Colombia
Empresas de vigilancia exigen claridad sobre “18 licencias exprés” tras escándalo de alias Calarcá
La irritación se hizo evidente tras la revelación de los supuestos vínculos entre miembros de las disidencias de las Farc, en particular alias Calarcá, con el general del Ejército Juan Miguel Huertas y el director de Inteligencia de la DNI, Wilmar Mejía.
El ámbito de la vigilancia privada argumentó que el incidente no solo perjudica la reputación institucional, sino que también despierta dudas acerca del manejo reciente de las autorizaciones para la operación de diversas empresas.
Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook
Las empresas agrupadas en el sector aseguran que la situación demanda respuestas rápidas de parte de la Fiscalía y otros organismos de control.
Aseguran que la polémica suscita dudas sobre procesos que deberían ser transparentes, dado lo delicado de la actividad de vigilancia y seguridad privada en el país.
El presidente de la Confederación Nacional del Gremio de la Vigilancia Privada (CONFEVIP), Miguel Ángel Díaz, hizo un llamado para que se aclare el asunto de “18 licencias exprés” que, según sus afirmaciones, fueron emitidas en los últimos cuatro años. Los empresarios consideran fundamental determinar si esas autorizaciones cumplían con los requisitos legales o si están ligadas a acciones irregulares.
Díaz enfatizó que el escándalo reciente aumenta la necesidad de una revisión exhaustiva de esos trámites: “Necesitamos que la Fiscalía investigue alrededor de 18 licencias exprés que se expidieron en los últimos cuatro años. Por ello requerimos claridad y, sobre todo, celeridad en las investigaciones, así como conclusiones claras de quiénes están violando la ley y quiénes estamos cumpliendo con ella”.
Al mismo tiempo, la Procuraduría General de la Nación ha comenzado a tomar medidas disciplinarias en relación al caso que involucra al general Huertas y a Wilmar Mejía. El organismo anunció la suspensión provisional de ambos funcionarios mientras se avanza en la investigación acerca de sus presuntos nexos con estructuras ilegales.
El escándalo salió a la luz tras denuncias sobre posibles conexiones entre los funcionarios mencionados y individuos de las disidencias de alias Calarcá.
Aunque las autoridades aún no han emitido conclusiones definitivas, la apertura de las indagaciones ha tenido un impacto inmediato en varios sectores, especialmente entre las empresas que deben cumplir requisitos estrictos para operar.
Para las empresas de vigilancia privada, esta situación subraya la necesidad de revisar el sistema de licenciamiento en el país.
Aseguran que, en un sector donde la idoneidad y legalidad de los operadores son esenciales para garantizar la seguridad, cualquier trámite exprés o irregular podría tener consecuencias severas en la confianza pública.
El llamado del sector es para que los organismos de control determinen si las licencias cuestionadas fueron otorgadas sin el cumplimiento de los requisitos reglamentarios o si existe alguna relación entre esos trámites y los hechos que llevaron a la suspensión del general Huertas y Mejía.
Asimismo, solicitan que se distinga entre las empresas que cumplen los requisitos legales y aquellas que, según ellos, estarían recibiendo beneficios injustificados.
A pesar de la petición formal del gremio, hasta el momento las autoridades no han proporcionado información detallada sobre esas 18 licencias.
Sin embargo, la presión del sector privado se suma a las decisiones disciplinarias ya adoptadas y a las investigaciones abiertas por potenciales vínculos con organizaciones armadas ilegales.
