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Para atender a los damnificados por la ola invernal que afecta a varios departamentos, el Gobierno Nacional decidió cobrar una sobretasa del 2 por ciento a las hidroeléctricas y térmicas, en el marco de la emergencia económica decretada hace unos días.
En la práctica, este porcentaje se suma a las transferencias ambientales obligatorias que actualmente asumen estas plantas. De este modo, la carga para las hidroeléctricas se eleva al 8 por ciento, mientras que para las térmicas quedará en 6 por ciento.
Esta medida afectaría directamente a 16 termoeléctricas y 35 hidroeléctricas, para un total de 51 plantas de generación que operan en Córdoba, Antioquia, Sucre, Bolívar, Cesar y Magdalena.
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Una de las empresas más afectadas sería EPM, pues al menos 16 de sus centrales hidroeléctricas en Antioquia deberán asumir este 2 por ciento adicional; se destacan, por ejemplo, Hidroituango, Guatapé, Playas, Porce II y Porce III.
Adicionalmente, Isagén opera 10 plantas en este departamento —entre ellas Jaguas, San Carlos y San Miguel—, mientras que Celsia tiene tres Pequeñas Centrales Hidroeléctricas (PCH): San Andrés de Cuerquia, Hidromontañitas y Río Piedras.
Por el lado de las termoeléctricas, hay varias que pertenecen al Estado colombiano, como las plantas de Gecelca y Termoguajira. Entre tanto, Celsia es propietaria de Tesorito, ubicada en el departamento de Córdoba.
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Esta sobretasa del 2 por ciento a las ventas brutas de energía tendrá una vigencia de seis meses y los recursos recaudados serán administrados por las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR).
“Recibimos esta medida con preocupación y rechazo. No se trata de un cobro sobre las utilidades, sino sobre las ventas brutas de energía; es decir, se paga incluso cuando los márgenes de ganancia son bajos”, manifestó la presidenta de Acolgén, Natalia Gutiérrez.
Al aplicarse sobre ingresos brutos y no sobre utilidades, este nuevo gravamen podría afectar el flujo de caja de las empresas, poniendo en riesgo su operación y solidez financiera.
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Otro golpe al sector minero energético
Bajo el estado de emergencia económica, el Gobierno Nacional también estableció un impuesto temporal al patrimonio del 1,6 por ciento para las empresas del sector extractivo, que incluye a petroleras, carboneras y mineras.
“Están volviendo a cargar a las mismas empresas de siempre. Están poniendo tasas adicionales a sectores como el petrolero y el minero, que ya tienen unas cargas tan altas que están dejando de ser competitivos”, afirmó Alejandro Castañeda, presidente ejecutivo de Andeg.
A diferencia del impuesto de renta, que grava utilidades, el impuesto al patrimonio se aplica sobre los activos acumulados, independientemente de los resultados financieros de una empresa.
En la práctica, esto implica que se paga incluso cuando no hay utilidades, afectando directamente la liquidez destinada a inversión, mantenimiento y desarrollo de nuevos proyectos.
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Foto:Edgar Su / REUTERS
El presidente ejecutivo de Fenalcarbón, Carlos Cante, aseguró que este nuevo tributo constituye “un trato discriminatorio que atenta gravemente contra la industria” carbonífera.
Además, dijo que este impuesto —que se suma a otras cargas recientes— evidencia “el talante de este Gobierno para acabarnos durante los cuatro años que lleva en el poder”.
El presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP), Frank Pearl, coincide en que este impuesto es discriminatorio y señaló que la aplicación de tarifas diferenciadas abre un debate técnico sobre equidad tributaria y estabilidad de las reglas de juego.
También recordó que actualmente el sector petrolero ya realiza aportes significativos a través del impuesto de renta, regalías y otros tributos. De hecho, en la reforma tributaria de 2022 se estableció una sobretasa para este sector de hasta el 15 por ciento.
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Foto:Ecopetrol
“El sector de hidrocarburos opera bajo ciclos de inversión de largo plazo. Gravar el patrimonio es, en esencia, gravar la capacidad de invertir. El país necesita equilibrio: recaudo hoy, pero inversión y crecimiento mañana”, agregó Frank Pearl.
En su opinión, esta decisión del Gobierno Nacional amerita un análisis técnico detallado sobre sus efectos para no comprometer la inversión, el empleo y la sostenibilidad del sector energético.
Este impuesto temporal al patrimonio también aplica para el sector eléctrico. Aunque la tarifa será menor (0,5 por ciento), el presidente ejecutivo de Andeg considera que la medida envía una señal negativa para los inversionistas.
“Gravar de manera adicional a un sector que garantiza la confiabilidad y estabilidad del sistema eléctrico envía una señal negativa a la inversión y puede terminar afectando la seguridad energética del país”, advirtió Natalia Gutiérrez.
Este cobro también agravaría la situación de compañías con dificultades financieras, como es el caso de Air-e. Aquellas que no tengan liquidez para asumir este tributo deberán salir a endeudarse.
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Foto:Air-e
El líder gremial estima que las hidroeléctricas y térmicas pagarán 260.000 millones de pesos por este impuesto al patrimonio, mientras que por la sobretasa del 2 por ciento asumirán unos 70.000 millones de pesos adicionales.
Estos 330.000 millones de pesos representarían mayores costos operativos para las generadoras que, eventualmente, podrían terminar siendo trasladados a los usuarios a través de las tarifas de energía eléctrica.
Por eso, Alejandro Castañeda considera importante que la Corte Constitucional revise si todos los recursos que se pretenden recaudar con estos nuevos impuestos son realmente necesarios para atender los efectos de la emergencia invernal.
“La Contraloría dijo que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) tiene un presupuesto de 2,6 billones de pesos sin ejecutar, mientras que algunos gobernadores han planteado la posibilidad de utilizar recursos de regalías para este fin”, comentó.
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