“Impactante: El 62,5% de las motos en Colombia circulan sin Soat, exponiendo a un alto costo en salud por siniestros”

De un millón de afectados, el 88 % de los incidentes en aseguradoras involucró este tipo de vehículo.

“No cuento con Soat como forma de protesta”, fue la firme respuesta de Felipe, un joven de 23 años que, para el 2024, ha estado utilizando una motocicleta durante nueve años, de los cuales, ha pasado cuatro sin adquirir el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat). Para él, los costos establecidos para los vehículos son desproporcionados, especialmente en el caso de las motos de mayor cilindrada.

Por su parte, Mayra no considera que el abono de la póliza sea algo imprescindible y argumenta que su moto no se utiliza en trayectos largos. “El dinero que obtengo no es suficiente para cubrir el Soat y la verificación técnico mecánica”, confesó.

Asimismo, Juan Esteban tiene una opinión similar: lleva siete años utilizando este medio de transporte y comentó que “el dinero no suele ser suficiente”. Por lo tanto, en varias ocasiones ha optado por estar desprotegido durante diferentes lapsos de tiempo. A pesar de esto, y aunque lo han detenido oficiales de tránsito, no ha sido multado: “Siempre he logrado ‘negociar’ la situación”.

Sin embargo, cuando tuvo su primer accidente y su seguro había expirado pocos días antes, no supo cómo reaccionar. A causa de la caída se lastimó una mano, pero tenía la opción de quedarse y que le inmovilizaran la moto o retirarse. “Decidí no ir a urgencias porque era obvio que no contaba con seguro y esa era la primera cosa que me iban a solicitar”, explicó.

Y es que en Colombia hay 19.675.390 vehículos registrados en el parque automotor, hasta noviembre de 2024, de los cuales, el 49 por ciento tiene una póliza de seguro que no está activa, es decir, 9.6 millones entre motos y automóviles carecen de Soat.

Las motocicletas, que son el medio de transporte más adquirido en el país con 12,1 millones de unidades registradas en el Runt, son también las que más frecuentemente sus propietarios eluden la adquisición de la póliza, dado que de esa cantidad solo el 37.5 por ciento posee un seguro vigente. Estas estadísticas generan inquietud ya que son el tipo de vehículo con más lesionados y fallecidos en los últimos seis años, de acuerdo con la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

En un contexto más amplio, según datos preliminares obtenidos de los reportes del Sistema de Información de Registro de Atenciones de Salud (Siras) de los Prestadores de Servicios de Salud, para el año 2024, hasta el 6 de octubre, se registraron un total de 1 millón de víctimas de accidentes de tránsito en las aseguradoras. En el 88 por ciento de estos incidentes estaba implicada una motocicleta.

El presidente ejecutivo de la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda), Gustavo Enrique Morales, opinó que la problemática es “una cuestión de salud pública que demanda una intervención integral y urgente”, especialmente teniendo en cuenta que “la mayor parte de estas víctimas son jóvenes de entre 18 y 29 años”, afirmó.

No obstante, hay que recordar que esta cifra solo representa los accidentes

atendidos con Soat. Esta póliza, que se considera obligatoria de acuerdo al artículo 42 del Código Nacional de Tránsito, resguarda a los ciudadanos en situaciones de accidentes que implican daños físicos a pasajeros, peatones o conductores. El seguro asume los gastos de transporte y los costos médicos, incluyendo las incapacidades permanentes y compensaciones por fallecimiento y servicios funerarios.

“El Soat fue concebido como una herramienta cuya finalidad principal es salvar vidas. Esta es una de las premisas que a menudo se pasa por alto acerca de este seguro del cual forman parte todas las personas en el país, ya sea conductor, pasajero, peatón, ciclista o motociclista”, aclaró Morales. Asimismo, añadió que todos los recursos para que el sistema funcione son respaldados por el seguro.

“Es decir, para que llegue la ambulancia, se lleve a cabo el traslado y se asegure de manera prioritaria la atención médica de urgencia”, expuso Morales, quien añadió que estos servicios son proporcionados sin que la víctima deba demostrar qué tipo de cobertura tiene, ya sea pública o privada.

Aquellos que eluden el pago del Soat también están cometiendo una infracción a la normativa y, si no disponen del seguro o tienen el certificado anual caducado, podrán enfrentarse a una multa equivalente a 30 salarios mínimos diarios legales vigentes, además de que se puede proceder a la retención del vehículo.

¿De dónde provienen los recursos para atender a quienes no tienen Soat?

Conforme al presidente de Fasecolda, dentro de este mecanismo social existen numerosos problemas estructurales que requieren solución inmediata, siendo el más importante la accidentalidad vial o, como él lo denomina, “el gran elefante en la sala”. “Mientras no se disminuyan los accidentes, continuaremos con una situación de supervivencia”, sostiene, subrayando la grave situación con las motos, que son el tipo de vehículo que suele verse involucrado en más accidentes que la media y que tampoco cotiza el seguro.

