Escándalo de Centros Poblados: cinco propiedades de Saray Robayo, esposa de Emilio Tapía, bajo extinción de dominio

La relación entre la congresista Saray Robayo, del Partido de la U, y el empresario Emilio Tapia, condenado por múltiples casos de corrupción, vuelve a ser el centro de atención en el escándalo de Centros Poblados, uno de los más grandes en el país.

La Fiscalía General de la Nación ha impuesto medidas cautelares sobre cinco propiedades a nombre de Robayo, que serán objeto de un proceso de extinción de dominio, en el contexto de la investigación sobre las irregularidades en el contrato para llevar internet a zonas rurales durante la administración de Iván Duque en 2021.

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Las acciones de la Fiscalía buscan prevenir la venta o transferencia de estos bienes, mientras se investiga si fueron adquiridos mediante fondos ilícitos relacionados con el contrato del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), liderado por Karen Abudinen en ese momento.

El contrato fue firmado con la Unión Temporal Centros Poblados para proporcionar internet en diversas áreas rurales, pero estuvo acompañado de un adelanto financiero irregular de $70.000 millones, convirtiéndose en uno de los mayores fraudes en la historia del país.

Según la entidad judicial, las propiedades de Robayo están presuntamente relacionadas con el desvío de recursos de dicho contrato, en el que Emilio Tapia desempeñó un papel clave, ideando estrategias fraudulentas para asegurar la adjudicación.

Investigaciones indican que Tapia formó una unión temporal ficticia que usó como fachada para desviar fondos públicos y enriquecerse ilícitamente; con esta base, la Fiscalía halló que su vínculo con la congresista pudo haber facilitado su influencia en la adquisición de algunos bienes.

Así, se identificaron cinco propiedades bajo investigación —el Estado confisca bienes adquiridos con recursos de origen ilegal—. Según un informe del diario El Colombiano, estas incluyen:

• Un penthouse y dos apartamentos en Coveñas (Sucre), situados en una de las áreas turísticas más exclusivas. Estos inmuebles están bajo la lupa debido a su alto valor y ubicación.
• Un lote en San Bernardo del Viento, en Córdoba, que también está asociado al incremento patrimonial irregular de Robayo.
• El terreno “El Chinchorro” en Montería, otro bien incluido en las medidas cautelares. Esta propiedad se encuentra en una región estratégica, lo que ha suscitado más preguntas sobre su adquisición.

De acuerdo con los informes de la Fiscalía, el valor total de las propiedades involucradas supera los $65.000 millones, una cifra que refleja la magnitud de los activos bajo investigación.

Mientras tanto, Emilio Tapia sigue siendo un nombre recurrente en el caso judicial, también conocido por su implicación en el ‘carrusel de la contratación’ durante la alcaldía de Samuel Moreno en Bogotá, y fue condenado por su rol en el escándalo de Centros Poblados. A pesar de haber recuperado su libertad, su regreso a la vida pública generó controversia.

A pesar de la decisión judicial que permitió su liberación, su presencia en espacios públicos fue notoria, ya que se le vio realizando compras en centros comerciales y utilizando vehículos de la Unidad Nacional de Protección (UNP); esto provocó críticas por su historial de corrupción.

La UNP justificó el uso de los vehículos por parte de Tapia, ya que es el esposo de Saray Robayo, quien cuenta con un esquema de seguridad oficial por su labor como congresista.

Además de la pareja, otras personalidades también fueron mencionadas en la investigación, incluidas figuras como Karen Abudinen, exministra de TIC, quien enfrenta medidas cautelares sobre sus bienes debido a su implicación en el caso (aunque no se le ha imputado un delito, su responsabilidad fiscal ha sido objeto de revisión por la Contraloría).

Hasta ahora, las acciones de la Fiscalía han abarcado un total de 23 propiedades de los principales implicados, entre ellos Juan José Laverde de Rave Seguros; Ottomar Lascarro, un contratista; y Luis Fernando Duque, representante de la Unión Temporal Centros Poblados.

José Iván Caro, director de la Dirección Especializada de Extinción de Dominio, explicó que estas propiedades estarán sujetas a un proceso judicial para concluir si efectivamente fueron adquiridas con dinero de actividades ilícitas y, en tal caso, los bienes serán confiscados y pasarán a ser propiedad del Estado.