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El sur de Bolívar atraviesa una de sus jornadas más violentas del año. En menos de 48 horas, tres homicidios estremecieron la región, entre ellos el secuestro y asesinato del líder social. Jairo Alberto Díaz Salazarun referente comunitario en el municipio de San Pablo. La escalada de violencia revive las alertas sobre la vulnerabilidad de los defensores de derechos humanos y la crisis de orden público en el Magdalena Medio.
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Jairo Díaz fue secuestrado la noche del domingo 21 de diciembre en la vereda el jardinjurisdicción de San Pablo. Según informes oficiales, hombres armados lo interceptaron cuando se encontraron en su comunidad y lo condujeron hacia un paraje enmontado cercano al corregimiento Santo Domingo. Allí, su cuerpo fue hallado sin vida en la mañana del lunes 22 de diciembre.
Jairo Díaz había sido secuestrado la noche del domingo 21 de diciembre en la vereda El Jardín. Foto:redes sociales
Díaz era tesorero de la Junta de Acción Comunal de El Jardín, presidente del Comité Minero de Las Calungas y miembro activo de ASAMISUR, organización campesina vinculada a FEDEAGROMISBOL. Su liderazgo estaba enfocado en la defensa del territorio y la permanencia campesina, en una zona marcada por la disputa territorial y las economías ilícitas.
Organizaciones sociales atribuyen el crimen a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC)también conocidas como Clan del Golfo, que mantienen presencia activa en el sur de Bolívar junto a estructuras del ELN. El hecho se suma a una serie de ataques contra líderes sociales en la región, que han sido denunciados reiteradamente ante las autoridades.
Otros dos homicidios en la misma región
El asesinato de Jairo Díaz no fue el único hecho violento. En las últimas 48 horas se registraron dos homicidios adicionales:
- Fernando Torres Mármol Fue asesinado en zona rural de San Pablo, en el sector conocido como Cueva de Sapo, un lugar emblemático donde se realizan válidas deportivas.
- José Eulises Castaño Garcíaconocido como Liche, fue ultimado en la mañana del lunes 22 de diciembre en la vía que comunica San Pablo con Simití. Era un reconocido ganadero de la región y residía en el corregimiento de Monterrey, jurisdicción de Simití.
‘Liche’ Castaño, otra de las víctimas de la violencia. Foto:redes sociales
Con estos crímenes, el municipio de San Pablo alcanza cerca de 38 homicidios en lo que va del añosegún informes comunitarios. Habitantes denuncian un “silencio institucional“Frente a la crisis de orden público que golpea al Magdalena Medio.
Reacciones y exigencias
La Alcaldía de San Pablo rechazó de manera enérgica el secuestro y asesinato de Jairo Díaz, así como los demás hechos violentos ocurridos recientemente. “Expresamos nuestra solidaridad y condolencias a la familia.amigos y comunidad de la víctima, ya todas las personas que hoy sufren las consecuencias de la violencia que atenta contra la vida, la convivencia y el tejido social”, señaló en un comunicado.
Por su parte, la Coordinación Colombiana Europa Estados Unidos (CCEEU) emitió un pronunciamiento contundente, denunciando la falta de garantías para líderes sociales y la presencia simultánea de grupos armados ilegales en la región. Entre sus exigencias al Estado colombiano destacan:
- Acciones urgentes y coordinadas para garantizar la vida, integridad y seguridad de las comunidades y liderazgos sociales.
- Investigación exhaustiva e imparcial para identificar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales.
- Presencia integral del Estado, más allá del enfoque militar, para atender las causas estructurales de la violencia.
“La defensa del territorio, de los derechos humanos y de la vida no nos puede seguir costando vida”subraya el comunicado.
Un vehículo también fue incinerado en las últimas 48 horas. Foto:redes sociales
Los tres homicidios recientes responden a una dinámica de violencia que combina disputa territorial entre grupos armados ilegales, auge de economías ilícitas como la minería y el narcotráfico, mediado por una ausencia de garantías para líderes sociales y campesinos. El Magdalena Medio y el Sur de Bolívar han sido históricamente escenarios de confrontaciónpero las cifras actuales —38 homicidios en San Pablo en 2025— revelan una crisis que amenaza la estabilidad comunitaria y la implementación de políticas de paz.
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Organizaciones sociales piden protección inmediata para liderazgos en riesgoinvestigación imparcial que identifique autores materiales e intelectuales, y un desmantelamiento real de estructuras criminales organizadas. Mientras tanto, la comunidad clama por respuestas y garantías.
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