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Como suele suceder, el inicio de cada año llega acompañado de las ineludibles alzas: salario mínimo, alimentos, matrículas escolares, administraciones residenciales y, por supuesto, el transporte público.
Por regla general, tanto el sector público como el privado realizan sus provisiones antes de finalizar la vigencia anterior.r. El objetivo es claro: evitar que los aumentos del salario mínimo y del IPC desequilibren los presupuestos del año entrante. Sin embargo, el 2025 cerró con sorpresas amargas que impactan directamente el bolsillo de los bogotanos y, en particular, a la clase mediática.
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El detonante fue la serie de medidas tomadas por el Gobierno Nacional mediante decreto de emergencia económica –tras el archivo de la reforma tributaria en el Congreso–, seguidas por emisiones de bonos de deuda pública de proporciones descomunales que han disparado el endeudamiento externo. Para rematar, se decretó un alza del salario mínimo muy superior a todas las estimaciones técnicas y rigurosas disponibles.
El aprendiz debe realizar una etapa teórica y un período productivo. Foto:iStock
No es coincidencia: estamos en un año electoral y ante el cierre de un gobierno que intentará, por todos los medios, captar la atención de la opinión pública y el respaldo electoral. De allí surgen estas decisiones arriesgadas y de corte populista. Aunque algunas las celebren ingenuamente hoy al ver un aumento nominal en sus ingresosomiten la factura que pasará la economía mañana: inflación persistente, tasas de interés al alza y el encarecimiento del crédito. A esto se suma el difícil ajuste que enfrenta el sector empresarial –especialmente las pymes– para compensar los incrementos salariales decretados, lo que con seguridad derivará en recortes de personal o en el traslado de costos al consumidor final.
Anuncian el incremento del pasaje de Transmilenio y nuevos subsidios. Foto:Mauricio Moreno. El Tiempo.
En medio de esta tormenta perfecta, no han faltado los ataques al Alcalde Mayor por incrementar el pasaje de TransMilenio. Se le critica por lo que, en realidad, es un ajuste técnico necesario para evitar que se desborde el déficit del Fondo de Estabilización Tarifaria (FET). Subir 350 pesos no es una decisión fácil, pero no se puede olvidar que los salarios de conductores, operarios y personal del sistema también subieron un 23 %, presionados por la decisión nacional.
Tampoco es cierto el argumento de que el Distrito no debía subir la tarifa porque el Gobierno Nacional apoyó la adquisición de autobuses eléctricos.s. Primero, porque esos recursos son para renovación de flota (inversión), no para subsidiar la operación diaria (tarifa); y segundo, porque esos diseños corresponden a vigencias futuras que no resuelven la caja inmediata.
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Ojalá que, con ese mismo ímpetu con el que se critica a Bogotá para tomar decisiones técnicas y sensatas, los funcionarios del Gobierno Nacional vigilaran el aumento desmedido del transporte intermunicipal, atendieran los problemas de las plataformas de transporte o, al menos, reconocieran el esfuerzo capitalino por mantener los subsidios a adultos mayores, estudiantes y población vulnerable.
El efecto de las decisiones económicas del Gobierno Nacional no se sentirá solo en el torniquete del transporte público; será un golpe duro de similar para toda la economía bogotana, cuyo soporte principal son, precisamente, el comercio, los bienes y los servicios.
OMAR ORÓSTEGUI
Director del Laboratorio de Gobierno de la Universidad de La Sabana
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