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La Universidad del Atlántico vive una de sus semanas más tensas del año: mientras crece la controversia por las presuntas irregularidades en la elección del rector, el El Consejo Superior Universitario permanece reunido desde las 9:00 am en una sesión decisiva con la que busca una salida a la crisis. que tiene paralizada a la institución y enfrenta a estudiantes, docentes y directivos.
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Lo cierto es que a la crisis que atraviesa la Uniatlántico sumó un nuevo capítulo con un hallazgo que aumentó las dudas sobre la elección del rector Leyton Barrios.
En el marco de la información que adelanta el Ministerio de Educación Nacional por presuntas irregularidades en el proceso de designación, la entidad identificó que al menos una de las certificaciones laborales aportadas para acreditar la experiencia docente del rector constituyen un documento falso, según confirmó la misma institución que presuntamente lo había expedido.
El descubrimiento se da en medio de la vigilancia especial decretada por el Ministerio sobre la universidad, luego de recibir denuncias que advertían inconsistencias en la hoja de vida del rector, documentos contradictorios y dudas sobre si cumplía o no con los requisitos para ocupar el cargo. El nuevo elemento probatorio, según fuentes de la entidad, será incorporado al expediente que ya está en análisis jurídico.
Un ambiente de tensión desde la elección.
Desde el 27 de octubre, cuando Barrios fue elegido por cinco de los nueve votos del Consejo Superior Universitario (CSU), la institución entró en un clima de confrontación interna que no ha bajado de intensidad. Representantes estudiantes, profesores y trabajadores han cuestionado la validez del proceso, mientras que el rector y su círculo defienden la legalidad de la designación.
Leyton Barrios rector de la Universidad del Atlántico. Foto:Uniatlántico
El abogado del rector, Iván Cancino, se manifestó directamente en su cuenta de X: “Todo está claro, tenemos evidencias que demuestran su apego a todos los requisitos legales y su autenticidad.. Qué cosa que todo el que pierde algo quiere recuperarlo usando el derecho penal con multas de revancha o política”, escribió, sugiriendo que las denuncias respondan a disputas internas más que a irregularidades reales.
Pero para otros sectores, los cuestionamientos no son nuevos. Durante años, el proceso de designación de rector en la Universidad del Atlántico ha estado rodeado de tensiones políticas, disputas de poder. En esta ocasión, el conflicto escaló a un punto crítico, con episodios de violencia física, denuncias públicas, señalamientos entre estamentos y parálisis académica.
El Ministerio detalla las inconsistencias
Melissa Obregón, delegada de la Presidencia ante el CSU, explicó en entrevista con Caracol Radio que desde la designación de Barrios el Ministerio recibió múltiples denuncias sobre su trayectoria. Una primera irregularidad apareció en la documentación emitida por la Corporación Universitaria Americanainstitución que, según dijo, generó tres certificaciones distintas entre sí.
“Hay que señalar que, desde su designación, hemos identificado que una de las instituciones de educación superior que el señor Leyton Barrios presentó como parte de su experiencia docente emitió certificaciones que no coinciden entre sí. Finalmente, la Corporación Universitaria Americana aclaró que Barrios no ejerció como docente en aula, sino que estuvo vinculado al área de extensión y proyección social”, explicó la funcionaria.
Pero el punto más delicado apareció con la Corporación Universitaria Empresarial de Salamanca. Según Obregón, el rector de esa institución se presentó formalmente una denuncia ante la Fiscalía contra personas indeterminadas por presunta falsificación de una certificación laboral que habría sido entregada como soporte en la hoja de vida de Barrios.
“Existe un documento de denuncia firmado por el rector de la universidad, quien además no es la misma persona que aparece como firmante en la certificación laboral presentada por el señor Leyton Barrios”, advirtió.
Consejo Superior de la Universidad del Atlántico. Foto:cortesia
Ante los indicios de falsedad documental, el Ministerio de Educación confirmará que remitirá el expediente completo a la Fiscalía General de la Nación para que determine si hubo delito. En paralelo, notificará a la Procuraduría para que adelante las investigaciones disciplinarias correspondientes, pues varios funcionarios y miembros del CSU actuaron en ejercicio de funciones públicas durante el proceso.
La decisión se basa en los primeros hallazgos de la indagación, pero la cartera insiste en que será la justicia la que define responsabilidades penales y disciplinarias.
Juristas también intervienen: “La elección está ammparada por la ley”
En medio de la disputa, varias voces jurídicas han salido a plantear otra perspectiva: la elección, más allá del debate político, continúa protegida por la presunción de legalidad.
El abogado y docente universitario Enrique Mahecha señaló que, aunque existen controversias, el acto administrativo de elección del rector sigue vigente:
“La designación del rector no tiene ninguna contrariedad jurídica. Quien esté inconforme debe acudir a la jurisdicción contenciosa. Mientras un juez no declara su nulidad, el acto se mantiene ajustado a derecho”, afirmó.
Mahecha recordó que, según el artículo 88 del CPACA, los actos administrativos solo pueden invalidarse mediante fallo judicial, no por presión social o disputas internas. “Las personas que no estén de acuerdo deben acudir a los jueces. Las vías de hecho, como los bloqueos o la suspensión de clases, no tienen respaldo legal”, precisó.
Sobre el debate por los requisitos, el jurista fue enfático:
“Es competencia exclusiva de un juez determinar si cumple o no con la experiencia. Las percepciones personales no sustituyen el control judicial”.
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El Consejo Superior, que se encuentra reunido desde las 9 am de este lunes y hasta el cierre de esta nota no se había conocido detalles, sostuvo que la elección se ajustó a los estatutos y asegura que entregará las explicaciones necesarias cuando sea requerido por las autoridades.
Mientras tanto, la Universidad del Atlántico sigue en un ambiente convulso, con clases suspendidas en algunos programas, denuncias cruzadas y una comunidad académica partida en posiciones enfrentadas.
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