Para Morales, todos los incidentes son “una pequeña tragedia o una gran tragedia, dependiendo de su magnitud, puesto que generan costos económicos, sociales y médicos”.

“Existen costos económicos tangibles como los daños en el automóvil o en el poste, y otros como el lucro cesante, es decir, aquella persona que deja de laborar, de generar ingresos y que pasará unos días en el hospital; además, hay que considerar el costo del trauma social, es decir, se movilizan recursos, hay congestiones vehiculares, entre otros. Sin embargo, el costo más elevado y donde más se drena el dinero destinado a la salud es en los gastos médicos”, señaló.

En la información reportada sobre el Soat, se supo que las aseguradoras desembolsaron más de 2,6 billones de pesos para las víctimas de incidentes de tránsito en 2023. A corte del 3 de diciembre de 2024, se habían desembolsado 2 billones de pesos. Fasecolda detalla que estos gastos se fundamentan en la atención integral de cada víctima y que son independientes; no obstante, se estima que el costo de un accidente vial, en promedio, es de $ 41,2 millones para el seguro en 2024.

Este monto puede fluctuar. Solo el costo de la atención médica podría estar entre los $ 3,2 millones o hasta el límite de la cobertura, que para 2024 es de $ 33 millones. Sin embargo, a esta cantidad se le suma el costo de la ambulancia en el traslado inicial ($ 412.700) y, en caso de que …

la persona afectada presenta una incapacidad total y permanente, se añaden $ 7,8 millones a las demás pólizas.

Si se presenta un deceso, la cifra aumenta y la compensación es de $ 32,5 millones. Esto indica que, si la persona afectada recibió atención médica y traslado inicial, el gasto en el sistema podría superar los $ 65,9 millones.

Esos montos se financian con la ‘bolsa común’ que se nutre de los aportes de quienes adquieren el seguro anualmente. “El Soat responde a un principio filosófico que establece que quien genera el riesgo, es quien debe cubrir el daño, por ello, los accidentes de tránsito deben ser cubiertos por quienes poseen vehículos. Si no tienes vehículo y no te encuentras en la vía generando ese riesgo, no deberías pagar”, manifestó el presidente de la Federación.

Morales subraya que debido a la alta evasión en la adquisición de seguros, quien termina asumiendo la cobertura de los accidentes es el Estado, es decir, los contribuyentes a través de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) y la subcuenta Ecat (Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito). Este organismo, vinculado al Ministerio de Salud, es responsable de cubrir los siniestros con vehículos no identificados, sin Soat o vehículos fantasma.

EL TIEMPO se comunicó con la entidad y conoció que en su base de datos se registran un total de 206.008 incidentes en 2023 para todo tipo de accidentes de tránsito con vehículos no identificados. En particular, para motocicletas, la Adres recibió 75.852 solicitudes de pago por siniestros.

“Hay una carga económica para la salud, dado que los costos de atención médica y rehabilitación de las víctimas recaen sobre el sistema de salud pública y las finanzas estatales”, explicó la Cartera.

De acuerdo con los datos de la base de datos de la Adres, se han realizado compensaciones por $ 851.245.226.738 entre 2019 y 2023 a las entidades que prestan servicios de salud por accidentes de tránsito sin Soat. Solo en el año anterior, los gastos asumidos sumaron un total de $375 mil millones y hasta mayo de 2024, ya han sido auditados más de $ 134 mil millones.

Esto equivaldría a más de medio billón de pesos destinados a accidentes.

Este monto representaría, aproximadamente, un poco menos de 97.000 unidades de la Akt NKD 125, la motocicleta más vendida en Colombia durante 2023, según la Andi y Fenalco, la cual tiene un precio que oscila desde los $ 5’290.000 en la página oficial de la marca.

La entidad aclaró que los pagos por accidentes de 2023 y lo transcurrido de 2024 se reportaron, en su mayoría, por vehículos fantasmas o en fuga. Las motocicletas, motocarros y motocicletas extranjeras sin Soat representan el 46,1 por ciento de los siniestros.

Félix León Martínez, director general de la Adres, añadió que estos gastos son considerables, pero el problema principal radica en que “se están perdiendo miles de vidas al año y por cada persona que fallece, quedan dos o tres más con discapacidades. Es decir, se convierten en pacientes para toda la vida”.

La entidad explicó que las muertes y los heridosson una pérdida debido a la “desmedida” accidentalidad vial, ya que eran “habitantes que fungían como los generadores de ingresos de su familia, de manera que esta pérdida por incidentes lleva a muchas familias a caer en la pobreza”.

