Embargo de salario en 2026: estos son los topes legales y porcentajes que fija la ley para trabajadores

Los embargos salariales siguen siendo una de las herramientas legales implementadas en Colombia cuando no se logran acuerdos entre deudores y acreedores, en procesos judiciales que examinan el incumplimiento de obligaciones financieras.

Según un informe publicado por Semana, esta medida solo se activa tras una autorización de una autoridad competente.

En el país, las deudas por créditos hipotecarios, préstamos bancarios, obligaciones con particulares, cooperativas o compromisos alimentarios pueden resultar en embargos, siempre que se cumplan los requisitos estipulados en la ley.

El salario, como ingreso regular, se considera uno de los bienes potencialmente embargables, aunque con ciertos límites establecidos.

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Un aspecto crucial de la regulación actual es que no todo el salario es embargable. La legislación en Colombia establece diferencias basadas en el tipo de deuda y el nivel de ingresos del trabajador.

Para obligaciones alimentarias o deudas con cooperativas legales, el embargo podría alcanzar hasta el 50 % del ingreso mensual, porcentaje estipulado por la normativa.

En cuanto a otros tipos de obligaciones financieras, como deudas con entidades bancarias o personas naturales, los criterios son diferentes. Según lo indicado por Semana, si el salario del trabajador es solo el mínimo legal, este ingreso se considera inembargable y no puede ser sujeto a retención.

Sin embargo, si el salario supera el mínimo legal, la autoridad judicial puede autorizar el embargo de una parte del excedente. En estos casos, el porcentaje máximo permitido es del 20 % sobre lo que exceda el salario mínimo, respetando el umbral de subsistencia que establece la ley laboral.

Otro aspecto importante en los procesos de embargo es que las deudas son personales. En general, un individuo no puede ser afectado por obligaciones contraídas por familiares. No obstante, hay excepciones mencionadas en la ley, especialmente en situaciones de codeudoría o en casos derivados de sucesiones.

De acuerdo al marco normativo, los embargos pueden afectar no solo salarios, sino también cuentas bancarias, bienes muebles e inmuebles, siempre que exista una orden judicial. Estas medidas se aplican a personas que no han cumplido con el pago de impuestos, multas, sanciones, intereses u otras obligaciones.

Las autoridades han indicado que los ciudadanos pueden verificar su situación financiera a través de los portales oficiales de la Dian y otras entidades públicas, donde es posible consultar deudas pendientes, procesos de cobro y notificaciones administrativas. Estos medios permiten conocer si existen acciones que puedan llevar a embargos.

En Colombia, los procesos de embargo se dividen en dos tipos: ejecutivos y preventivos. Los primeros se aplican cuando hay una obligación clara y exigible, mientras que los segundos buscan proteger bienes anticipadamente dentro de un procedimiento judicial en curso.

Entre las acciones que puede emprender la Dian frente a deudores se incluyen embargos sobre cuentas y bienes, así como la inclusión en el Boletín de Deudores Morosos del Estado, siempre que la deuda supere los $ 7.117.500, equivalente a 5 SMMLV, y tenga más de seis meses de mora.

Adicionalmente, cuando el caso lo justifique, los procesos pueden continuar por la vía penal, dependiendo de la naturaleza de la obligación y el incumplimiento. Todas estas acciones deben llevarse a cabo dentro del marco legal y bajo la supervisión de las autoridades judiciales competentes.

Como recuerda Semana, los embargos no se implementan de forma automática, sino que son parte de un procedimiento regulado que busca equilibrar el derecho del acreedor a recuperar su dinero con la protección del ingreso mínimo del trabajador, conforme a la legislación colombiana vigente para 2026.