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las calles de Soledad (Atlántico) fueron escenario, el martes 20 de enero de 2026, de una movilización ciudadana denominada “marcha por la paz urbana”una manifestación que reunió a comunidades barriales, líderes sociales y sectores del transporte informal para expresar su respaldo al proceso de paz urbana adelantado por el Gobierno nacional con estructuras criminales que operan en Barranquilla y su área metropolitana.
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La movilización responde a una polarización regional frente a la estrategia de diálogo con jefes de organizaciones ilegalesen la que mientras las autoridades locales han manifestado reparaciones por los riesgos de seguridad, algunos sectores ciudadanos comenzaron a expresar públicamente su apoyo a la continuidad del proceso como una apuesta para reducir la violencia que por años ha golpeado a barrios enteros del municipio y del área metropolitana.
La “marcha por la paz urbana” fue convocada el último día de vigencia de la tregua. Foto:redes sociales
De acuerdo con los reportes conocidos, la marcha recorrió varios vías principales de Soledad y culminó en la rotonda de la calle 17, a la altura del barrio Simón Bolívar, en el suroriente del municipio. Durante el trayecto, los manifestantes estuvieron acompañados por conductores de motocarros y motocicletasque se sumaron en caravana, generando visibilidad en distintos sectores del casco urbano.
En la movilización comunidades participaron barriales, mujeres, líderes sociales y residentes de sectores históricamente afectados por la enfrentamiento entre bandas criminalesquienes portaron pancartas con mensajes como “Soledad, territorio de paz”“La Bonga, territorio de paz” y “Sí a la paz urbana”. Varias mujeres vestían camisetas blancas con consignas alusivas al respaldo ciudadano a los procesos de dialogo y al cesse de la violencia.
El fin de la tregua
La “marcha por la paz urbana” fue convocada el último día de vigencia de la tregua pactada entre las estructuras criminales ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’, encabezadas por Digno Palomino y Jorge Eliécer Díaz Collazosalias ‘Castor’, respectivamente. Esta coincidencia temporal convirtió la movilización en una señal simbólica de respaldo a la extensión o sostenimiento de los ceses de violencia que, a criterio de los manifestantes, ayudaron a reducir los homicidios durante algunos periodos del acuerdo.
Alias ’Castor’ y Digno Palomino, el día de la firma en La Picota. Foto:Captura de pantalla
El proceso de paz urbana en el Atlántico hace parte de la política nacional de “paz total””, que ha buscado establecer acercamientos exploratorios y contactos con estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto con el objetivo de reducir la violencia y proteger a la población civil.
En este marco, el Gobierno había planteado el traslado de varios cabecillas a cárceles de Barranquilla como parte de la estrategia para sostener los diálogos y evitar la reactivación del conflicto desde los centros penitenciarios. Finalmente, tras crítica y oposiciones desde distintos sectores, los traslados quedaron en pausa.
Durante la movilización, los asistentes coincidieron en tres solicitudes centrales que fueron expuestos mediante consignas, pancartas y pronunciamientos informales:
Continuidad del proceso de paz urbana
Los manifestantes pidieron al Gobierno nacional mantener el proceso de paz urbana y no desmontar los canales de diálogo abiertos con las estructuras criminales, al considerar que estos han contribuido a disminuir los enfrentamientos armados y los homicidios en sectores vulnerables del área metropolitana.
Apoyo a los traslados de cabecillas
Uno de los puntos más sensibles fue el respaldo ciudadano a los traslados de cabecillas a cárceles del Atlántico, bajo estrictos esquemas de seguridad, como un mecanismo para facilitar la mediación y evitar que las órdenes criminales sigan emanando desde prisiones alejadas del territorio donde se vive el conflicto. Esta postura contrastó con el rechazo expresado por sectores políticos y administrativos de Barranquilla.
Resultados concretos en los barrios
Los marchantes también hicieron énfasis en que la paz urbana debe reflejarse en menos extorsiones, menos homicidios y mayor tranquilidad en los barrios de Soledad y Barranquilla, especialmente en zonas que por años han sido escenario de disputas armadas entre bandas por el control territorial.
La contraparte del debate
Desde su anuncio, el pacto recibió críticas persistentes. Autoridades locales y analistas advirtieron que el acuerdo no incluía a todas las facciones armadas operativas en la calle, que no había garantías de que los líderes encarcelados mantuvieran control real sobre estructuras fragmentadas y que el énfasis en únicamente el cese entre dos bandas podía reconfigurar la violencia, en lugar de reducirla.
Soledad y su área metropolitana han sido territorio de esta violencia urbana. Foto:Archivo EL TIEMPO
Durante la vigencia del pacto, las cifras evidenciaron esa ambigüedad. Aunque se reportaron reducciones en delitos como la extorsión en algunos sectores, los homicidios no desaparecieron y el sicariato siguió siendo la modalidad predominante. En total, más de 150 asesinatos ocurrieron en la ciudad durante el período de la tregua, una cifra que debilitó el discurso de “desescalamiento” sostenido desde Bogotá.
Las críticas se agudizaron tras dos masacres que marcaron el período:
- El 1 de octubre de 2025, tres jóvenes fueron asesinados dentro de una barbería en Juan Mina.
- El 12 de noviembre, otro ataque múltiple en Villas de la Cordialidad dejó tres muertos y varios heridos.
Ambos hechos fueron atribuidos a disputas por control de economías ilegales entre estructuras criminales, lo que dejó en evidencia que la tregua no contuvo las violencias más letales y que el territorio seguía siendo escenario de guerras silenciosas.
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En ese escenario, la “marcha por la paz urbana” en Soledad se convirtió en una expresión ciudadana poco habitual en el debate sobre seguridad en el Atlántico: un sector de la población decidió manifestarse no para reclamar mano dura, sino para pedir la continuidad de un proceso de diálogo.
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