Para entender el impacto a largo plazo en las EPS y en el sistema sanitario, EL TIEMPO consultó a Acemi, la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral. Sin embargo, se indicó que los accidentes viales no representan gastos significativos en la crisis que han expresado diversas Entidades Promotoras de Salud. Es importante señalar que, en caso de sobrepasar la cobertura del Soat y de la Adres, es la EPS la que se encarga de la víctima.

¿Existen límites en los recursos para atender los siniestros?

“Si persiste la evasión y no se muestra una disminución considerable en la accidentalidad de este tipo de vehículos, no será posible equilibrar los costos y asegurar la atención a las víctimas de accidentes de tránsito”, destacó Fasecolda.

En la Federación creen que el auge en la adquisición de motocicletas en Colombia ha agravado la situación en los últimos años. No obstante, para Martínez, ejecutivo de la Adres, en el país no hay claridad sobre la magnitud y severidad del asunto, lo cual sucede por el subregistro de los accidentes, ya que las cifras no coinciden. Según la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en 2023 se reportaron únicamente 29.482 heridos y 8.168 muertos por siniestros.

“Existen muchísimos más accidentes de los que informa la Agencia, ahí mencionan 29 mil y nosotros recibimos reportes de 200 mil, esto oculta la gravedad del problema porque no se comunica a las autoridades lo que es obligatorio en el proceso penal”, resaltó Martínez.

Según el director, esto implica que el Estado está cubriendo más accidentes de los que contabilizan las autoridades judiciales. Actualmente, la Adres dispone de un presupuesto de 400 mil millones de pesos para cubrir los gastos de los siniestros anualmente, por lo que, como explicó el director, la alta cantidad de accidentes “podría ejercer una presión notable sobre el presupuesto del sistema de salud”.

Cabe aclarar que, según la Superintendencia Financiera, después de que ocurre un siniestro provocado por un vehículo sin Soat, los gastos que fueron reclamados al Gobierno deberán ser asumidos por el propietario del vehículo. “Nosotros hacemos lo necesario para recuperar el dinero legalmente hasta donde sea posible, pero un porcentaje significativo de estas personas carecen de la capacidad y no se recuperan los gastos”, clarificó el director, enfatizando que, en la mayoría de los casos, las cuentas pertenecen a vehículos fantasma que “no se pueden localizar ni verificar”.

En el 2023 se iniciaron 27 mil procesos de cobro por los accidentes, los cuales representan 161 mil millones de pesos. A corte de mayo, la entidad solo logró obtener 3.800 millones.

La Adres lanzó una campaña denominada ‘No tener Soat es un mal negocio’ para atraer la atención de los dueños de vehículos sin póliza que, al no tenerla y deber 300 o 500 mil pesos, pueden terminar endeudados y pagando 10 o 20 millones de pesos por los daños ocasionados en un accidente, lo que representa un alto riesgo financiero.

Para Kuthor*, fundador del Equipo de Reacción Solo Emergencias Moteros (SEM), una iniciativa que utiliza redes sociales para difundir injusticias en la red vial y proporciona servicios de defensa jurídica a las víctimas de los siniestros en la capital, hay otro reto que

Frecuentemente, no se menciona cuando se discute sobre la cantidad de incidentes en motocicletas, lo cual lleva a “culpar erróneamente al conductor”.

“Las personas buscan mejorar su movilidad y ven las motocicletas como opción, pero las adquieren sin tener en cuenta, o sin conocer, el riesgo que asumen al montar un vehículo de este tipo. Primero, existe una marcada diferencia entre conducir un automóvil de dos ejes y cuatro ruedas y manejar un vehículo con dos ruedas en un solo eje”, explicó, agregando que el nivel de peligro de una motocicleta es superior, siendo más propensa a caerse en diversas circunstancias.

Kuthor* enfatizó que, a este riesgo, debe sumarse también el diseño y la infraestructura de la red vial en las calles del país, las cuales no están adaptadas para las motos. “Los cambios en la señalización, las perforaciones, los ‘maletines naranjas’, las alcantarillas expuestas, todo ello es motivo de accidentes frecuentes”, concluyó.

¿Cuáles son las dificultades detrás de la crisis?

Enfrentar la evasión se convirtió en la principal lucha del Gobierno, y uno de los esfuerzos para lograrlo fue el decreto 2497 de 2022, que proponía un descuento del 50 por ciento y una cobertura diferencial en los servicios de salud para ciertos vehículos, incluyendo las motocicletas de bajo cilindraje de hasta 200 c.c.

Esta tarifa diferencial supuso un incremento del 6 por ciento en los seguros adquiridos, pasando de 9,18 millones de pólizas en noviembre de 2022 a 9,72 millones en diciembre de 2023, según la Adres.

