Entregaron tierras a campesinos que estuvieron bajo control de una sociedad del expresidente Álvaro Uribe

La Agencia Nacional de Tierras (ANT) ha hecho formal la entrega de los títulos de propiedad del predio El Laguito II a los campesinos integrantes de la Asociación Baluarte Campesino Juana Julia Guzmán. Esta acción, de acuerdo con la entidad, marca un significativo progreso en la recuperación de tierras baldías del estado y en la implementación de la Reforma Agraria.

Con esta entrega, las familias beneficiarias obtienen seguridad jurídica sobre 8,3 hectáreas, lo cual les facilitará acceder a créditos y llevar a cabo proyectos productivos en cultivos de arroz, plátano, yuca y apicultura. La ANT resaltó que la formalización de El Laguito II se suma a más de 1’878.000 hectáreas ya tituladas a comunidades rurales, conferiendo a este predio un profundo simbolismo para la justicia agraria.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

La resolución que oficializa la entrega establece que la Asociación Baluarte Campesino Juana Julia Guzmán, identificada con NIT N° 901656701-9 y dirigida legalmente por Carmenza Gómez Ortega, será inscrita en el Registro de Sujetos de Ordenamiento (RESO) como solicitante de acceso a la tierra a título gratuito.

El documento subraya que la organización campesina no había sido beneficiaria de ningún programa de tierras rurales administrado por la ANT. Además, la resolución señala que “contra esta decisión se puede interponer un recurso de reposición ante el funcionario que tomó la decisión, dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, conforme a lo dispuesto en el Artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el Artículo 15 del Decreto Ley 902 de 2017”.

Es importante mencionar que el proceso legal sobre El Laguito II se remonta a 2018, cuando la empresa Agropecuaria El Ubérrimo S.A.S., relacionada con el expresidente Álvaro Uribe Vélez y su familia, solicitó la prescripción adquisitiva de dominio, alegando posesión prolongada del terreno. Sin embargo, en 2019, un juez dictaminó que el predio era un baldío de la Nación y ordenó a la ANT iniciar el proceso de clarificación. Posteriormente, en 2022, la empresa de Uribe Vélez devolvió de manera voluntaria el terreno al Estado colombiano, lo que permitió que la asociación campesina lo ocupara y comenzara a trabajar en él desde entonces.

La entrega provisional del predio a la Asociación Baluarte Campesino se concretó en mayo de 2023, mientras se completaban los trámites para su ingreso formal al Fondo de Tierras. Ahora, con los títulos en mano, las familias campesinas pueden proseguir con sus planes productivos y acceder a fuentes de financiamiento.

Lilia María Rodríguez, subdirectora de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas de la ANT, subrayó la relevancia de la adjudicación: “La entrega de este predio a familias campesinas simboliza un acto de justicia, ya que representa la recuperación de baldíos del Estado que fueron indebidamente apropiados a través de maniobras jurídicas por grandes empresas y clanes políticos”. Rodríguez añadió: “El predio regresa a las manos campesinas que debieron haberlo trabajado desde hace décadas.”

El expresidente Uribe Vélez comentó en su cuenta de X que desde el comienzo del proceso propuso un precio mucho menor al avalúo catastral de San Carlos, que fue fijado en $120.000.000 por hectárea. En sus palabras: “Desde el principio dije que se vende a un precio muy inferior al avalúo catastral de San Carlos, que lo pusieron en 120 millones por hectárea”.

El líder político especificó que la oferta incluye dos predios: uno en el municipio de San Carlos, denominado El Porvenir 2, que cuenta con avalúo, y otro en el corregimiento El Cerrito, de Montería, cuyo análisis de valor aún está pendiente.

Sobre el predio El Porvenir 2, el exsenador compartió la información proporcionada por su abogado, quien señaló: “Tiene un avalúo catastral reciente, que los propietarios consideran excesivo y han presentado las reclamaciones pertinentes. El Dr. Álvaro Uribe acudió directamente a las oficinas del Igac en Montería, explicó las razones para objetar ese avalúo y argumentó que, en esas condiciones, debería ser vendido al Gobierno”.