Colombia
El Futuro de la Rolita: ¿Un Sueño Legal que se Desvanece?
La circulación en Bogotá atraviesa una fase determinante con la incertidumbre sobre el futuro de La Rolita, la primera operadora distrital de transporte público con una flota completamente eléctrica.
La compañía, que transporta a más de 53.000 usuarios diarios y genera empleo para cerca de 800 personas, ha sido el epicentro de un debate político, legal y financiero que definiría su futuro.
No olvidar que la Rolita nació en 2021 como solución a la crisis del sistema integrado de transporte público (SITP), marcado por problemas de cobertura y sostenibilidad financiera. Su objetivo primordial fue asegurar el acceso al transporte en zonas vulnerables, ofreciendo un modelo de movilidad sostenible y justo.
En la actualidad, la operadora abarca 10 rutas en 17 localidades, incluyendo Perdomo y Ciudad Bolívar, áreas donde el transporte público es esencial para la conectividad y calidad de vida de los habitantes.
Además, La Rolita ha sido destacada por su enfoque inclusivo, con un 60 por ciento de mujeres en su plantilla de empleados y una significativa representación de migrantes y madres cabeza de familia.
Su operación eléctrica ha permitido mitigar 2,17 millones de toneladas de emisiones de gases de efecto invernadero, convirtiéndola en un referente en movilidad sostenible en Colombia.
El pasado 25 de octubre de 2024, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó la anulación de la autorización otorgada por la alcaldía de Bogotá en 2020 para la creación de La Rolita.
Sin embargo, es importante resaltar que el fallo no ordenó la disolución ni liquidación de la empresa, sino que cuestionó el proceso de autorización por dos argumentos diferentes.
El primero se basó en que la iniciativa de crear una operadora de transporte público no estaba incluida en el programa de gobierno de la entonces alcaldesa Claudia López; y el segundo se dio porque no se presentó un “estudio demostrativo” que justificara la necesidad de la iniciativa ante la alcaldía de Bogotá.
Ahora, a pesar de estos cuestionamientos, el contrato social de La Rolita sigue vigente, lo que ha permitido que su operación continúe hasta la fecha.
Tras el fallo del tribunal, la administración del alcalde Carlos Fernando Galán decidió buscar una solución para asegurar la continuidad de La Rolita. El 7 de febrero de este año, la alcaldía presentó ante el concejo de Bogotá el Proyecto de Acuerdo 256, que busca ratificar la capacidad jurídica de Transmilenio S.A. para ser accionista mayoritario de la operadora distrital.
En una rueda de prensa llevada a cabo en horas de la mañana de este martes 11 de marzo, la gerente general de Transmilenio, María Fernanda Ortiz, explicó que esta ratificación es fundamental para mantener la operación de La Rolita sin perjudicar el transporte de los 53.000 pasajeros diarios que dependen de sus rutas.
Además, Ortiz aclaró que la anulación de la autorización original no ha tenido impacto en las finanzas públicas de Transmilenio ni del distrito.
Por otra parte, el Proyecto de Acuerdo 256 ha sido discutido en el concejo de Bogotá, donde tres concejales fueron designados como ponentes: Fernando López y Julián Felipe Triana presentaron un informe positivo, mientras que el de Julián Uscátegui fue negativo.
En su intervención, el concejal Fernando López destacó la importancia de La Rolita para la equidad en la movilidad, la sostenibilidad ambiental y la generación de empleos dignos. Además, presentó un análisis financiero que demuestra que la operadora es viable, con un margen EBITDA del 17,3 por ciento y neto del 13,9 por ciento a septiembre de 2024, cifras superiores a las del sector.
de las Promedios del Sector.
De acuerdo con el Concejal Fernando López, el principal impedimento que ha enfrentado la Rolita es que no existió una norma específica al momento de establecer esta empresa, en lo que respecta a los estudios demostrativos.
“La administración aprobó a la Rolita mediante el artículo 91 del plan de desarrollo de la entonces Alcaldesa Claudia López; por esta razón, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró nulo este artículo”, le comentó López a El Tiempo.
Asimismo, explicó que la Real Administración les pidió que se deba ratificar esta autorización para remediar la carencia de los estudios demostrativos que no se presentaron cuando se fundó la Rolita.
“Carlos Fernando Galán ha insistido en que es necesario solventar esta nulidad relativa, responsabilidad que nos otorga a los concejales de Bogotá; es decir, debemos autorizar al Alcalde para que se puedan llevar a cabo estos estudios demostrativos para que la Rolita continúe existiendo en beneficio de la ciudadanía”, añadió el Concejal.
Es importante considerar que, si el concejo de Bogotá no decide aprobar la ratificación de TransMilenio como accionista mayoritario de la Rolita, las consecuencias podrían ser severas, ya que podría producirse una posible liquidación de la operadora, lo que impactaría la movilidad en sectores como Perdomo, donde se realizaron cinco licitaciones previas sin que ninguna empresa privada asumiera el servicio.
PERO ESO NO SERÍA LO ÚNICO, TAMBIÉN HABILITARÍA UN RIESGO PARA EL EMPLEO DE 768 PERSONAS, INCLUYENDO 61 MIGRANTES Y 161 PADRES Y MADRES CABEZA DE FAMILIA: un factor de pérdida clave en la competencia del transporte público, lo que podría resultar en altos costos y disminuir la calidad del servicio.
Además, esto provocaría una reducción en los accesos a la información técnica y financiera para futuras licitaciones, afectando la toma de decisiones críticas para el sistema de transporte en Bogotá. Igualmente, se perdería un modelo de movilidad sostenible, reconocido internacionalmente por sus buenas prácticas en responsabilidad social y ambiental.
Por su parte, el concejo de Bogotá tiene plazo hasta mañana, 12 de marzo, para debatir y votar el Proyecto de Acuerdo 256 en la Comisión Segunda Permanente de Gobierno. La decisión definitiva marcará el futuro de la Rolita y, con ello, el destino de la movilidad sostenible en Bogotá.
En este contexto, el Alcalde Galán ha sido enfático en que esta INICIATIVA no solo busca rectificar fallos administrativos del pasado, sino asegurar que Bogotá siga avanzando hacia un sistema de transporte más eficiente, equitativo y ambientalmente responsable. “Esperamos que el concejo tome la mejor decisión en beneficio de los ciudadanos y del desarrollo de la ciudad”, afirmó el mandatario.
Mientras tanto, miles de usuarios, trabajadores y defensores de la movilidad sostenible aguardan con incertidumbre la resolución de este asunto, conscientes de que la decisión que se tome en los próximos días impactará directamente sus vidas y el futuro del transporte público en la capital.
Laura Valeria López Guzmán
En x: @lauravaleriolo
Redacción Bogotá
El Tiempo
