El Gobierno de Trump lanza una VPN gratuita para que los europeos burlen sus propias leyes

Según adelantó la agencia Reuters, el Departamento de Estado americano está desarrollando un portal en línea que incluirá una función de red privada virtual (VPN) para disfrazar la dirección IP del usuario y hacer que su tráfico parezca llegar desde Estados Unidos. El proyecto tiene nombre: Freedom.gov, y apunta directamente a Europa.

El dominio —con extensión .gov, reservada para entidades del Gobierno de EEUU— fue registrado el pasado 12 de enero por la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA). La web ya está activa, aunque la herramienta todavía no funciona. Por ahora solo muestra un mensaje, en español: «La información es poder. Reclama tu derecho humano a la libertad de expresión. Prepárate.»

¿Qué es Freedom.gov y cómo funciona?

El concepto es bastante simple: una VPN convencional, pero pagada con dinero público americano. Al conectarte al portal, tu tráfico pasaría por servidores en EEUU, así los sitios web verían tu conexión como si vinieras de allí. Acceso directo a lo que tu país tiene bloqueado.

Detrás del proyecto está Sarah B. Rogers, subsecretaria de Estado para la diplomacia pública y una de las voces más críticas con la regulación digital europea. El diseño del sitio lo lleva Edward Coristine, ex miembro del Department of Government Efficiency (DOGE) de Elon Musk, hoy encargado de modernizar las webs del Gobierno americano.

Desde el Departamento de Estado aseguran que Freedom.gov no guardará ningún registro de actividad de sus usuarios. Sobre esa promesa conviene no fiarse demasiado, y ahora te explico por qué.

Cuidado: una VPN del Gobierno de Trump no es anonimato real

Una VPN no te vuelve invisible. Lo que hace es mover el problema: en vez de que te vea tu gobierno, te ve otro. Si usas Freedom.gov, todo tu tráfico pasa por servidores bajo control americano, lo que significa que Washington tendría acceso a cada página que visites, cada búsqueda, cada descarga.

No hace falta ser muy suspicaz para recordar lo que ya pasó. El programa de vigilancia PRISM, destapado por Edward Snowden, demostró que la NSA llevaba años recopilando datos de millones de europeos sin que nadie lo supiera. Pensar que la administración Trump va a gestionar tu historial de navegación con más respeto es, por decirlo suave, optimismo mal colocado.

La promesa de «no registrar actividad» no la puede verificar ningún organismo europeo independiente. Es su palabra. Básicamente estarías cambiando un vigilante por otro, con la diferencia de que el segundo queda fuera del alcance de cualquier ley europea.

Si lo que buscas es privacidad de verdad, tiene que venir de fuera de cualquier gobierno. NordVPN tiene una política de cero registros auditada de forma externa, servidores en más de 110 países y ningún vínculo con administración pública alguna. Es lo que marca la diferencia.

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El conflicto directo con España

España no es un objetivo casual. Pedro Sánchez lleva meses en la ofensiva contra las grandes tecnológicas: ha pedido a la fiscalía que investigue a X, Meta y TikTok por difusión de contenido ilegal generado con IA, y ya anunció que quiere prohibir las redes sociales a menores. Elon Musk respondió atacando al Gobierno español en su propia plataforma.

Si Freedom.gov se activa, cualquier ciudadano español podría usarla para acceder a contenidos que la justicia española haya ordenado retirar. Y ahí viene el detalle que resulta difícil ignorar: el mismo Musk cuyo ex colaborador diseña Freedom.gov es uno de los más golpeados por la regulación europea. X recibió una multa de 120 millones de euros de la Comisión Europea en diciembre de 2025. Que su gente esté construyendo una herramienta para saltarse esas normas no parece una coincidencia.

Los hombres detrás del proyecto

Sarah B. Rogers tomó posesión del cargo en octubre de 2025 y desde entonces ha sido la funcionaria que más duramente ha arremetido contra la regulación digital europea. Fue ella quien impulsó las sanciones americanas contra Thierry Breton, el ex comisario europeo que firmó el DSA y el DMA. Su argumento: el DSA se usó para presionar a Musk con consecuencias legales por cómo gestiona los contenidos en X.

Edward Coristine viene del DOGE de Musk y ahora moderniza las webs del Gobierno de EEUU. Su papel en Freedom.gov hace bastante difícil separar el discurso oficial sobre la libertad de los intereses corporativos que hay detrás.

¿Injerencia encubierta o defensa de la libertad de expresión?

Kenneth Propp, ex diplomático americano citado por Reuters, lo dice sin rodeos: Freedom.gov «será percibido en Europa como un esfuerzo de Estados Unidos para contrarrestar las disposiciones de las leyes nacionales». Difícil llevarle la contraria.

La postura americana tiene su lógica interna: en EEUU, cualquier restricción al discurso en internet huele a censura inconstitucional. El problema es que esa lógica no puede imponerse sobre países que han aprobado sus propias leyes por la vía democrática. Una cosa es defender la libertad de expresión y otra muy distinta es financiar herramientas para que los ciudadanos de otros países ignoren su ordenamiento jurídico.

El proyecto iba a presentarse en la Conferencia de Seguridad de Múnich a mediados de febrero. Se retrasó. Reuters apunta a que los propios juristas del Departamento de Estado tienen reservas serias sobre sus implicaciones. Cuando los abogados del promotor no están seguros, algo falla en el planteamiento.

La web está ahí, el mensaje está publicado, pero la herramienta no ha arrancado. Lo que viene ahora es ver si Washington da el paso definitivo y cómo reacciona Bruselas cuando lo haga.