En IPC de la Corrupción 2024, Colombia sacó 39 puntos de 100 –

Autor : Adriana Patricia Giraldo Duarte

Transparencia por Colombia, capítulo nacional de Transparencia Internacional, presentó los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2024, el indicador global más importante sobre corrupción en el sector público.

Lea también: Agencias de Viajes proyectan un crecimiento del 15 % en sus ventas

En esta medición, Colombia obtuvo una calificación de 39 puntos sobre 100, es decir, un punto por debajo de lo obtenido en 2023, y perdió 5 posiciones en el ranking global ubicándose en la posición 92 entre 180 países evaluados.

El IPC confiere puntajes entre 0 y 100 a 180 países, donde 100 indica que un país se percibe como muy transparente, mientras que 0 muestra que es percibido como muy corrupto.

Los países con mejor puntuación en el ranking global fueron Dinamarca, con una calificación de 90, Finlandia (88), Singapur (84) y Nueva Zelanda (83), mientras que los tres más bajos fueron Venezuela (10), Somalia (9) y Sudán del Sur ocupando la última posición con 8 puntos. El índice sitúa a Colombia muy lejos de Uruguay (76) y por encima de Argentina (37), Brasil (34), Ecuador (32) y Perú (31).

En el contexto de los países pertenecientes a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Ocde, cuyo promedio fue de 65 puntos, Colombia se encuentra entre los países con más bajos resultados, solo superando a México (26) y Turquía (34).

El IPC utiliza una metodología robusta que incluye fuentes de datos de expertos, evaluando comportamientos como sobornos, desvío de fondos públicos y captura del Estado, además de la efectividad en mecanismos existentes para prevenir la corrupción.

Esta calificación refuerza una tendencia preocupante, pues cualquier puntuación por debajo de 50, indica problemas graves de corrupción. A pesar de haber tenido señales de una mejora en el indicador de años anteriores, el puntaje de Colombia en el IPC 2024 vuelve a mostrar estancamiento y, por lo tanto, falta de resultados.

Pérdida de la confianza 

La calificación del IPC 2024 se suma a otros indicadores que señalan la corrupción como el principal problema del país, o que evidencian que ésta genera daño a la garantía de los derechos fundamentales y a la confianza en la democracia.

A nivel local, por ejemplo, la encuesta del programa Armenia Cómo Vamos, que midió la percepción ciudadana sobre la calidad de vida durante 2024, encontró que el 66 % de los ciudadanos encuestados piensan que las cosas en la ciudad van por mal camino; el 68 % de los ciudadanos se sienten orgullosos de su ciudad y el 77 % se sienten satisfechos con su ciudad como un lugar para vivir.

Sin embargo, el 63 % de los encuestados manifestó no haber participado de organizaciones, espacios o redes como grupos cívicos, colectivos ciudadanos, sindicatos, movimientos sociales, organizaciones, entre otros.  

Solo el 14.2 % hizo parte de una junta de acción comunal, y únicamente el 3% está vinculado con partidos, movimientos o grupos políticos. 

Al argumentar por qué no participaron, el 47,2 % indicó que no le interesa; el 2,9 % que no sirven o son poco efectivos; y el 2.2 % manifestó tener miedo y no querer meterse en problemas.

Respecto a la gestión pública, y al referirse, en orden de importancia a los temas a los que debería prestarle más atención la administración municipal, señalaron el empleo, la salud, y la pobreza y la vulnerabilidad en las primeras mediciones.  Pocos ciudadanos priorizan la eficiencia y la transparencia como temas necesarios para fortalecer lo público.

Además, según el informe de Transparencia Internacional, el país ha entrado en modo electoral, lo que plantea riesgos que deben abordarse de manera proactiva. El aumento de transacciones políticas y prácticas clientelistas podría elevar los riesgos de corrupción en la asignación de recursos y la ejecución del presupuesto. 

Al mismo tiempo, pese a la crítica situación fiscal, el gobierno enfrenta la presión de mostrar resultados concretos en el uso de los recursos públicos, lo que podría generar riesgos si no se cuenta con una adecuada planificación y los controles externos necesarios.

“El agotamiento frente a las promesas incumplidas no puede ser la constante de nuestra democracia. El 2025 es un año crucial para determinar si las instituciones y la sociedad civil están preparados para lograr y exigir un cambio real”, afirmó Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia. 

“Si queremos avanzar hacia un país más justo, debemos priorizar el fortalecimiento de las instituciones y la protección de los recursos públicos. No se trata solo de combatir la corrupción, sino de construir confianza y devolverle a la ciudadanía la certeza de que sus derechos y necesidades están en el centro de la gestión pública”, concluyó.