Empresas en Colombia enfrentan creciente riesgo por infiltración del narcotráfico, según Control Risks

Así lo sostiene un informe de Control Risks, una consultora global que asesora a organizaciones para que puedan operar en entornos complejos y volátiles como el nacional. Su afirmación se basa en el hecho de que, en los últimos cinco años, Colombia ha experimentado un aumento sostenido en los cultivos de hoja de coca y en la producción potencial de cocaína, alcanzando cifras récord en 2023.

A eso se suma el fortalecimiento operativo y financiero de los principales grupos narcotraficantes—el Clan del Golfo duplicó sus miembros, mientras que el ELN creció un 35% desde 2018—. Como resultado, han podido expandir su presencia geográfica y diversificar su portafolio criminal.

“Adicionalmente, los grupos narcotraficantes han evolucionado y hoy están muy lejos de los grandes carteles de los años 80 y 90, con su ostentación extrema y gran visibilidad. Hoy son organizaciones altamente sofisticadas y de bajo perfil, que funcionan con estrategias y visión empresarial, utilizando mecanismos crecientemente complejos para ocultar sus activos e integrar sus ganancias a la economía lícita”, indican en la firma.

La Dian y la UIAF estiman que en 2022 en Colombia se lavaron 2.500 millones de dólares, lo que equivale al 0,72% del PIB de ese año. Para eso se utilizaron empresas fachada, el testaferrato, el fraccionamiento de transacciones financieras y las transacciones comerciales ficticias, con las cuales se afecta a múltiples sectores de la economía legal.

Por este motivo, en Control Risks señalan que las empresas que desconozcan ese entorno pueden verse expuestas a la contaminación de sus activos físicos, personal y cadenas de suministro. En el primer grupo, activos físicos, los problemas se pueden presentar cuando los narcotraficantes utilizan infraestructura pública y privada, como carreteras, puertos, terrenos y edificaciones en zonas rurales y urbanas para producir, transportar, y acopiar drogas. “Esas actividades exponen a estos activos y sus propietarios a riesgos reputacionales y operacionales, así como sanciones regulatorias y penales”, precisan.

Los riesgos relacionados con el personal se dan cuando los empleados y subcontratistas de las empresas —especialmente en sectores como el transporte, la logística, la minería y la infraestructura— están expuestos a coerción e intimidación por parte de grupos narcotraficantes que buscan utilizar sus activos físicos para operaciones de transporte, acopio, distribución y tráfico de drogas.

Simultáneamente, las empresas también se enfrentan a riesgos por potenciales vínculos entre su personal y grupos ilícitos.

Los riesgos en la cadena de suministro implican a terceros como proveedores directos e indirectos, subcontratistas, transportistas y otros servicios de logística. “Los grupos narcotraficantes tienen altas capacidades de incidir en estas relaciones a través de corrupción, infiltración, coerción, vínculos de negocios, y la creación de empresas fachadas”, insisten en la consultora.

Existe un riesgo empresarial adicional generado por el narcotráfico y es el que tiene que ver con inversiones y transacciones financieras. Esto teniendo en cuenta que la compra o alquiler de activos físicos como terrenos, edificios, construcciones y cualquier otro bien mueble o inmueble puede estar expuesta a flujos de dinero ilegal y a vínculos con grupos narcotraficantes.

Si una empresa termina inmiscuida con actividades ilícitas le pueden aplicar una extinción de dominio por parte de la Fiscalía, aplicable a cualquier activo. También puede quedar envuelta en investigaciones administrativas que pueden derivar en acciones penales por parte de la UIAF. A eso se suman sanciones de entes internacionales como la OFAC e inclusión en listas restrictivas de organismos como la ONU y la Unión Europea.

También puede enfrentar riesgos comerciales, contractuales, reputacionales y disrupciones operativas y de cadena de suministro.

Por regiones, Catatumbo, Putumayo, Bajo Cauca Antioqueño, Guaviare, Nariño, Sierra Nevada y el Sur de Bolívar son las que tienen alto riesgo por cultivos ilícitos.

Por ser rutas de narcotráfico, están afectas las zonas fronterizas (Norte de Santander, Cesar, La Guajira hacia Venezuela; Nariño, Putumayo hacia Ecuador), los principales puertos de las costas Caribe (Barranquilla, Cartagena, Turbo, Santa Marta) y Pacífica (Buenaventura, Tumaco), así como la región del Amazonas.

En lo que respecta al riesgo de lavado de activos, la mayor incidencia puede estar en zonas con alta presencia de minería ilegal y departamentos remotos en la región amazónica.