Colombia
Él es Juan Carlos Granados, el magistrado que investigará a los jueces del caso Uribe: fue imputado por el escándalo Odebrecht
El magistrado Juan Carlos Granados, miembro y vicepresidente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, ha decidido abrir una investigación disciplinaria contra tres jueces del Tribunal Superior de Bogotá que absolvieron en segunda instancia al expresidente Álvaro Uribe en un caso de soborno a testigos.
La resolución, fechada el 9 de febrero, ordenó indagar a Miguel Antonio Merchán Gutiérrez, Alexandra Ossa y María Leonor Oviedo Pinto por una posible violación del régimen de inhabilidades.
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Esta actuación disciplinaria se produce en un momento en que la situación jurídica del magistrado sigue sin resolverse en el caso de la constructora Odebrecht, donde fue imputado por la Fiscalía General de la Nación en 2018.
El expediente dejó de ser tramitado en la Corte Suprema de Justicia tras su elección como magistrado, y pasó a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.
El traslado del caso se realizó justo cuando Granados estaba a punto de ser acusado formalmente ante la Corte Suprema. Su elección como magistrado modificó el fuero, trasladando el asunto a la Cámara, donde hay dos acciones desde 2021 en despachos de diferentes congresistas sin que se haya tomado una decisión.
Si los acuerdos internos se mantienen, Granados podría tomar la presidencia de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial en 2027, sin que se haya aclarado su situación legal.
La investigación contra él se relaciona con un presunto intento de favorecer a Odebrecht en la adjudicación de un contrato vial en Boyacá a cambio de $200 millones. Se le ha imputado por concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y tráfico de influencias.
Durante el procedimiento ante la Corte Suprema, se produjeron retrasos en la audiencia de acusación. El magistrado manifestó que no contaba con abogado y no había llegado a un acuerdo sobre los honorarios con su defensor; mientras el alto tribunal advirtió que el proceso avanzaría con un defensor de oficio si no resolvía su representación, pero la posterior posesión en la Comisión trasladó el caso al Congreso, donde sigue sin progresar.
De acuerdo con la Fiscalía, Granados se habría reunido con representantes de la multinacional, intermediado por el exsenador Plinio Olano. En esa reunión, según la investigación, se pactó un apoyo financiero para su campaña a la Gobernación de Boyacá a cambio de favorecer a la empresa en la adjudicación de un tramo vial clave.
El expediente indica que “Odebrecht prometió pagar a Plinio Olano y a Juan Carlos Granados del 3% al 5% del valor total del contrato, que variaba entre $200.000.000.000 y $350.000.000.000”.
El nombre del magistrado también ha sido mencionado en una reciente denuncia presentada por el Sindicato de Empleadas y Empleados de la Personería de Bogotá (Sindeperbo), que involucra a su esposa, Patricia Reyes, al personero distrital Andrés Castro y al director de la CAR Cundinamarca, Alfred Ballesteros.
Según la denuncia, Reyes habría obtenido contratos simultáneos en la Personería de Bogotá y en la CAR que suman $434 millones. En el mismo contexto se menciona que la esposa del personero recibió contratos con la CAR entre 2024 y 2025 por $216 millones antes de ser nombrada jefa de Asuntos Internacionales de esa entidad.
Los señalamientos indican relaciones administrativas entre funcionarios que han coincidido en cargos públicos; como el hecho de que el personero distrital fue contralor auxiliar durante la gestión de Granados en la Contraloría de Bogotá, y luego asumió la Contraloría de la capital.
Juan Carlos Granados es abogado graduado de la Universidad Nacional de Colombia y cuenta con un doctorado en Derecho por la Universidad Santo Tomás, donde recibió la mención Cum Laude. Ha trabajado como docente y director del Doctorado en Derecho de dicha institución y posee estudios en áreas como democracia, régimen electoral, derecho internacional del transporte y gobierno municipal, además de maestrías en Seguridad y Defensa Nacionales y en Derecho Disciplinario.
En el ámbito público, ha ocupado cargos como concejal, alcalde de Nobsa, representante a la Cámara, gobernador de Boyacá y contralor de Bogotá antes de su llegada a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
