Colombia
el incidente por desacato que se le atraviesa al proyecto para el traslado de Bazurto
La mega transformación urbana del Mercado de Bazurtouno de los proyectos más ambiciosos de la administración distrital, ha chocado de frente con la Rama Judicial.
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El Juzgado 11 Penal Municipal de Cartagena emitió un requerimiento al alcalde Dumek Turbay Pazdando un ultimátum de 48 horas para demostrar el cumplimiento de un fallo de tutela que le ordena la ejecución de mesas de trabajo con los comerciantes minoristas del mercado de Bazurto; de lo contrario, se enfrentaría a sanciones por desacato.
La decisión judicial, proferida tras el inicio de un incidente de desacato, se fundamenta en el incumplimiento de una sentencia del 26 de agosto de 2025.
Dicho fallo ordenaba a la Alcaldía responder en un plazo de 48 horas a la petición de diálogo presentada por Fidel Lara Díaz, presidente de ASDECOMIN (la agremiación de comerciantes independientes de Bazurto).
El eje del conflicto
La petición incumplida se centra en la firma y aplicación del Acuerdo 185 de 2023, una norma expedida por el Concejo Distrital. Este acuerdo obliga a la administración a convocar mesas institucionales de diálogo con los líderes y comerciantes minoristas de Bazurto, actores clave en el proceso de relocalización de la principal central de abastos de la ciudad.
Dumek Turbay, alcalde de Cartagena. Foto:distrito de cartagena
“Los comerciantes y pescadores del Mercado de Bazurto No pedimos favores, pedimos justicia. Queremos que el Estado nos reconozca como sujetos históricos de derecho, guardianes de la identidad y la economía popular de Cartagena, y que ponga fin a la desidia institucional que ha marginado por años nuestras legítimas aspiraciones”, señala Fidel Lara Díaz, presidente de la Asociación de Comerciantes Minoristas de Bazurto, ASDECOMIN.
Lara Díaz, denunció que la inacción de la Alcaldía afecta directamente a las 35 mil familias de comerciantes minoristas que dependen del mercado. Además, advirtió que sobre el alcalde recae una sentencia previa del Tribunal Administrativo que ordena firmar dicho acuerdo de manera “inmediatamente”, obligación que, según Lara, sigue sin cumplirse.
El traslado del mercado de Bazurto
El requerimiento judicial llega en un momento de alta actividad para la Alcaldía y la cámara de comercio de cartagenaque acaban de formalizar el inicio del Plan Maestro para la relocalización y ‘revitalización urbana’ para el mercado de Bazurto.
Entre todo el lío, Bazurto no para. Foto:John Montaño/EL TIEMPO
El alcalde Turbay ha prometido que el proceso será transparente, planificado y, sobre todo, participativo. “Esta es la primera conversación técnica para entender cómo será el proceso. No estamos tomando decisiones apresuradas; estamos poniendo orden y construyendo una hoja de ruta seria”, declaró el mandatario, asegurando que las decisiones no se tomarán “a espaldas de nadie”.
El plan contempla una división estratégica:
1. Relocalización mayorista: Traslado de la operación de abastecimiento mayorista a las afueras de la ciudad. Se espera que para enero de 2026 se identifiquen las opciones de predios en municipios vecinos, con una gran mesa técnica convocada para el 30 de enero de 2026.
2. Transformación urbana: La metamorfosis del actual espacio de Bazurto en un mega centro comercial, gastronómico y cultural, que incluye la creación de un muelle portal para integrar el transporte acuático en la Ciénaga de las Quintas.
A pesar de la ambiciosa hoja de ruta que prioriza la “socialización y cocreación” con comerciantes minoristas y mayoristas, el incidente de desacato revela una fractura de confianza y un grave incumplimiento legal que pone en entredicho la base de la gobernanza prometida. La Alcaldía se encuentra ahora en la encrucijada de acelerar el diálogo formal y el cumplimiento judicial o exponer al máximo líder distrital a las consecuencias de la ley.
El alcalde Turbay ha prometido que el proceso será transparente, planificado y participativo. Foto:Cuenta oficial de X (Twitter) @dumek_turbay
Mientras tanto, la advertencia del juez es claro para el burgomaestre: de no justificar el incumplimiento en el plazo establecido, se activarían las sanciones previstas en el Decreto 2591 de 1991, que incluyen multa y arresto para el funcionario incumplido.
El pliego de peticiones de los comerciantes de Bazurto.
Los comerciantes, pescadores y trabajadores tradicionales del Mercado de Bazurto solicitan a la Administración Distrital de Cartagena, a la Personería Distrital ya los entes de control:
1. Reconocimiento de sus derechos ancestrales, históricos y culturales adquiridos: Que el Estado reconozca y garantice la permanencia de sus actividades económicas y culturales como comunidades con raíces afrodescendientes, indígenas y populares.
2. Participación legítima y vinculante en las decisiones públicas: Que se respeta su derecho a participar activamente en la formulación, ejecución y control de las políticas públicas relacionadas con el Mercado de Bazurto y los mercados distritales, de acuerdo con los Acuerdos Distritales 185 de 2023 y 192 de 2025, y que se expida el Decreto reglamentario que haga efectiva dicha participación.
3. Cumplimiento de los fallos judiciales vigentes: Que el Distrito acate el fallo del Juzgado 15 Administrativo Oral, que impide ejecutar o celebrar contratos con la Cámara de Comercio de Cartagena, la empresa IDOM, u otras entidades mientras persista la nulidad del Decreto 0160 de 2015.
35 mil familias de comerciantes minoristas dependen del mercado. Foto:John Montaño/EL TIEMPO
4. Creación de una Mesa Institucional Permanente: Que se conforma una Mesa Distrital de Concertación y Seguimiento, integrada por las Secretarías de Gobierno, Planeación, Infraestructura, Participación, Turismo, EPA, DADIS, Tránsito y otras dependencias, junto a los representantes de ASDECOMIN, MARDIQUE y las organizaciones sociales del sector.
5. Rechazo a la desidia administrativa e institucionalizada: Denuncian la falta de respuesta oportuna y eficaz por parte de algunas dependencias distritales ante las reiteradas peticiones de las comunidades. Esa desidia vulnera, según ellos, los principios de eficacia, buena fe y moralidad administrativa consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política.
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6. Desarrollo con justicia social y sostenibilidad: Exigen que cualquier plan de modernización o reubicación se fundamente en el respeto por la vida digna, la economía popular y la protección ambiental, y no en intereses particulares o privatizadores.
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