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La emergencia económica decretada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro abrió un nuevo capítulo en la ya tensa discusión fiscal del país. Con esta decisión, el Ejecutivo se habilita para expedir decretos con fuerza de ley, incluyendo medidas tributarias, con el objetivo de recaudar 16,3 billones de pesos en 2026, recursos que permitirían cerrar el faltante de un presupuesto nuevamente desfinanciado.
La medida se adopta luego del fracaso de la reforma tributaria en el Congreso, lo que implica que, aunque el trámite legislativo no prosperó, algunos contribuyentes no se librarían de nuevas cargas impositivas, esta vez por la vía excepcional. Para analistas, empresarios y gremios, más allá del contenido específico de los impuestos, el mensaje que se está enviando a los mercados locales e internacionales es de incertidumbre institucional y fragilidad fiscal.
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En su más reciente alocución, el Presidente Gustavo Petro anticipó los primeros impuestos que se ajustarán al amparo de la emergencia económica, como las tasas del impuesto al patrimonio para personas naturales y empresas, así como la sobretasa del sector financiero, con los que espera recaudar más de 3,6 billones de pesos.
A la espera del decreto que oficialice los nuevos tributos, Germán Ávila, ministro de Hacienda, salió a desmentir uno de los rumores que más inquietud generó en los últimos días: la eventual creación de un 5 x 1.000 a las transacciones financieras.
Lo que sí confirmó el jefe de la cartera de Hacienda es que el Ejecutivo mantiene en el radar un aumento significativo del impuesto al patrimonio, en línea con lo que ya se había planteado en la fallida reforma tributaria. Según explicó, las tarifas serían progresivas y más altas que las actuales.
“Los patrimonios que están entre 3.600 y 6.000 millones de pesos tendrían una tasa de 1 por ciento; entre 6.000 y 12.000 millones pagarían 2 por ciento; la tarifa de los de entre 12.000 y 100.000 millones llegaría a 3 por ciento; y los de más de 100.000 millones pagarían un 5 por ciento”, detalló.
Germán Ávila, ministro de Hacienda y Crédito Público. Foto:ELTIEMPO.
Otro de los anuncios que más controversia ha generado es la intención de imponer una sobretasa adicional de 10 puntos al impuesto de renta del sector financiero, lo que llevaría la tarifa efectiva del 40 al 50 por ciento, una de las más altas del mundo.
Adicionalmente, han circulado versiones sobre impuestos al consumo de licores, vinos, aperitivos, cigarrillos y tabaco, aunque el propio Gobierno ha reconocido que aún no hay certeza sobre su inclusión en los decretos.
Señal de alerta
La declaratoria de emergencia se produce en un contexto fiscal particularmente delicado. Es el segundo año consecutivo en el que el Gobierno presenta un presupuesto atado a la aprobación de nuevos ingresos que no están garantizados, mientras el gasto sigue creciendo.
Para Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo, la señal que se envía es preocupante. “La declaratoria de emergencia envía una señal inquietante sobre la situación fiscal y la capacidad de gestión del Gobierno, al recurrir a mecanismos excepcionales para atender desbalances que son estructurales y conocidos”, advirtió.
Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo. Foto:Andrea Moreno. El Tiempo
Según Mejía, el impacto más profundo no vendrá solo de los decretos, sino del aumento de la incertidumbre macroeconómica, que puede traducirse en mayor prima de riesgo, presiones sobre tasas de interés y tipo de cambio, y aplazamiento de decisiones de inversión.
“En ausencia de un ajuste fiscal creíble, la emergencia puede terminar siendo un paliativo transitorio con costos económicos permanentes”, afirmó.
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Impacto en la confianza y la inversión
Desde el frente empresarial, una de las críticas más duras ha venido de María Claudia Lacouture, presidenta de AmCham Colombia, quien cuestiona tanto la legalidad como la conveniencia económica de la medida.
“La declaratoria de emergencia es inconstitucional e impertinente, porque no se sustenta en un hecho sobreviniente y extraordinario, como exige la Constitución”, señaló, al advertir que los argumentos del Gobierno responden a problemas estructurales y previsibles.
Más allá del debate jurídico, Lacouture subrayó el efecto inmediato sobre la economía real. “Una emergencia eleva la incertidumbre en un momento en el que el país necesita reglas estables. Esa incertidumbre se traduce en menos inversión, decisiones empresariales en ‘modo pausa’, postergación de proyectos y menor dinamismo productivo”, explicó.
María Claudia Lacouture, presidenta de AmCham Colombia y de Aliadas Foto:Amcham Colombia
A su juicio, los decretos tributarios que se expidan podrían generar choques transversales, mayores costos operativos, presión sobre flujos de caja y un aumento del riesgo jurídico, con efectos tanto para empresas como para consumidores.
Golpe al crédito y al crecimiento
Uno de los sectores más directamente afectados sería el financiero. Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, advirtió que una sobretasa de esta magnitud tendría efectos que irían mucho más allá de los bancos.
“Se está hablando de llevar la tarifa efectiva de renta del sector del 40 al 50 por ciento, la más alta del mundo, solo comparable con Islas Comoras”, afirmó.
Según Malagón, este aumento encarecería el crédito entre 100 y 150 puntos básicos para hogares y empresas.
En un contexto en el que la inversión en Colombia apenas ronda el 16 por ciento del PIB, debilitar el crédito, añadió, es debilitar el principal motor de la reactivación económica.
Aumento de la sobretasa de sector financiero encarecería el crédito entre 100 y 150 puntos básicos. Foto:Andrea Moreno. EL TIEMPO
Mayor Incertidumbre
César Pabón, director ejecutivo senior de investigaciones económicas de Corficolombiana, reconoce que aún es “muy pronto para advertir los impactos definitivos de la emergencia económica pues aún no se conocen en detalle los decretos que se desprenden de esta”. Sin embargo, subraya que los anuncios del Gobierno ya han incrementado la incertidumbre de manera transversal en los sectores productivos.
