Donald Trump ha dado un giro inesperado a su narrativa comercial. Ahora, el equipo del presidente justifica los nuevos aranceles a México, Canadá y China apelando a la «balanza de pagos» del país.
Esta maniobra utiliza la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974. Es una herramienta legal diseñada para situaciones donde el déficit comercial de Estados Unidos pone en riesgo la estabilidad financiera.
Un cambio de estrategia legal
Históricamente, la Casa Blanca prefería el argumento de la «seguridad nacional» para imponer tasas. Al cambiar el foco, buscan un blindaje jurídico más sólido frente a posibles bloqueos en los tribunales.
El equipo económico de Trump sostiene que el volumen de la deuda externa es una amenaza estructural. Consideran que este movimiento agresivo es necesario para equilibrar las cuentas con sus principales socios.
¿Existe una crisis de pagos?
Sin embargo, la mayoría de los economistas no ven una emergencia real. Señalan que, aunque el déficit existe, el dólar sigue siendo la moneda de reserva mundial y el capital extranjero fluye sin pausa.
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Para los expertos, una crisis de balanza de pagos ocurre cuando un país no puede pagar sus deudas. En el caso estadounidense, la demanda de bonos del Tesoro sugiere que el sistema sigue siendo muy robusto.
El pulso de los mercados
Wall Street ha reaccionado con cautela ante este «pivot» estratégico. Muchos analistas ven en este tecnicismo una herramienta de negociación más que una respuesta a una vulnerabilidad económica genuina.
Si la medida se consolida, podría redefinir las reglas del comercio global. Otros países podrían copiar este argumento legal, generando un efecto dominó en las relaciones comerciales internacionales a corto plazo.
Impacto en el consumidor
A pesar de la calma en los grandes indicadores, el ciudadano podría notar los efectos. Los economistas advierten que estos aranceles actúan como un impuesto indirecto que suele trasladarse a los precios finales.
Por ahora, el mercado se mantiene a la expectativa de nuevos anuncios. La administración parece decidida a usar cada resquicio legal disponible para cumplir su ambiciosa agenda de reindustrialización nacional.
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