El ministro Antonio Sanguino irá a juicio por el ‘carrusel de la contratación’ en Bogotá: Corte Suprema cerró la puerta a una posible nulidad

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó su decisión de no aceptar la nulidad solicitada por Antonio Sanguino, el actual ministro de Trabajo, en relación con la acusación que enfrenta por tráfico de influencias, vinculada al conocido “carrusel de la contratación” en Bogotá.

Esta resolución fue emitida tras evaluar el recurso de apelación presentado por la defensa del funcionario, quien había cuestionado el auto dictado el 8 de agosto de 2025 por la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte.

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El fallo de la Corte, dado el 26 de noviembre de 2025, señala que la alegación de invalidez presentada por la defensa “no es más que una especulación sobre un posible desconocimiento de las garantías invocadas, lo cual no constituye un acto que demuestre una afectación real y concreta de las mismas”.

Por lo tanto, se ratificó la decisión de primera instancia y se aclaró que no se pueden interponer recursos en contra de esta resolución.

Esta acción judicial se remonta a los hechos ocurridos entre el primer trimestre de 2008 y noviembre de 2009, cuando Antonio Sanguino se desempeñaba como concejal de Bogotá. El escrito acusatorio establece que Sanguino habría utilizado “de manera inapropiada su influencia derivada de su cargo para beneficio personal y el de Héctor Julio Gómez González”, interviniendo en la selección y nombramiento de gerentes de hospitales públicos en la ciudad.

El alto tribunal expone que Sanguino buscó la gestión del entonces alcalde mayor de Bogotá, Samuel Moreno Rojas, junto al secretario distrital de Salud, Héctor Zambrano Rodríguez, para nombrar a Liliana Patricia Paternina Macea como gerente del Hospital de Usme. La investigación sostiene que su objetivo era “mantener el control de esta institución, especialmente sobre los procesos de contratación que debían realizarse allí”.

Además, la Corte subraya que Sanguino actuó “fuera de los deberes que como servidor público debía observar, actuando con transparencia e imparcialidad para servir a la comunidad que lo eligió y garantizar el interés general, en contrapeso a las normativas legales y constitucionales que regulan la función pública.”

A pesar de que los hechos ocurrieron hace más de 15 años, la Sala de Primera Instancia desestimó la prescripción de algunos cargos al considerar que “existen elementos jurídicos aún por esclarecer”, motivo por el cual la Corte Suprema optó por continuar el proceso y llevar a juicio al ministro.

Tras conocerse la resolución del alto tribunal, Sanguino emitió un comunicado en agosto de 2025, defendiendo su trayectoria y criticando lo que él considera un manejo mediático sesgado. “Estas determinaciones del más alto tribunal de la justicia colombiana son una prueba de que, con plenas garantías constitucionales y legales del debido proceso, los ciudadanos pueden defender sus derechos, que a menudo son vulnerados por especulaciones y acusaciones irreflexivas en los medios de comunicación”, afirmó.

El ministro añadió que, como ha sido su postura durante 18 años, se presentará a todas las citaciones que le haga la Corte sin dilaciones ni maniobras evasivas. Además, hizo un llamado “a la responsabilidad y la ética periodística” para evitar titulares que, según él, distorsionan el contenido de la decisión judicial.

Con la confirmación de la Corte Suprema, la indagación sobre la actuación de Sanguino avanza, y el proceso judicial continuará su curso, estableciendo fechas para audiencias y la presentación de pruebas por parte de la Fiscalía y la defensa. Esta decisión reafirma la potestad de la Corte para dirimir recursos de nulidad y garantiza que los casos de supuesta corrupción tengan una revisión judicial apropiada.