Colombia
El rector encargado, Rafael Castillo Pacheco, defiende su nombramiento en la ceremonia de grados de la Universidad del Atlántico
En medio de la ceremonia de graduación realizada este viernes 19 de diciembre en el Pabellón de Cristalel rector temporal de la Universidad del Atlántico, Rafael Castillo Pacheco, rompió el silencio sobre las controversias que rodean su designación. El académico, nombrado por el Ministerio de Educación en el marco de la vigilancia especial que rige sobre la institución, asegurado que su encargo no requeriría un acto formal de posesión y negado tener sanciones disciplinarias vigentes que lo habitan para ejercer el cargo.
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“Esta fue de las primeras cosas que consulté y tanto localmente como nacionalmente en el Ministerio me dijeron que no demandaba un acto de posesión”, explicó Castillo en uno de sus discursos, al referirse a las dudas sobre el procedimiento. Según dijo, la designación es un acto administrativo del Ministerio que no exige formalidades adicionales.
Castillo Pacheco defiende y afirma que está habilitado para ejercer el cargo. Foto:redes sociales
El rector también abordó las versiones sobre presuntas irregularidades derivadas de procesos disciplinarios. Fue enfático: “Quiero decir que no hay inhabilidad alguna, no tengo sanción en este momento de la Procuraduría”. Aclaró que el proceso que se le atribuye corresponde a una comisión de servicios otorgada a un profesor para estudios en Argentina, quien solo recibió 15 días de salario para cumplir clases. “La Procuraduría demostró que el profesor en vez de recibir una comisión de servicios se le dio una comisión de estudio”, explicó, agregando que se trata de un caso ocurrido hace una década y que conoció hace menos de cinco años. “Toda la etapa de indagación preliminar no me vinculó y eso lo puedo probar en el expediente”, insistió.
Castillo cuestionó la actuación del ente de control: “Creo que la Procuraduría se extralimitó en un juicio que yo realmente me atrevería a decir que es absolutamente dudoso y lleno de muchas complicidades”. Con estas palabras, el rector encargado buscó desvirtuar la advertencia sobre una sanción disciplinaria que, según la Procuraduría, estaría vigente desde marzo de 2025 por cuatro meses, lo que para algunos juristas implicaría Inhabilidad para ocupar cargos públicos.
Más allá de la controversia, Castillo delineó su hoja de ruta para la universidad. Habló de un “proceso constituyente” que convocará a trabajadores, profesores y estudiantes en mesas de concertación para definir una visión colectiva. “El mensaje es unificador, integrador y vinculante; lo que queremos es trazar una visión colectiva de la universidad”, afirmó. También se refirió al paro estudiantil y dijo haber encontrado empatía con los sindicatos: “Creo que el mensaje que estamos transmitiendo es para construir una universidad modernaglobal, contemporánea, como se merece la región del Caribe”.
La defensa de Leyton Barrios anuncia acciones legales
Mientras Castillo defendía su nombramiento, la defensa del rector suspendido, Leyton Barrios Torres, ha anunciado que interpondrá nuevas acciones judiciales. El abogado Iván Cancino, apoderado de Barrios, sostuvo que su cliente es víctima de una “persecución sistemática” por parte del Ministerio de Educación. Según explicó, la elección de Barrios se realizó conforme a la normatividad vigente y cualquier decisión que la desconozca debe ser definida por las autoridades competentes, no por medidas administrativas que, a su juicio, carecen de sustento legal.
El equipo de Barrios sigue trabajando para ratificar la primera decisión del CSU. Foto:redes sociales
Cancino advirtió que la designación de Castillo podría constituir una irregularidad grave, al señalar que el nuevo rector tendría una sanción disciplinaria vigente reportada por la Procuraduría. “Esto es gravísimoporque dicha sanción, según la información que conocemos, aparece vigente y registrada ante el Ministerio de Educación Nacional”, afirmó.
El jurista también cuestionó la actuación del ministro de Educación, Daniel Rojas, al considerar que podría configurarse una falta disciplinaria e incluso una infracción penal. “Creemos que el señor ministro, mal informado, desconoció el marco legal. Quienes le suministran esa información errónea buscaban torpedear los procesos institucionales de la Universidad del Atlántico, promover la salida de un rector legítimamente elegido y nombrar a uno espurio”, agregó.
Otro conflicto para la crisis institucional
La Universidad del Atlántico atraviesa una de las etapas más complejas de su historia reciente. La intervención del Ministerio de Educación, la suspensión del rector elegido por el Consejo Superior y la designación de un encargado bajo cuestionamientos han generado un clima de tensión que se suma a paros estudiantes y divisiones internas. El caso se ha convertido en un termómetro nacional sobre cómo una intervención técnica puede —o no— reconducir una crisis donde se entrecruzan estatutos, procesos disciplinarios, tutelas y protestas.
Pancartas y carteles en contra del entonces rector electo en una protesta semanas atrás. Foto:cortesia
Por ahora, Castillo insiste en que no hay impedimento legal para ejercer la carga y promete abrir espacios de diálogo para “refundar” la universidad. La defensa de Barrios, en cambio, prepara una ofensiva jurídica que podría escalar el conflicto a instancias superiores. El desenlace está lejos del verso, pero lo cierto es que la gobernabilidad de la principal institución pública del Atlántico sigue en vilo.
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Respecto a los grados, han transcurrido con total normalidad y se celebran conforme a lo planeado. Ha habido algunos retrasos, aunque propios de la logística y organización.
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