En particular, apunta a dos elementos: la propuesta de llevar la tasa de renta del sistema financiero cerca del 50 por ciento, “lo que supone una carga muy onerosa para un sector que es el vaso comunicante de toda la actividad productiva”, y la posibilidad de impuestos al patrimonio tanto de personas jurídicas como naturales, lo que, en su opinión, “ha tenido incidencia negativa en la movilización de capitales del país e, incluso, en muchos casos, repatriación de capitales de fuentes de inversión extranjera directa”.
Incertidumbre podría prolongarse en el largo plazo, porque se están cambiando las reglas de juego. Foto:iStock
Pabón advierte que, de materializarse estas medidas, podría generarse “el miedo de una salida importante de capitales”, incrementando sustancialmente el riesgo para la actividad económica. Más allá de estos puntos, enfatiza que la incertidumbre no solo se refleja en el corto plazo, sino que su efecto “podría prolongarse en el largo plazo, porque básicamente estamos cambiando las reglas de juego bajo una decisión arbitraria, sin los debidos procesos para una reforma de financiación”, que aún no se ve justificada como una verdadera situación de emergencia económica.
Amenaza a la institucionalidad
Desde la Andi, su presidente Bruce Mac Master expresó una profunda preocupación por el uso reiterado de mecanismos excepcionales. “La emergencia económica es un estado constitucional muy excepcional, y acudir a él con una argumentación débil es una amenaza muy fuerte a la institucionalidad y a la democracia”, señaló.
Mac Master advirtió que estas decisiones están teniendo efectos directos sobre el costo de la deuda y la liquidez del país, al alimentar la percepción de riesgo.
Bruce Mac Master, presidente de la Andi. Foto:César Melgarejo
“El gran causante de los intereses altos es el Gobierno, por la incertidumbre que genera. Esto le está costando muchísimo al país y le va a costar mucho más hacia adelante”, afirmó.
Para Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, el problema también es jurídico, pero con consecuencias económicas inmediatas.
“La inconstitucionalidad del decreto resulta evidente. No se cumplen los requisitos de sobreviniencia, gravedad e inminencia”, afirmó.
Cabal alertó especialmente sobre los impuestos indirectos, que no admiten reversión. “Aun si la Corte Constitucional los anula luego, el daño económico ya estaría consumado”, advirtió, señalando impactos sobre consumo, inversión y empleo formal.
Las advertencias gremiales también se extienden al frente de la deuda y los mercados.
Por ejemplo, Master insistió en que la preocupación de los empresarios no se limita al contenido puntual de los impuestos, sino al precedente institucional que se está sentando. A su juicio, el Gobierno ya había optado por no tramitar sus iniciativas fiscales a través del Congreso y, en su lugar, ha buscado reiteradamente apoyarse en mecanismos excepcionales.
El presidente se queja de que le toca pagar intereses muy altos, pero desde el principio los empresarios le advertimos que generar incertidumbre sobre la regla fiscal y el manejo macroeconómico iba a devolverse en intereses más altos y menor caja.
bruce mac masterpresidente de la Andi
En ese sentido, advirtió que esta forma de actuar genera un ambiente de incertidumbre profunda para ciudadanos, empresarios y mercados, justo cuando la economía necesita señales claras de estabilidad.
También vinculó la emergencia con el deterioro del manejo de la deuda y la liquidez del país, señalando que la pérdida de confianza se ha traducido en mayores costos financieros para el Estado. Recordó operaciones recientes de financiamiento realizadas fuera de los canales habituales del mercado, con altos costos y baja competencia, como una señal de estrés fiscal.
“El presidente se queja de que le toca pagar intereses muy altos, pero desde el principio los empresarios le advertimos que generar incertidumbre sobre la regla fiscal y el manejo macroeconómico iba a devolverse en intereses más altos y menor caja”, afirmó.
En su opinión, los recursos que se buscan recaudar vía emergencia “no solucionan el problema de fondo” y, por el contrario, podrían agravar la situación para el próximo gobierno.
Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco. Foto:César Melgarejo. Archivo EL TIEMPO
En la misma línea, Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, enfatizó que la emergencia económica no solo plantea un debate constitucional, sino que tiene efectos económicos inmediatos y potencialmente irreversibles.
Para el dirigente gremial, esta situación eleva el riesgo jurídico, afecta el consumo y la inversión, y envía una señal negativa a mercados y calificadoras, al reforzar la percepción de improvisación fiscal en un entorno ya marcado por altos costos, caída de la confianza empresarial y un déficit fiscal creciente.
Fragilidad fiscal
Desde el frente académico, José Mauricio Salazar, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, fue enfático en que el problema de fondo no se resuelve con decretos.
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“La situación fiscal es estructural y no se resuelve con medidas de corto plazo. Los ajustes de última hora están deteriorando la confianza de los mercados y comprometiendo la estabilidad económica”, señaló.
Salazar recordó que ya se observan señales claras de deterioro, como la reciente rebaja en la calificación crediticia por parte de Fitch y los retrasos en pagos a contratistas, que podrían trasladar presiones fiscales hacia 2026.
Mientras el Gobierno avanza en la redacción de los decretos, la emergencia económica ya está siendo leída por los mercados como una señal de debilidad fiscal, improvisación y riesgo institucional. Más allá de los impuestos específicos que se aprueben, el debate de fondo gira en torno a la credibilidad del manejo macroeconómico, la estabilidad de las reglas de juego y la capacidad del país para corregir desequilibrios estructurales sin sacrificar crecimiento, inversión y empleo.
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