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Frente a una economía mundial en desaceleración y deudas crecientes, muchos gobiernos de países en desarrollo pueden verse tentados a reducir los programas contra la pobreza. Eso sería un grave error. Combatir la pobreza no es solo un imperativo moral, también es crucial para la estabilidad económica, la prevención de conflictos y el desarrollo a largo plazo.
Investigaciones recientes respaldan la justificación económica para la reducción de la pobreza, demostrando que una disminución de diez puntos porcentuales en las tasas de pobreza puede aumentar el crecimiento per cápita hasta en un 1,2 % anual. Para países como la República Democrática del Congo (RDC) y Paraguay, esto significaría un aumento del 25 % o más en el crecimiento per cápita anual.
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Además, la experiencia de países de África, América Latina y el Caribe demuestra que se puede lograr una reducción significativa de la pobreza incluso bajo severas restricciones presupuestarias. Para ello, los gobiernos deben centrarse en tres áreas clave.
La primera es la energía. Ampliar el acceso a electricidad asequible es esencial para la industria y la agricultura, y por ende, para el crecimiento sostenible necesario para reducir la pobreza. Un avance importante en este sentido es Misión 300, una iniciativa pionera liderada por el Banco Mundial y el Banco Africano de Desarrollo (BAfD), cuyo objetivo es proporcionar electricidad a 300 millones de africanos para 2030.
La segunda prioridad es invertir en capital humano. Diversos estudios han demostrado sistemáticamente que las inversiones en programas para la primera infancia, educación de calidad y atención médica accesible generan altos rendimientos. En Jamaica, por ejemplo, las intervenciones tempranas aumentaron los ingresos a mitad de carrera en un 37 %, según un estudio de 2021. De igual manera, un estudio del Programa Mundial de Alimentos de 2024 reveló que los programas de nutrición escolar pueden generar hasta 9 dólares en beneficios intersectoriales por cada dólar invertido.
Cabe destacar que el Programa de Alimentación Escolar con Productos Locales de Kenia, que vincula la educación, la nutrición y la agricultura local, ha impulsado la asistencia escolar, mejorado los resultados de salud y aumentado el potencial de ingresos a largo plazo de los estudiantes.
Por último, invertir en infraestructura transfronteriza a gran escala puede acelerar la integración económica, crear oportunidades de empleo y reducir drásticamente la pobreza. El Supercorredor Abiyán-Lagos, con un presupuesto de 15.600 millones de dólares y que conecta cinco países de África occidental con una población combinada de 330 millones de habitantes, cubrirá el 75 % del volumen de África occidental para 2030. Proyectos similares incluyen un corredor propuesto de 531 millones de dólares que une la República Democrática del Congo, la República Centroafricana y Chad, y el Corredor Vial de Nacala, financiado por el BAfD con 576 millones de dólares, que ya beneficia a más de dos millones de personas en Zambia, Malawi y Mozambique.
Zona insular de Buenaventura, una de las de mayor pobreza. Foto:Archivo EL TIEMPO
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Si bien estas estrategias son rentables, ampliarlas requiere un mayor financiamiento en un momento en que los presupuestos públicos de todo el mundo están bajo una presión cada vez mayor. Un instrumento de capital híbrido basado en los Derechos Especiales de Giro (DEG, el activo de reserva del FMI) del Fondo Monetario Internacional, desarrollado por el BAfD y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ofrece una solución prometedora.
Un modelo innovador
En 2024, el FMI permitió a los países utilizar esta innovadora herramienta financiera para reasignar voluntariamente sus DEG existentes a los países en desarrollo a través del BAfD y el BID, cuyas calificaciones crediticias triple A y su historial comprobado les permiten maximizar el impacto de estos recursos adicionales.
El impacto puede ser transformador, ya que cada dólar equivalente en DEG que reciben el BAfD y el BID se considera cuasicapital, lo que les permite multiplicar su valor entre 3 y 8 veces, según nuestras estimaciones. Por lo tanto, al aprovechar los DEG, podríamos implementar préstamos a bajo interés, garantías e instrumentos de financiación combinada que atraigan inversión privada en infraestructura, tecnologías verdes y agricultura.
En América Latina, el BID estima que canalizar 1.000 millones de dólares en DEG podría liberar entre 7.000 y 8.000 millones de dólares en fondos para el desarrollo, suficientes para proporcionar comidas escolares a diez millones de niños, servicios de salud a 1,3 millones de mujeres y niños, además de transferencias directas de efectivo a cuatro millones de hogares durante un año, impulsando así los esfuerzos para eliminar la pobreza extrema para 2030.
En consonancia con este enfoque, el BID ya se ha unido a la Alianza Mundial contra el Hambre y la Pobreza, comprometiendo hasta 25.000 millones de dólares para apoyar políticas e iniciativas gubernamentales de lucha contra la pobreza y de seguridad alimentaria que aprovechen herramientas innovadoras como la reasignación de DEG.
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Incluso una reasignación modesta de DEG podría generar importantes beneficios, especialmente en África. Redirigir tan solo 1.500 millones de dólares en DEG al BAfD podría generar 10.000 millones de dólares en financiación para el desarrollo.
Si se invirtieran en agricultura, estos recursos podrían duplicar la productividad de 16 millones de agricultores, aumentar la producción de alimentos en 40 millones de toneladas y sacar de la pobreza a 80 millones de personas para 2030, según estimaciones del BAfD.
Adicionalmente se podrían destinar 4.500 millones de dólares a infraestructura regional, incluyendo el Corredor Lobito de 1.300 kilómetros. Este proyecto, respaldado por la Unión Europea, para modernizar el ferrocarril que conecta a Angola con las regiones sin litoral y ricas en minerales de Zambia y la República Democrática del Congo, reducirá los tiempos de transporte marítimo entre el Atlántico y Asia en al menos 10 días, liberando miles de millones de dólares en exportaciones de cobre y cobalto y apoyando la inversión en infraestructura.
Con suficiente voluntad política y cooperación internacional, los DEG podrían convertirse en una herramienta poderosa para que los bancos multilaterales de desarrollo amplíen el financiamiento para el desarrollo.
Pobreza en Cartagena, Bolivar. Foto:John Montaño / EL TIEMPO
Al prestar solo una fracción de sus DEG a través del modelo innovador iniciado por el BAfD y el BID, los países pueden facilitar inversiones transformadoras al tiempo que preservan el valor de sus reservas internacionales y permiten a los bancos centrales participantes generar mayores rendimientos.
La lucha contra la pobreza debe seguir siendo una prioridad mundial. A través de inversiones bien diseñadas y financiamiento innovador, los países en desarrollo pueden capear la desaceleración económica, elevar los niveles de vida y sentar las bases para un futuro más estable y próspero para todos.
AKINWUMI A.* ADESINA Y ILAN GOLDFAJN**
(*) Expresidente del Grupo Banco Africano de Desarrollo (2015-25)
(**) Presidente del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo.
Project Syndicate
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