Colombia
¿En cuánto quedaría la botella de aguardiente en el Valle del Cauca tras el nuevo decreto del Gobierno Nacional que incrementa el impuesto al consumo?
La Gobernación del Valle del Cauca y la Industria de Licores del Valle (ILV) advirtieron sobre el drástico incremento en el precio del aguardiente tras la entrada en vigencia del Decreto 1474 de 2025, expedido por el Gobierno Nacional.
La normativa eleva el impuesto al consumo de licores, vinos y cigarrillos del 5 al 19 por ciento, lo que, según proyecciones técnicas, encarecerá la botella de aguardiente en aproximadamente 30.000 pesos.
Gobernadores acordaron no aplicar el impuesto mientras esperan decisión de la Corte Constitucional Foto:Gobernación del Valle del Cauca
Esta situación ha llevado a 17 gobernadores del país a anunciar acciones legales conjuntas, argumentando una vulneración a la autonomía fiscal de los departamentos y un riesgo inminente para los recursos destinados a la inversión social.
Impacto en el precio al consumidor final
De acuerdo con los análisis realizados por la gerencia de la ILV, el ajuste tributario transformará significativamente los precios de mercado.
Antes de la implementación del decreto, una botella de aguardiente oscilaba entre los $ 39.000 y $ 42.000 pesos. Con la nueva carga impositiva, se estima que el valor para el consumidor final se situará entre los $ 68.000 y $ 75.000 pesos.
José Moreno, gerente de la ILV, calificó el panorama como crítico para la estabilidad de las licoreras estatales.
Los gobernadores anunciaron la demanda del decreto ante la Corte Constitucional. Foto:Corte Constitucional.
El directivo señaló que este aumento desproporcionado no solo afecta las ventas legales, sino que desplaza el consumo hacia productos de menor costo, que suelen ser de procedencia ilícita o adulterados, lo que representa un riesgo para la salud pública.
Acciones legales contra el Decreto 1474
Ante este escenario, una coalición de 17 mandatarios regionales, encabezada por la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, acordó durante un encuentro de la Federación Nacional de Departamentos interponer una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional.
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Asimismo, se presentarán tutelas individuales para proteger los derechos fundamentales que dependen de las rentas cedidas.
El principal reclamo de los departamentos radica en que el decreto estipula que los recursos adicionales recaudados por este concepto deben transferirse exclusivamente al Presupuesto General de la Nación.
“Mientras las regiones asumimos el impacto operativo y la posible caída en las ventas, el beneficio económico se centraliza en el Gobierno nacional”, explicaron los mandatarios en su pronunciamiento oficial.
Mandatarios lideran apelación al decreto de emergencia económica. Foto:archivo
Amenaza a la inversión social y aumento del contrabando
La gobernadora Toro se enfatizó en que la reducción de las rentas del departamento afectaría directamente el financiamiento de los sectores críticos.
Actualmente, los ingresos por el consumo de licores son una fuente primaria para el sostenimiento de la salud, la educación y el deporte en el Valle del Cauca.
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“Si se va a aumentar el doble del precio, lógicamente vamos a tener mayor contrabando, lo que nos generaría una disminución de nuestras rentas cedidas”, advirtió la mandataria regional.
El incremento impositivo del 14% adicional (pasando del 5 al 19%) facilita que las estructuras de comercio ilegal ganen terreno, reduciendo el recaudo efectivo que llega a las arcas departamentales para inversión social.
Respaldo de las licoreras oficiales
Las licoreras oficiales de Colombia han cerrado filas en apoyo a la gestión de los gobernadores.
Los directivos de estas empresas regionales consideran que la lucha jurídica es legítima y constitucional, dado que el nuevo esquema tributario pone en riesgo la viabilidad financiera de las industrias licoreras del país al enfrentarlas a un mercado con precios poco competitivos frente al contrabando.
Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en información de la Gobernación del Valle del Cauca. Además, contó con la revisión de un periodista y un editor.
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