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La tensión en la zona del Catatumbo ha escalado después de que se confirmara el secuestro de cinco patrulleros de la Policía Nacional en El Tablazo, un área del departamento de Norte de Santander, en la madrugada del 6 de enero.
El Ejército de Liberación Nacional (ELN) divulgó un comunicado oficial el 9 de enero, asumiendo la responsabilidad de esta acción: “Cinco patrulleros de la Policía Nacional fueron capturados por unidades del ELN, en la vía que une Cúcuta y Tibú”.
De acuerdo con el grupo armado, los agentes, quienes fueron interceptados a las 4:40 a. m. del 6 de enero, se encontraban en un vehículo de servicio público.
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En un comunicado dirigido a la población colombiana, el Frente de Guerra Nororiental del ELN reveló los nombres de los uniformados: Daniel de Jesús Granada Quiroz, Ramón Alberto Coronel Medina, Edwin Fabián Manosalva Contreras, José Ricardo Camillo Romero y Carlos Eduardo Barrera.
El grupo insurgente también garantizó que “los cinco prisioneros están en buen estado de salud y recibirán trato digno, atención humanitaria y protección adecuada”.
El mensaje del ELN indicó que las fuerzas policiales de Tibú “han sido convertidas, por orden presidencial, en apoyo a la banda narcoparamilitar del Frente 33 de la ex-Farc, lo que les ha permitido a estos narcoparamilitares actuar criminalmente contra la población del Catatumbo”.
También indicaron que “los hace cómplices y participantes del accionar criminal de los narco bandidos”.
El grupo armado señaló que en los próximos días anunciará las condiciones bajo las cuales se podría liberar a los patrulleros, aunque subrayaron que esta decisión estará sujeta a la actividad de las Fuerzas Militares del Estado colombiano en la región. El comunicado finalizó con un lema que identifica a la organización: “¡Colombia… para los Trabajadores! ¡Ni un paso atrás… liberación o muerte!”.
El general William Oswaldo Rincón, director de la Policía Nacional, anunció la implementación de un extenso operativo conjunto entre las fuerzas de seguridad, las Fuerzas Militares y las autoridades judiciales para localizar a los patrulleros, resaltando la importancia de la colaboración ciudadana. Se habilitó la línea 123 y el número 314 358 7212 para recibir información confidencial que pueda ayudar en la liberación, asegurando completa reserva a quienes ofrezcan su colaboración.
“La recompensa de hasta $200 millones está destinada a quienes proporcionen información que facilite la liberación de los uniformados”, manifestó el general Rincón a Infobae, subrayando el carácter “repudiable” de este crimen: “Este hecho atenta no solo contra la vida y la libertad de nuestros uniformados, sino también contra los principios más básicos de dignidad y humanidad, afectando gravemente la paz y tranquilidad de toda la nación”.
Recientemente, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, comentó que los patrulleros estaban fuera de servicio, vestidos de civil y sin armas en el momento del secuestro. Sánchez especificó que este caso se asemeja a la modalidad de “pesca milagrosa” debido a la cantidad de víctimas, aunque destacó el modus operandi: los secuestradores, en ropa civil y ocultando sus armas, revisaron los celulares e identificaron a los agentes para proceder a su captura.
El ministro también recordó que actualmente hay nueve uniformados secuestrados por grupos armados, y envió un mensaje a sus familias: “Nunca dejaremos a nuestros uniformados atrás. Aunque estén en cautiverio, no los olvidamos. El secuestro es un crimen que viola cualquier principio de humanidad. Quienes los retienen deben considerar a sus familias y liberarlos inmediatamente. Colombia entera lo exige. A las familias de nuestros nueve uniformados: no están solas”.
En contexto, la región del Catatumbo enfrenta un deterioro del orden público debido a la lucha entre organizaciones armadas ilegales, lo que potencia los riesgos para los agentes estatales y civiles. Las autoridades han reiterado el llamado al respeto por los derechos fundamentales de los secuestrados y han exigido su regreso seguro e inmediato. Las operaciones de búsqueda continúan activas, y la recompensa busca incentivar a la población local a proporcionar información valiosa para esclarecer el caso.
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