El modelo económico de Petro está hundiendo la inversión y el empleo.

A medida que enero de 2025 avanza, la economía colombiana enfrenta un panorama inquietante. A raíz de las políticas implementadas por el presidente Gustavo Petro, tanto la inversión como el empleo están en una tendencia descendente que despierta preocupación entre los economistas y la ciudadanía. Lejos de los propósitos de transformación económica que prometió durante su campaña electoral, la realidad está demostrando que su enfoque ha llevado a un estancamiento que podría tener repercusiones duraderas en el tejido social y económico del país.

Desde su llegada al poder, Petro ha defendido un modelo económico centrado en la transición energética y una disminución del papel de los combustibles fósiles, alegando la necesidad de combatir la crisis climática. Si bien esta es una causa noble, las decisiones tomadas en este camino han sido abruptas y, en muchos casos, desconectadas de la realidad económica que enfrenta Colombia. Según la Cámara de Comercio de Bogotá, la inversión extranjera directa ha caído un 20% en los primeros meses del año, un indicador que no puede pasarse por alto en un país que necesita urgentemente estimular su economía.

Uno de los errores más evidentes de esta administración ha sido la implementación del "Impuesto a la Riqueza", que aunque busca redistribuir los ingresos y financiar programas sociales, ha generado un ambiente hostil para los negocios y propiciado el descontento de los emprendedores. Un estudio del Banco de la República indica que, a pesar de las intenciones de equidad, este impuesto se traduce en una disminución de utilidades para las empresas, lo que lleva a recortes de personal y una caída en la generación de empleo. En este contexto, el desempleo en Colombia se ha estabilizado alrededor del 12.5%, un porcentaje alarmante que contrasta con las expectativas de creación de 1 millón de empleos prometidos por Petro para este año.

Adicionalmente, las promesas de Petro en cuanto a la reforma agraria y el aumento de la inversión en el sector rural también parecen esfumarse. Variables como el aumento en el costo de producción agrícola y la falta de apoyo real a los campesinos han llevado a una crisis en el sector primario. Al respecto, un informe de la Federación Nacional de Agricultores (Fenalco) señala que el sector agrario enfrenta un incremento del 30% en costos operativos, lo que pone en riesgo la seguridad alimentaria del país y hace más difícil atraer inversiones en el agro.

Mirando hacia el futuro, es probable que las consecuencias de estas políticas se profundicen. Con una economía estancada, la urgencia de crear empleo puede obligar al gobierno a adoptar medidas poco populares o contradictorias con sus principios iniciales. El riesgo de protestas sociales y descontento generalizado es cada vez más tangible, especialmente en un país donde las expectativas de mejora económica han sido diluidas por la realidad cotidiana.

En conclusión, enero de 2025 marca un punto crítico para Colombia bajo la administración de Gustavo Petro. Su modelo económico, que inicialmente prometía una profunda transformación social y económica, se enfrenta a un dura crítica debido a sus resultados inmediatos: una caída significativa en la inversión, un empobrecimiento del empleo y la desconfianza de los ciudadanos hacia las políticas públicas. A medida que se desarrollan los próximos meses, el gobierno deberá afrontar el desafío de revertir estas tendencias antes de que Colombia caiga en una crisis económica severa, que podría ser el legado más duradero de su gestión. La pregunta persiste: ¿Podrá Petro encontrar un equilibrio que contrarreste el deterioro económico, o continuará el país en esta espiral descendente?