El descuento del Soat fue renovado para 2024 mediante el decreto 2312 de 2023, establecido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Morales señala que esto creó una discrepancia entre los límites tarifarios de las motocicletas de alto y bajo cilindraje que están o no amparadas por este porcentaje, ya que mientras para todos los tipos el aumento del costo del Seguro Obligatorio fue del 18.4%, para estas fue del 10.97% en su tarifa.

Los precios ajustados para motocicletas actualmente son: menos de 100 c.c.: $ 243.400; de 100 a 200 c.c.: $ 326.300 y más de 200 c.c.: $ 757.600.

La única categoría de motos que cuenta con un descuento en la tarifa del Soat es la de más de 200 c.c., ya que en 2024 esos vehículos pagaron $ 830.100 y en 2025 pagarán $ 757.600 (un descuento del 8,7 por ciento).

“La propuesta era un tanto desesperada, pero razonable y se fundamentaba en la teoría económica de que si reduces el precio, aumenta la demanda. En los primeros tres o cuatro meses notamos que efectivamente había crecido el número de pólizas, sin embargo, al revisar las cifras al final del año, el aumento fue mínimo”, explicó el presidente de la Federación.

Según Morales, un seguro de este tipo debería ser regulado de la siguiente manera: “Cuanto más riesgo social generes, más deberías contribuir al fondo común. Un vehículo que represente mayor peligro en las vías debería tener un Soat más costoso”.

Fasecolda argumenta que el subsidio ejerce una gran presión sobre el sistema, dado que las motocicletas representan el 61,9% del total del parque automotor y son las que más accidentes sufren. Sin embargo, consideran que la solución real para mitigar el riesgo es reducir la accidentalidad, para que el hecho de que “el Soat sea más asequible no sea una decisión impuesta por decreto, sino que sea consecuencia de tener menos muertos y heridos en nuestras carreteras”.

Aparte del elevado número de incidentes y de la evasión en el pago de las pólizas de seguros, ambas organizaciones señalan que uno de los mayores retos para la viabilidad del sistema es el fraude.

“Hemos notado que el fraude tiene dos dimensiones, la primera es que algunos proveedores de salud fomentan el engaño al hacer pasar una lesión como un accidente de tráfico, lo que les permite cobrar de 3 a 4 veces por los mismos servicios y solicitar más procedimientos de los que realmente son necesarios”, comentó Gustavo Morales.

Fasecolda destacó las irregularidades detectadas que perjudican la sostenibilidad del seguro, entre las más relevantes están: los cobros inflacionarios en procedimientos, medicamentos y dispositivos médicos, así como la aplicación injustificada de protocolos de atención excesivos; la facturación por atenciones médicas por lesiones no asociadas con accidentes de tráfico; el uso inadecuado de una misma póliza para cubrir múltiples siniestros no relacionados con el vehículo asegurado y la facturación repetida por las mismas atenciones médicas a una o varias aseguradoras o a la Adres.

La entidad gubernamental, por su parte, ha evaluado que el fraude de algunas IPS se manifiesta a través de cuentas con vehículos fantasmas o a partir de la facturación de otras lesiones que se presentan como un siniestro vial, el cual no habría sido reportado a las autoridades judiciales.

“La otra dimensión del fraude, que realmente nos causa muchos problemas, es que la gente adquiere Soat, creyendo que lo está comprando legítimamente, y resulta que lo terminó adquiriendo en un sitio web o en una aplicación engañosa. Por lo tanto, hay fraude tanto en la prestación como en el ingreso al sistema desde la adquisición de la póliza”, lamentó Morales al respecto.

El presidente de Fasecolda afirma que abordar la accidentalidad vial es un reto social de múltiples facetas: “Primero está la tecnología y la seguridad de las motos, que no ha dado el salto cualitativo como lo han hecho los vehículos”. Con esto se refiere a la adopción de los estándares internacionales de seguridad y a la regulación que debe llevar a cabo el Ministerio de Industria en cuanto a la fabricación y los requisitos de las motocicletas, las cuales no presentan los mismos avances tecnológicos que los automóviles, como “airbags, alertas, frenos automáticos”.

“Lo segundo es fortalecer los requisitos para obtener el derecho a conducir un vehículo”, indicó. Para Morales, el acto de manejar un vehículo no se considera “un acto de libertad, sino un acto de responsabilidad social”, ya que siempre se pone en riesgo a la sociedad. “Finalmente, está el tema de la cultura ciudadana, en lo que todos los actores del sistema están trabajando y, cuarto, hay un asunto relacionado con el diseño de las vías y la señalización”, concluyó.

*Esta narrativa es parte del especial ‘Perder la vida en dos ruedas’. Espere en los próximos días todo el reportaje. Si desea compartir su historia, contáctenos a quiari@eltiempo.com y garcas@eltiempo.com o comparta en X con el #En2Ruedas.