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El miércoles empezaron a circular unas imágenes en las que se apreciaba cómo la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) les había solicitado a algunas empresas información específica para saber cómo definen sus precios, qué márgenes tienen o de qué manera aplican sus descuentos, algo que diferentes empresarios y expertos catalogaron de inmediato como una vulneración al derecho a la libre empresa. En entrevista con EL TIEMPO, la superintendente Cielo Rusinque asegura que no están regulando ni fijando el precio del mercado. Afirma que están haciendo su trabajo a propósito de las denuncias que les han llegado y anuncia que vendrán más requerimientos para las compañías. “El que nada debe, nada teme”, asegura.
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Cielo Rusinque Foto:Archivo El Tiempo
¿A qué empresas les pidieron información sobre sus precios?
La Delegatura de Protección al Consumidor hizo cinco requerimientos a empresas debido a eventuales infracciones. Algunas de ellas son Panamericana o Supertiendas y Droguerías Olímpica. Sin embargo, en los próximos días se expedirán más. Pediremos información a más de 50 compañías. Nos estamos basando en criterios como denuncias, quejas ciudadanas o el propio monitoreo que nosotros hacemos y que nos da cuenta de eventuales infracciones al régimen en materia legal, de libre competencia o de protección a los derechos del consumidor.
¿Qué les solicitaron en estos requerimientos?
Buscamos verificar si existen en el mercado falsas ofertas, promociones o engaños. Por ejemplo, solicitamos la incidencia que tiene la fijación del precio en los inventarios o la tasa de cambio cuando se trata de bienes importados. Estos requerimientos surgen con ocasión del monitoreo que está adelantando en esa Delegatura desde febrero del 2025. Es preciso indicar que no son los únicos que haremos.
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Esta información se pide tras el alza del 23 por ciento del salario mínimo. ¿Lo hacen para evitar abusos?
Hay mucha especulación en cuanto al eventual impacto del aumento del mínimo en la economía. Los requerimientos que llevaremos a cabo nos permitirán analizar esa incidencia real. Considero que la fijación de precios que se hace en el marco de la autonomía privada de la libre empresa también tiene unos límites. ¿Cuáles? Que en la conformación de los mismos no se esté incurriendo en prácticas que puedan infligir el régimen legal. Por ejemplo, existe una figura que se llama precios excesivos o inequitativos para poder determinar esa infracción.
La SIC tiene que acceder a la información que solamente nos pueden dar las empresas. Allí nosotros hacemos un análisis a través de un equipo experto para determinar si existe distorsión en el mercado o una fijación de precios excesivos, es decir, acuerdos entre comerciantes para generar unas ganancias excesivas injustificadas que pueden eventualmente violar las normas de la libre competencia. Lo que tenemos es que entrar a vigilar si existen comportamientos que sean una violación al régimen y poder actuar en consecuencia para evitar malas prácticas en el mercado. No es una labor de coyuntura, sino que obedece a la misionalidad que desde siempre ha tenido esta entidad.
El salario mínimo aumentó un 23 por ciento. Foto:iStock
Diferentes gremios aseguran que la solicitud de esta información es amenaza directa contra la libre empresa. ¿Qué opina?
Que estas afirmaciones son absolutamente infundadas y sin sustento. Lo que debería escandalizar es que no cumplamos con nuestras funciones, es que dejemos actuar al mercado como si fuera un poder incontrolable y que se regula por arte de magia con criterios de justicia, equidad y de responsabilidad social. Lamentablemente, no opera de esa manera, por eso existen las superintendencias y un régimen que está encaminado a evitar comportamientos que distorsionen el mercado, generen desequilibrios y afecten a los consumidores.
¿Usted diría que se está haciendo un control de precios con estos requerimientos, como han insinuado diferentes expertos?
Esta afirmación es un despropósito porque es desconocer que nosotros no regulamos ni fijamos precios; lo que hacemos es velar por el cumplimiento del régimen legal en materia libre competencia y de derechos del consumidor. Estas afirmaciones tendenciosas pretenden generar pánico entre los comerciantes cuando sencillamente el que nada debe nada teme. Nos regimos bajo un estricto marco legal y constitucional y no hay posibilidad de que tomemos unas medidas arbitrarias sin fundamento porque muy afortunadamente en Colombia existen procedimientos y un régimen legal que es muy claro que nosotros debemos velar por su cumplimiento.
Foto:City tv
La Andi también dijo que solicitar esta información de manera masiva pone en riesgo los secretos industriales y la confidencialidad. ¿Es así?
Es totalmente falso porque a nosotros nos acoge un deber de reserva. La información que solicitamos la utilizamos única y exclusivamente para poder determinar y cotejar a través de ella si hay una eventual infracción al régimen y para esto estamos avalados desde nuestra Constitución hasta el régimen legal.
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Fenalco también afirma que exigir a un establecimiento que desglose la fijación de precios de más de 40.000 referencias es una tarea imposible. ¿Qué le diría al gremio?
Que se trata de una especulación, pues hemos hecho requerimientos muy concretos. Aquí lo único que se busca es desinformar a los consumidores y generar un ambiente malintencionado y de pánico, cuando lo que sería realmente escandaloso es que nosotros no cumplamos con nuestra función y no entremos a vigilar.
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