Aunque el Ministerio de Hacienda aceptó reducir en 10 billones de pesos su expectativa de recaudo y dejar la reforma tributaria en 16,3 billones de pesos, mantiene su intención de aumentar el impuesto al carbono. Esto podría elevar las tarifas de energía eléctrica que pagan los colombianos.
Específicamente, se plantean tres modificaciones al impuesto al carbono. Se reduce la no causación del impuesto al carbono del 50 al 30 por ciento, mientras que la base gravable del IPC+1 por ciento se modifica a IPC+2 por ciento.
Adicionalmente, se plantea un incremento a la base gravable actual de 27.400 pesos por tonelada equivalente, hasta 42.609 pesos para 2026. Esto afectaría a combustibles como el GLP, gas natural, diésel, gasolina y carbón térmico, entre otros.
“Esta iniciativa del Gobierno Nacional plantea incluir la industria del gas natural dentro de los combustibles gravados, en adición a que se incrementa de manera alarmante la tarifa con la que estos son gravados”, advirtió la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg).
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Estos ajustes que propone el gobierno del presidente Gustavo Petro provocaría un alza de precios en las tarifas de los energéticos del país, incluyendo la generación de energía eléctrica.
Pero lo más grave es que esto se vería reflejado en el aumento de la canasta básica y en las facturas de electricidad que pagan los colombianos, dado los mayores costos de adquisición del combustible que se requiere para generar energía.
La aplicación del impuesto al carbono lleva a aumentar los costos de generación
Sandra FonsecaDirectora Ejecutiva de Asoenergía
“La aplicación del impuesto al carbono lleva a aumentar los costos de generación, ya que aún en épocas de lluvias, se utiliza carbón, que es el principal combustible gravado por el incremento del impuesto”, comentó Sandra Fonseca, directora Ejecutiva de Asoenergía.
Además, alertó que también se generarán mayores costos en los combustibles líquidos que sirven de respaldo (sustitutos) a otros energéticos que se usan en la industria y en el transporte.
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Sandra Fonseca, presidenta de Asoenergía. Foto:Asoenergía
La matriz de generación de energía de Colombia es mayoritariamente hídrica, con una participación de aproximadamente el 63,7 por ciento, mientras que las térmicas son el 30 por ciento y la energía solar es el 6,3 por ciento restante.
Las térmicas suman una capacidad total de 6.205 megavatios y operan con gas natural, carbón y combustibles líquidos. Estos son precisamente los combustibles que tendrían que asumir un mayor impuesto al carbono.
Cálculos de Andeg indican que el costo de la generación de energía eléctrica podría subir entre 8 y 15 por ciento, a raíz del aumento que provocaría este impuesto en el valor del gas natural y del carbón.
Esto, a su vez, tendría un efecto adicional en la tarifa de la energía eléctrica del orden de 45 pesos por kilovatio-hora, provocando un impacto sobre la demanda eléctrica cercano a los 3,5 billones de pesos por año.
Si las tarifas suben, el Gobierno Nacional también tendría que destinar más recursos para los subsidios de energía que les entrega a los hogares de estratos bajos. Se estima que tendría que sacar cerca de 1 billón de pesos del Presupuesto General de la Nación.
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Térmica Tebsa Foto:Tebsa
Esto terminaría profundizando la millonaria deuda de subsidios que tiene actualmente el gobierno del presidente Gustavo Petro con las empresas del sector y que llega a 2,2 billones de pesos al 31 de diciembre de 2026.
Andeg prevé que la modificación del impuesto al carbono que se propone en la reforma tributaria provocaría un efecto neto negativo para todos los colombianos de 3 billones de pesos al año. “Esta medida representa más riesgos que beneficios, pues el déficit fiscal que se generará es mayor al recaudo esperado”, dijo.
Esto se debe a que solo se recaudarían 850.000 millones de pesos por el carbón, y 700.000 millones de pesos por el gas natural, mientras que el costo total de la medida sería de 4,5 billones de pesos.
Esta medida representa más riesgos que beneficios, pues el déficit fiscal que se generará es mayor al recaudo esperado
“Nuevas cargas fiscales o aumentos de cargas existentes generarán impactos negativos en el sector eléctrico, incrementando los costos operativos de las empresas, desincentivando la inversión en el sector y reduciendo la rentabilidad de los proyectos nuevos y existentes”, advirtió la presidenta de Acolgén, Natalia Gutiérrez.
A esto se suma que el Gobierno Nacional no presentó ninguna gradualidad para la aplicación del impuesto al gas natural para la generación de energía, “lo que va en contravía de una transición energética segura y gradual”, según Andeg.
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“Con estos cambios abruptos se desdibuja la continuidad, así como el principio de justicia y proporcionalidad de la política pública”, agregó.
Al gremio también le preocupa que, desde la reforma tributaria de 2022, se limita al 50 por ciento la aplicación del mecanismo de no causación del impuesto al carbono y que en esta nueva propuesta se estaría restringiendo aún más al 30 por ciento.
“Esto tendría serias implicaciones sobre el mercado de carbono del país, marchitando la demanda de créditos de carbono y desincentivando la inversión privada en proyectos de reducción de emisiones”, alertó.
Sumado a esto, la destinación del impuesto sería regresiva al disminuir del 80 al 45 por ciento lo destinado a la protección ambiental y acción climática.
Tampoco hay claridad sobre la destinación del 44 por ciento del impuesto, convirtiéndolo así en un recurso para el flujo de caja estatal y desvirtuando el propósito bajo el cual fue creado el impuesto y el mecanismo de no causación.
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Presidente ejecutivo de Andeg, Alejandro Castañeda. Foto:Andeg
La reforma tributaria del gobierno del presidente Gustavo Petro también plantea aumentar a 1,5 por ciento la contribución especial que deben pagar las compañías que vigila la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y las que regula la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).
Actualmente esta tarifa es del 1 por ciento, por lo que ese incremento del 0,5 por ciento se destinaría exclusivamente al Fondo Empresarial de la Superservicios, que se encarga de apoyar financieramente a las empresas intervenidas.
Debe actuarse con cuidado para no generar costos adicionales
Natalia GutiérrezPresidenta de Acolgén
Para el presidente ejecutivo de Andeg, Alejandro Castañeda, este incremento representa mayores costos para las empresas del sector, que al final del día se traducirán en tarifas más altas para los usuarios.
“En momentos en los que los lineamientos de política y la regulación pretenden la reducción de tarifas, debe actuarse con cuidado para no generar costos adicionales, pues esto es un factor que se considera en la estructuración de los precios, pudiendo afectar el costo del servicio”, aseguró Natalia Gutiérrez.
