El Consejo Nacional Electoral (CNE) encendió las alarmas este martes sobre la viabilidad de los comicios territoriales de 2027. En una entrevista con El Colombiano, el presidente del organismo, Juan Felipe Lemos, advirtió que el presupuesto aprobado por el Congreso para ese año —$1,3 billones— es $900.000 millones menos de lo que la entidad había solicitado, y que con ese monto no podrán garantizarse todos los componentes del proceso electoral, en especial los relacionados con los derechos de la oposición política.
Este miércoles 16 de septiembre, el CNE presentará ante el Congreso una proposición de ampliación presupuestal. La petición es de $300.000 millones adicionales, que elevarían el total a $1,6 billones: el umbral mínimo con el que la entidad calcula que puede cumplir sus funciones centrales durante 2027.
Qué servicios están en riesgo con $1,3 billones
Lemos explicó con precisión qué pasaría si el presupuesto queda como fue aprobado: el CNE priorizaría el control directo de la jornada electoral, pero tendría que recortar tres rubros que también son obligatorios por ley:
- Estatuto de Oposición: la norma garantiza a los partidos de oposición el acceso a medios radiales y televisivos para ejercer sus derechos políticos, no solo a nivel nacional sino en departamentos y municipios. Ese componente territorial estaba presupuestado en cerca de $656.000 millones. Lemos cree que con $150.000 millones podría sostenerse una versión reducida.
- Reposición de votos: el pago que el Estado hace a los partidos por cada voto obtenido en elecciones pasadas. El CNE ya arrastra una deuda acumulada de aproximadamente $439.000 millones desde 2018. En años electorales ese rubro suele aplazarse para no afectar la logística de la jornada, y 2027 no sería la excepción si no llegan recursos adicionales.
- Financiamiento ordinario de partidos: los recursos que el Estado transfiere a los partidos políticos para su funcionamiento permanente, independiente de las campañas.
La magnitud logística de los comicios territoriales
Lemos recordó que las elecciones territoriales, previstas para octubre de 2027, son estructuralmente más complejas que cualquier otro cicio electoral colombiano. “Mientras que en las elecciones de Congreso participan unos 2.500 candidatos, en las elecciones territoriales participan cerca de 125.000”, señaló el funcionario al diario antioqueño.
Eso significa más puestos de votación activos, más jurados, mayor vigilancia y una coordinación logística que demanda recursos proporcionales a esa escala. En ese contexto, el recorte de $900.000 millones no es solo un ajuste administrativo: incide directamente en la capacidad operativa del organismo que debe garantizar que las elecciones se realicen en condiciones de equidad.
La petición al Congreso y las perspectivas
El CNE también prepara un proyecto de ley orgánica para desarrollar su autonomía financiera, que está reconocida en el artículo 265 de la Constitución pero nunca ha tenido desarrollo legislativo. Esa ausencia ha mantenido a la entidad en una relación de dependencia presupuestal con la Registraduría, situación que la propuesta busca modificar.
Lemos reconoció que percibe una “disposición favorable” en el Congreso para ampliar la asignación, aunque aclaró que el organismo no necesita recuperar la totalidad de los $900.000 millones recortados: solo los $300.000 millones mínimos que permitirían garantizar la vigilancia electoral, el funcionamiento básico de los partidos y la reposición de votos en 2027.
La decisión del Congreso, que este miércoles recibirá la proposición formal del CNE, determinará si los próximos comicios territoriales —los más grandes en número de candidatos de toda la arquitectura electoral colombiana— podrán desarrollarse con plenas garantías para todos los actores del sistema político.