita más impuestos, sino recortes en el gasto público, a la vez que el Partido Liberal instó a sus miembros a impedir la creación de nuevos tributos. Varios congresistas de Centro Democrático, La U y el Verde también expresaron su rechazo de manera individual.

El retiro de firmas de las senadoras Karina Espinosa (Partido Liberal) y María Angélica Guerra (Centro Democrático) de la ponencia que proponía archivar la reforma provocó incertidumbre.

Ambas aclararon que su decisión fue por razones formales, pero reafirmaron su postura en contra de la iniciativa: “Ni un impuesto más para los colombianos”, escribió Espinosa en su cuenta de X.

El Congreso tiene hasta el 16 de diciembre para completar los cuatro debates necesarios para aprobar la ley. Si no se logra, podrían convocarse sesiones extraordinarias, aunque la falta de consenso y las tensiones políticas dificultan el avance. Un retraso hasta 2026 implicaría que los nuevos impuestos solo entrarían en vigor el próximo año, impactando la ejecución del presupuesto y los ingresos estimados por el Ejecutivo.