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La capital del Atlántico se encuentra en un estado de máxima alerta institucional. Lo que el Gobierno Nacional presenta como un paso decisivo hacia la pacificación de la región —la instalación de una mesa de diálogo sociojurídico—, es recibido por la Alcaldía Distrital y los sectores de seguridad como un riesgo de proporciones sísmicas.
En los próximos días, los líderes de las dos estructuras criminales más sanguinarias del Caribe, ‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’, serán trasladados a cárceles de la ciudad para iniciar conversaciones de paz.
La noticia ha caído como un baldado de agua fría en la alcaldía de Alejandro Char.
A través de un comunicado oficial, la Administración distrital expresó su ‘sorpresa’ y preocupación, advirtiendo que este el traslado se decidió sin la coordinación técnica necesaria entre el Distrito, la Gobernación y el Gobierno Nacional.
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Alias Castor con Digno Palomino, ahora archienemigos Foto:archivo particular
Para entender el temor de las autoridades locales, es necesario revisar la estela de violencia que ‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’ han dejado en el departamento del Atlántico durante la última década.
‘Los Costeños’: Bajo el mando histórico de alias ‘Castor’, esta estructura ha monopolizado el negocio de la extorsión contra comerciantes, transportadores y ganaderos. Se les atribuyen masacres, desmembramientos y el control de las rutas de microtráfico en el suroriente de Barranquilla y el municipio de Soledad.
‘Los Pepes’: Liderados por alias ‘Digno Palomino’, esta organización nació de una violenta escisión de ‘Los Costeños’. La guerra fratricida entre ambos grupos ha disparado la tasa de homicidios en la ciudad, convirtiendo barrios enteros en campos de batalla por el control del territorio y las rentas ilícitas.
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El fantasma de las cárceles como centros de mando.
Las bandas que han sembrado el terror en Barranquilla se habrían dirigido a Otty Patiño. Foto:EL TIEMPO y Kronos
Uno de los puntos más críticos señalados por el Distrito es la vulnerabilidad del sistema penitenciario local. La experiencia histórica en Barranquilla ha demostrado que, en el pasado, traslados similares permitieron que las cárceles de la ciudad se convirtieran en ‘centros de mando criminal’.
“Hubiera sido importante establecer una coordinación técnica para que la mesa de diálogo no se convierta en un escenario de fortalecimiento de la ilegalidad”, advirtió la Alcaldía, subrayando el temor de que, desde sus nuevas celdas, los capos reactivan las órdenes de extorsión y sicariato que habían mermado con su reclusión en cárceles de máxima seguridad del interior del país.
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Desde la Administración distrital siempre hemos apoyado los esfuerzos de paz de este y de gobiernos anteriores, pero por el alto perfil criminal de las personas que serán trasladadas a nuestro territorio hubiera sido importante poder establecer una coordinación técnica permanente entre el Distrito, la Gobernación y el Gobierno nacional con el fin de evaluar los posibles efectos de dicho traslado y tomar las respectivas medidas de seguridad ciudadana.
Elecciones 2026: Una seguridad bajo amenaza
Jorge Eliécer Díaz Collazos cuando era trasladado a La Dorada. Foto:suministrada
El traslado ocurre en un momento político de alta sensibilidad.
Con el calendario electoral de 2026 en marcha para elegir un nuevo Congreso y Presidentela presencia de estos cabecillas en el territorio genera dudas sobre la transparencia y seguridad de los comicios.
La Alcaldía ha hecho un llamado urgente a la Oficina del Comisionado de Paz ya la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) para Establecer canales de comunicación permanentes. El objetivo es anticipar cualquier alteración de la convivencia que pueda surgir como resultado del “empoderamiento” de estas estructuras en medio de las mesas de diálogo.
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¿Paz o repliegue estratégico?
Alias Castor y su padre Foto:archivo particular
Mientras el Gobierno Nacional apuesta por el desmantelamiento de estas bandas mediante el diálogo, en Barranquilla la pregunta es si las estructuras están listas para la paz o si se trata de un repliegue estratégico para recuperar el control territorial perdido. La ciudadanía, que aún recuerda las granadas lanzadas contra comercios y los panfletos amenazantes, mira con escepticismo el retorno de quienes han sido sus principales victimarios.
“Desde la Administración distrital siempre hemos apoyado los esfuerzos de paz de este y de anteriores gobiernos, pero por el alto perfil criminal de las personas que serán trasladadas a nuestro territorio hubiera sido importante poder establecer una coordinación técnica permanente entre el Distrito, la Gobernación y el Gobierno nacional con el fin de evaluar los posibles efectos de dicho traslado y tomar las medidas respectivas de seguridad ciudadana y fortalecimiento penitenciario con el fin de que las cárceles de la ciudad no se convertirán en centros de mando criminal y la mesa de diálogo en un escenario de fortalecimiento de la ilegalidad”, señala la alcaldía en comunicado de prensa.
La decisión sigue en manos del Gobierno Nacional que deberá demostrar que tiene el control de la mesa y que el traslado no se traducirá en un nuevo pico de violencia para el Atlántico.
Además, te invitamos a ver nuestro documental:
Documental de la periodista Jineth Bedoya. Foto:
Juan Montaño
Redactor de EL TIEMPO
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