La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) envió una comunicación formal a la Corte Constitucional en la que expresa su preocupación por la eventual declaratoria de un estado de emergencia económica y solicita al alto tribunal evaluar la adopción de medidas urgentes, incluida la suspensión provisional de un eventual decreto, para evitar afectaciones al orden constitucional y a los contribuyentes.
En la carta, fechada el 19 de diciembre de 2025 y firmada por Bruce Mac Master, presidente del gremio de los empresarios se advierte que, aunque el Gobierno ha anunciado de manera pública la inminencia de la declaratoria, el decreto aún no ha sido expedido. No obstante, señala que existen indicios claros de que dicha decisión podría adoptarse durante el período de vacancia judicial, lo que, a su juicio, impediría una reacción oportuna de la Corte y abriría la puerta a la adopción de medidas urgentes sin el debido control constitucional.
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El gremio empresarial sostiene que no existe un hecho sobreviniente, imprevisible e irresistible que habilite al Ejecutivo para acudir a un estado de excepción, como lo exige la Constitución y la Ley Estatutaria de Estados de Excepción.
Bruce Mac Master, presidente de la Andi. Foto:Héctor Fabio Zamora. EL TIEMPO
Según la ANDI, los factores que el Gobierno ha mencionado —como el aumento del costo de la deuda pública, las obligaciones del sector salud, los subsidios a la energía o la caída en el recaudo— son situaciones previsibles y derivadas de decisiones de política pública adoptadas con anterioridad, coincidiendo con la misma lectura que han hecho otros gremios como AmCham Colombia.
Asimismo, la comunicación recuerda que el archivo del proyecto de ley de financiamiento por parte del Congreso tampoco puede considerarse un hecho sobreviniente, dado que ese desenlace hace parte del funcionamiento normal del debate democrático y está contemplado dentro de los riesgos propios del trámite legislativo.
Para la Andi, el ordenamiento jurídico ya prevé mecanismos ordinarios para enfrentar un presupuesto desfinanciado, sin necesidad de acudir a instrumentos extraordinarios.
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El gremio también descarta que exista una perturbación grave e inminente del orden económico. En ese sentido, señala que el faltante presupuestal estimado por el propio Gobierno para 2026 —equivalente a cerca del 2,9 por ciento del presupuesto— no ha sido debidamente explicado ni cuantificado en términos de impactos específicos que justifiquen una emergencia económica.
Germán Ávila, Minhacienda, confirmó la decisión del decreto de Emergencia este 19 de diciembre. Foto:GERMAN AVILA
Otro de los puntos centrales de la carta es la advertencia sobre los posibles efectos para los contribuyentes. La Andi alerta que, bajo un decreto de emergencia, podrían imponerse nuevas obligaciones tributarias en un marco que vulneraría principios constitucionales, lo que generaría perjuicios difíciles de reparar para la economía y el sector productivo.
Por estas razones, el gremio solicita a la Corte Constitucional que, en caso de expedirse un decreto de emergencia sobre bases abiertamente inconstitucionales, evalúe la posibilidad de decretar su suspensión provisional, como mecanismo excepcional para proteger el orden constitucional y evitar daños irreparables en el corto plazo.
