El precio de la paz: cuánto ha invertido el Ministerio de Justicia en la implementación del acuerdo firmado en 2016

Al comenzar su gestión como ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo participó en una audiencia pública donde se discutieron los avances y la implementación del Acuerdo de Paz firmado con las Farc-EP en 2016.

“Este Gobierno está dedicado a construir la paz desde la institucionalidad, con reglas claras y capacidades que permitan que la paz sea una realidad en los territorios“, afirmó el ministro durante la audiencia.

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Además, reveló que desde la firma del acuerdo, el ministerio ha invertido 137.668 millones de pesos en su implementación.

Cuervo añadió que la inversión mencionada se destina a asegurar los compromisos relacionados con la firma del acuerdo y a mantener la “Paz Total”, considerándola un pilar en el trabajo del ministerio actualmente.

Entre los aspectos destacados por el ministro se contaron la justicia transicional, que comprende la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la creación de fondos para proyectos restaurativos, la legislación sobre mujeres buscadoras y la activación del Sistema Nacional de Búsqueda de personas desaparecidas.

Respecto a la política criminal, señaló que 63 de las 123 acciones son responsabilidad del Ministerio de Justicia y actualmente han logrado un avance del 73,62%, lo que califica como “un avance tangible”.

El ministro también destacó la implementación de la Ley 2292 de 2023, conocida como Ley de Utilidad Pública, que ofrece a las mujeres cabezas de familia condenadas por delitos menores reemplazar su prisión por trabajo comunitario, subrayando algunos logros de la actual administración.

Acerca del acceso a la justicia en las comunidades, Cuervo comentó que se está trabajando para cerrar las brechas históricas enfrentadas por mujeres, personas de la comunidad LGBTIQ+, lideresas sociales y diferentes comunidades étnicas e indígenas.

Otro pilar importante mencionado fue el de las políticas sobre drogas, indicando que el Gobierno ha adoptado un enfoque renovado que integra control, sustitución, salud pública y fortalecimiento institucional para desmantelar las redes del narcotráfico.

Durante la audiencia, también participó Luz Janeth Forero, directora de la unidad de búsqueda, quien instó a las entidades estatales a desarrollar una política integral en su sector.

Se hicieron presentes entidades como el Instituto Kroc, la Misión de Verificación de la ONU y la Defensoría del Pueblo, que solicitaron la aprobación de la ley ordinaria de la Jurisdicción Agraria, el primer punto del acuerdo relacionado con la reforma rural integral.

En el evento se recordó que en 2024 se aprobó la ley estatutaria de la Jurisdicción Agraria, que creó dicha jurisdicción, pero enfatizaron que su efectiva operación depende de la aprobación de la ley ordinaria que definirá sus reglas. Se anticipa que se vote en los próximos debates de esta legislatura del Congreso.

“Hemos progresado en la modernización del sistema penitenciario, en la atención de la violencia de género y en la lucha contra la corrupción en las prisiones; un resultado tangible es la implementación de la Ley de Utilidad Pública. Ya contamos con más de 2.000 plazas habilitadas y un sistema sólido para el respaldo territorial“, enfatizó el ministro, quien también dirigió mensajes al nuevo gobierno que asumirá en agosto de 2026, resaltando los desafíos que deberá enfrentar para continuar con la implementación del acuerdo.