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El regulador antimonopolio de Italia impuso una multa de 98,6 millones de euros a Apple tras determinar que la política de Transparencia en el Seguimiento de Aplicaciones (ATT) que la compañía aplica en sus dispositivos iOS perjudica a los desarrolladores externos y restringe la competencia en el ámbito de la publicidad en línea.
Lo anterior supone un nuevo revés para la empresa estadounidense en el plano regulatorio europeo y evidencia la vigilancia sobre sus prácticas de privacidad y distribución de aplicaciones.
Al término de una investigación calificada como compleja y realizada en coordinación con la Comisión Europea, la Autoridad Garante de la Competencia y el Mercado conclusiones que desde abril de 2021 la norma de privacidad ATT, impuesto unilateralmente por Apple a los desarrolladores que distribuyen aplicaciones a través de la App Storeexige un doble consentimiento para la recopilación y el uso de datos personales con fines publicitarios.
Según el regulador italianoeste trámite “no cumple con los requisitos de la legislación sobre privacidad” y representa un obstáculo para los socios comerciales de la compañía.
La decisión del organismo atribuye un carácter desproporcionado a la política de Apple: “La solicitud de doble consentimiento hace que la política de ATT sea desproporcionada, porque Apple debería haber garantizado el mismo nivel de protección de la privacidad de los usuarios al permitir a los desarrolladores obtener el consentimiento para la elaboración de perfiles en un solo paso”, sostiene la resolución.
Los problemas que vio el regulador es que este requisito restringe la recopilación, la vinculación y el uso de datos por parte de los desarrolladores, afectando su modelo de negocio basado en la venta de espacios publicitarios.
Además, la medida perjudica directamente a anunciantes ya plataformas de intermediación publicitariaporque limita el acceso a datos esenciales para la personalización de los anuncios.
Frente a este señalamientola Autoridad italiana subrayó que los términos de la política ATT fueron “impuestos unilateralmente” por Apple, en detrimento tanto de socios comerciales como de la competencia en el mercado de la publicidad digital.
El debate sobre las prácticas de Apple en materia de competencia no se restringe al ámbito europeo. En Estados Unidos, el Departamento de Justicia y dieciséis fiscales presentaron en marzo de 2024 una demanda contra la empresa, acusándola de incumplir las leyes antimonopolio mediante el bloqueo del acceso de rivales a funciones clave de hardware y software en los iPhone.
Los demandantes alegan que la compañía obstaculiza la innovación al dificultar que los consumidores cambien de terminalrechaza la integración de aplicaciones de mensajería multiplataforma y limita el funcionamiento de carteras digitales y dispositivos inteligentes de terceros —así como el uso de servicios de ‘streaming’ en la nube ajenos a Apple—.
Ante este proceso judicial estadounidense, Apple anticipó en 2025 una defensa firme de sus decisiones y advirtió sobre posibles impactos negativos más allá del caso particular.
La empresa afirmó que la demanda podría sentar un “precedente peligroso”, al dar al gobierno autoridad para intervenir decididamente en el desarrollo tecnológico de los usuarios.
En esa respuesta, Apple desglosó en 236 párrafos los argumentos que desestiman las acusaciones. Sostuvo que la querella busca atacar seleccionadamente decisiones de diseño propias y “menoscabar las ventajas de privacidad y seguridad del iPhone que los clientes valoran”.
Asimismo, la compañía agregó que, de prosperar la demanda, se eliminaría una diferenciación competitiva en el mercado y se limitaría la variedad de opciones para los consumidores.
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