El caso Papá Pitufo sería el detonante de una crisis entre el Gobierno Petro y la Policía Nacional: sería la razón de la salida del general Urrego

El caso judicial en contra de Diego Marín, apodado “Papá Pitufo”, evidenció una red de contrabando en Colombia y generó tensiones significativas dentro del Gobierno y la Policía Nacional.

Desde 2022, las investigaciones en torno a este presunto contrabandista provocaron destituciones, conflictos internos y una crisis institucional sin precedentes, de acuerdo a datos publicados por la revista Cambio.

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La trama comenzó en septiembre de 2022, cuando el presidente Gustavo Petro instruyó a su entonces ministro de Defensa, Iván Velásquez, a priorizar la captura de Marín.

Según se reveló por un medio nacional, un periodista anónimo habría conectado al intendente Álvaro Galvis con Velásquez, presentándolo como poseedor de información crucial sobre el contrabando.

A través de esa intermediación, Galvis fue citado por el exministro y asistió a la reunión con Camilo Gómez, un político con supuestos vínculos con Marín, aunque se supo que Gómez, quien en la actualidad es candidato al Congreso, no asistió al encuentro.

Velásquez dirigió la información a la general Sandra Hernández de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), quien, a su vez, conectó a Galvis con la contrainteligencia de la Dirección de Inteligencia de la Policía (Dipol). Desde ese instante, Galvis colaboró con el fiscal Andrés Marín, que había estado liderando la investigación judicial contra “Papá Pitufo” desde 2017.

Posteriormente, Marín convirtió a Galvis en agente encubierto con la tarea de infiltrarse en la estructura criminal. En marzo de 2023, un juez validó esa operación.

En mayo, la coronel Julie Ruiz asumió como jefa de contrainteligencia, enfocándose en la corrupción identificada en la Polfa de Cartagena. Siguiendo instrucciones de Velásquez y del entonces director de la Policía, William Salamanca, Ruiz comenzó a colaborar con el fiscal Marín.

Mientras tanto, el misterioso periodista que había presentado a Galvis volvió a aparecer, supuestamente para promover las capacidades del mayor César Ortiz ante Salamanca para la investigación criminal. Ortiz fue incorporado a la Dirección de Investigación Criminal (Dijín) y posteriormente se reunió con Ruiz para compartir información que, tras una prueba de polígrafo, confesó haber obtenido de documentos que se presumen robados de la Dipol en 2019, entregados por el mismo periodista.

Ortiz perdió la confianza de Ruiz y Salamanca, pero continuó respaldando al coronel Mario Durán de Interpol, junto al fiscal Marín, en la investigación. Más tarde, Ortiz se convirtió en una pieza clave, lo que llevó a que no fuera removido de Interpol a pesar de las intenciones de Salamanca.

En agosto de 2023, Marín y Ruiz se reunieron para discutir el caso. Marín mencionó a oficiales que supuestamente estaban involucrados con la estructura de “Papá Pitufo” y confirmó el vínculo de Galvis con Marín a través de Camilo Gómez. Con el tiempo, las investigaciones revelaron que Galvis actuaba como agente encubierto, pero también era sospechoso de filtrar información operativa a la organización criminal.

La desconfianza aumentó cuando la Dipol ejecutó en septiembre de 2023 una intervención en la Polfa de Cartagena. Varios testimonios indicaron que Galvis alertaba al grupo de Marín sobre las operaciones. Cuando Ruiz comunicó a Marín los señalamientos hacia su agente, la relación entre la Fiscalía y la contrainteligencia se rompió completamente. Desde ese momento, ambos equipos siguieron caminos independientes: la contrainteligencia operó de forma autónoma, mientras Marín se apoyó en Interpol y Ortiz.

A inicios de octubre de 2023, se llevó a cabo una reunión de alto nivel con el ministro Velásquez, la coronel Ruiz, Marín y otros fiscales. El tema principal fue la ubicación de “Papá Pitufo”: Marín aseguró, mostrando un video, que el contrabandista seguía en Colombia, pero los registros migratorios lo desmintieron.

Posteriormente, la información discutida ese día fue filtrada, lo que llegó a conocimiento de Marín, quien abandonó el país con destino a Madrid semanas después. Allí, fue detenido gracias al apoyo de las autoridades españolas, aunque la tardanza en la emisión de la notificación roja de Interpol retrasó el proceso, de acuerdo a información publicada por Cambio.

A finales de 2023 y durante los meses siguientes, los equipos de investigación se desacreditaron mutuamente, mientras los procesos judiciales avanzaban. La contrainteligencia logró órdenes de captura primero; el fiscal Marín intentó seguir el mismo camino, pero se le indicó que debía transferir el proceso a la fiscal Paola Londoño. Más adelante, Marín presentó avances de su caso sobre Diego Marín ante el presidente Petro y el secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, en búsqueda de apoyo institucional.

En febrero de 2025, por orden presidencial, el general Salamanca fue destituido como director de la Policía y reemplazado por el general Carlos Fernando Triana, quien apenas se mantuvo en el cargo ocho meses.

Sin embargo, el punto de inflexión en la Policía Nacional ocurrió con la llegada del general William Rincón, quien ordenó que Ruiz y otros oficiales de contrainteligencia fueran trasladados a regiones rurales, mientras que el coronel Jorge Mora, clave en las investigaciones, también concluyó su misión.

El general Edwin Urrego fue apartado de la institución a pesar de una trayectoria intachable, tras haber liderado la Dijín en momentos críticos. Las razones habrían incluido diversos incidentes, entre ellos, desacuerdos sobre esquemas de protección de figuras públicas, como el candidato Abelardo de la Espriella, y el allanamiento, dirigido por la magistrada Cristina Lombana, en la residencia del ministro del Interior, Armando Benedetti.

Según información difundida por la revista Cambio, parte de las tensiones de Urrego con Benedetti surgieron tras dicho allanamiento y disputas relacionadas con la seguridad de políticos rivales. Todo esto habría contribuido a su salida, en medio de una reestructuración impulsada por luchas internas de poder en la Policía y las agencias de inteligencia.

El caso “Papá Pitufo” no solo sirvió para destapar una red de corrupción y crimen organizado, sino que también fue catalizador para la reestructuración de altos cargos, despidos y traslados forzosos, involucrando a figuras como Jorge Lemus, exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), presuntamente implicado en decisiones sobre ascensos y nombramientos.

Al final de 2025, la reconfiguración institucional no detuvo el crecimiento de la estructura de contrabando. Según información publicada por la revista Cambio, las disputas y la fragmentación estatal facilitaron la persistencia y expansión del fenómeno, erosionando la capacidad de control público.