Nuevamente, los titulares de prensa se concentran en un asesinato a plena luz del día y en vía pública. Esta vez, las víctimas fueron el empresario. Gustavo Andrés Apontepropietario de Arroz Sonora, y su escolta, el intendente retirado Luis Gabriel Gutiérrez. El escenario tiene una carga simbólica inquietante: la calle 85 con carrera Séptima, el mismo punto donde el 24 de julio de 2023 fue asesinado, bajo una modalidad similar, El empresario Alberto Ortega. Es uno de los sectores con mayor densidad de cámaras de seguridad del país y, aún así, el crimen se ejecutó con precisión quirúrgica.
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En teoría, la videovigilancia debería funcionar como disuasivo. En la práctica, pareciera no importar. Los delincuentes no temen quedar registrados porque no actúan al azar. Estudian a la víctima, sus patrones de movimiento, sus hábitos y los espacios en los que pueden ejecutar su propósito homicida. Todo está calculado, incluso los detalles más mínimos: la espera previa, el ataque y la huida en motocicleta.
Estamos ante un fenómeno que viene creciendo de manera considerable en las ciudades del país, y sobre el cual he reflexionado en varias oportunidades en estas páginas. El sicariato no es un hecho aislado —como han querido presentarlo algunas autoridades al afirmar que, por lo regular, responde a “ajustes de cuentas” entre bandas criminales—. Por el contrario, estamos frente a un patrón delictivo que exige una respuesta institucional más robusta y, sobre todo, preventiva. La investigación debe ser el punto de partida, no el recurso tardío cuando la noticia ya pasó.
Lo que estamos viendo son estructuras organizadas que cobran por cometer un crimen. Consiguen el arma, contactan al asesino y articulan un grupo de apoyo que sigue a la víctima, reconoce el terreno y analiza rutas de escape. No se trata solo de un “gatillero”, sino de una cadena criminal con logística, inteligencia y coordinación.
Video del sicariato en la calle 85. Foto:Captura de pantalla.
Solo en Bogotá, en lo corrido de este año, se contabilizan 53 casos de sicariato. Y, en demasiadas ocasiones, terminan siendo crímenes sin resolver.
Aunque surgen escenarios variados —venganza, robo o control territorial—, es en la extorsión donde deben concentrarse con mayor rigor las investigaciones. Las estadísticas evidencian un crecimiento desproporcionado de este delito y los comerciantes aparecen como principales víctimas. Muchas no denuncian por un miedo fundado a las represalias; por ello, resulta difícil precisar la verdadera dimensión del fenómeno, ya que las cifras oficiales dependen en gran medida de la denuncia formal.
Lo más grave es que, en este contexto, el sicariato puede estar operando como brazo armado de la extorsión: el mecanismo para materializar amenazas y enviar un mensaje a quienes se niegan a pagar. Así, las bandas criminales fortalecen su control operativo y simbólico y demuestran que tienen la capacidad de llevar las advertencias hasta las últimas consecuencias.
Tiroteo en Bogotá Foto:REDES SOCIALES / EL TIEMPO
Ante este panorama, el ciudadano queda desprotegido. Algunos optan por el blindaje y la seguridad privada; otros abandonan el país; y muchos terminan cediendo al chantaje, convertidos en presa fácil de organizaciones que saben cómo intimidar.
Todo esto evidencia una debilidad enorme por parte de las autoridades para proteger a las víctimas, combatir el fenómeno delincuencial y judicializar a los responsables. Y mientras el Estado llega tarde —o no llega—, la ciudad aprende una lección peligrosa: matar es posible, amenazar funciona y la impunidad es parte del cálculo.
Proteger la vida debe ser el mandato innegociable del Estadopor encima de cualquier excusa o balance estadístico. Si el Estado no rompe este ciclo, lo que se normaliza no es la violencia: es la impunidad.
OMAR ORÓSTEGUI
Director Govlab
universidad de la sabana
