[ad_1]
La reciente declaración de emergencia económica por parte del Gobierno Nacional ha provocado reacciones rápidas de diversos sectores productivos del país.
Una de las respuestas más importantes llegó del sector financiero, que alertó sobre las implicaciones de las medidas extraordinarias permitidas bajo este mecanismo constitucional.
La emergencia económica permite al Ejecutivo implementar decisiones tributarias y fiscales sin seguir el procedimiento habitual del Congreso de la República.
Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel
En este contexto, se abre la posibilidad de incrementar la carga impositiva sobre las entidades financieras para fortalecer el recaudo a corto plazo y atender las necesidades que el Gobierno considera prioritarias.
Jonathan Malagón, presidente de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria), indicó que la medida carecería de justificaciones concretas que respalden su implementación.
Malagón, en un video en X, expresó que la decisión “no tiene base jurídica ni técnica. No existe ninguna justificación que avale una medida de este tipo, en especial porque revive una reforma tributaria fracasada, derrotada en el Congreso”.
Uno de los puntos clave del aviso del gremio aborda el impacto directo de la carga tributaria sobre el sistema bancario. Según Malagón, una nueva carga impositiva por la emergencia podría resultar en una ‘sobretasa’ adicional al impuesto sobre la renta, llevando este tributo hasta el 50 %. En este escenario, él indicó que la mitad de la actividad bancaria se traduciría en ingresos para el Estado.
El líder gremial destacó que este nivel de tributación colocaría a Colombia entre los países con menor competitividad tributaria en el sector financiero. Afirmó que el país quedaría “junto a las Islas Comoras como uno de los países con menor competitividad tributaria a nivel global”, una comparación que ilustra la carga fiscal proyectada.
Desde la perspectiva financiera, las consecuencias de esta medida no se limitarían a las cuentas bancarias. Asobancaria advirtió que el aumento de los costos en el sistema bancario podría impactar a varios sectores de la economía real, afectando a aquellos que dependen del crédito como medio de financiamiento.
En este sentido, Malagón advirtió que “esto también tiene efecto en las familias que buscan acceder a un crédito de vivienda, en los empresarios que desean ampliar su producción, en los estudiantes que desean financiar su educación, y en el acceso al crédito en general en Colombia.”
El comunicado también situó estas advertencias dentro del contexto macroeconómico actual. Según el presidente de Asobancaria, la emergencia económica se decreta en un periodo de inversión moderada y crecimiento limitado, lo cual, desde su análisis, aumenta los efectos potenciales de una mayor carga tributaria sobre el sistema financiero.
Otro aspecto mencionado es la relación entre la declaración de emergencia y debates fiscales previos. El gremio señala que algunas de las medidas que podrían implementarse bajo este mecanismo retoman propuestas que previamente fueron discutidas y rechazadas en el proceso legislativo normal, lo que genera dudas sobre el camino elegido para su ejecución.
Además, diferentes actores han anunciado acciones legales ante la Corte Constitucional para evaluar la legalidad del decreto de emergencia y de las normas que se generen en su desarrollo. Estas acciones buscan que el tribunal revise si se cumplen los requisitos constitucionales para justificar una situación de emergencia y la adopción de medidas excepcionales.
Malagón también enfatizó que una mayor intervención del Estado en la economía, consecuencia de este tipo de decisiones, podría alterar el equilibrio entre los sectores público y privado. En declaraciones recogidas por Portafolio, comentó que “este tipo de medidas finalmente desplazan al sector privado a favor del sector público, poniendo en riesgo el crecimiento económico a largo plazo.”
La declaración de emergencia económica otorga al Gobierno la facultad de emitir decretos con fuerza de ley por un periodo limitado, que posteriormente deben ser revisados por la Corte Constitucional. Mientras tanto, sectores como el financiero analizan los posibles efectos de las nuevas disposiciones, sobre todo las referentes a impuestos, recaudo y acceso al crédito en Colombia.
[ad_2]
