Colombia
estos son los implicados en la investigación
La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra Rafael Ángel Castillo Pacheco, actual rector de la Universidad del Atlántico, por el presunto incumplimiento de una sanción de suspensión por cuatro meses confirmada en segunda instancia el 21 de febrero de 2025. Según el ente de control, pese a la vigencia de esa medida, Castillo habría continuado ejerciendo funciones como nominador, ordenador del gasto y máxima autoridad académica.
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En paralelo, el Ministerio Público abrió nuevas investigaciones disciplinarias contra tres exdirectivos que, en su momento, tenían competencias administrativas vinculadas con la ejecución de la sanción: María Andrea Bocanegra Jiménez (Oficina Jurídica), José Waldir Hoyos Franco (Control Interno Disciplinario) y Salomón Elías Mejía Sánchez (Talento Humano).
La hipótesis inicial es que no habrían certificado ni la ejecución de la suspensión ni el pago correspondiente si la medida se convierte en salarios.
Castillo Pacheco, rector encargado. Foto:redes sociales
De acuerdo con documentos oficiales, la sanción contra Castillo quedó registrada en el SIRI (Sistema de Información de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad) el 11 de marzo de 2025; sin embargo, el 17 de diciembre de 2025 el Ministerio de Educación Nacional (MEN) lo designó como rector en el marco de la vigilancia especial a la institución. Esa tensión —suspensión disciplinaria vigente vs. designación administrativa— es la que ahora indaga la Procuraduría en la etapa formal de investigación.
La Universidad del Atlántico, al responder a un requerimiento del organismo de control, informó que la sanción no se materializó, por lo que no fue posible establecer fechas de inicio y fin de la suspensión ni se aportarán actos administrativos que acreditarán su cumplimiento. Con base en ello, el Ministerio Público dispuso la práctica de pruebas y visitas para reconstruir. la “trazabilidad” de las decisiones internas asociadas al caso.
La investigación busca verificar la ocurrencia de las conductas, determinar si se configuran faltas y definir eventuales responsabilidades disciplinarias. En un boletín anterior, la Procuraduría ya había ordenado información sobre la inejecución del otoño de febrero de 2025 y anunció la práctica de pruebas para establecer por qué no se dio cumplimiento a la decisión de segunda instancia.
Desde la elección de Barrios en la rectoría, varios entes de control han intervenido. Foto:redes sociales
En paralelo, la apertura formal de investigación contra Castillo —mediante auto del 14 de enero de 2026— pone la lupa en si el funcionario podía ejercer el cargo pese al antecedente registrado y sin evidencia de ejecución de la sanción. La medida no implica una sanción inmediata, pero active el proceso para resolver de fondo la eventual gravedad de la falta.
Los otros procesos que orbitan la Uniatlántico
Tras la elección de Leyton Barrios Torres como rector (27 de octubre de 2025), el MEN adoptó de inspección y vigilancia y medidas, a mediados de diciembre, reemplazó por un año al directivo para conjurar la crisis, decisión que generó un pulso jurídico y político por la autonomía universitaria.
La cartera se enfatizó que existían incumplimientos de órdenes previas y riesgos para la prestación del servicio educativo; Ese marco justificó el encargo temporal. Aunque la versión oficial ha tenido ajustes procedimentales —por ejemplo, sobre la forma de notificación de actos—, el hilo conductor ha sido la necesidad de recuperar la gobernanza y la continuidad académica.
Universidad del Atlántico sede norte, entrada principal. Foto:Archivo / EL TIEMPO
En esa coyuntura, el MEN designó a Castillo como rector en diciembre de 2025con el argumento de restablecer la normalidad académica y administrativa tras la convulsa elección del rector en propiedad. No obstante, desde entonces distintos informes periodísticos y judiciales han subrayado el choque con la sanción registrada contra Castillo y la necesidad de despejar, en sede disciplinaria, si el nombramiento desconoció una medida vigente.
Recién la semana pasada, el Juzgado Segundo Penal Municipal de Barranquilla concedió una tutela transitoria que dejaron sin efectos, de manera provisional, las resoluciones del Comité Electoral que habían anulado la elección de Barrios, aclarando que no resolvía de fondo la legalidad del nombramiento y que el asunto debía ventilarse en la jurisdicción contencioso‑administrativa. Dicha decisión reabrió jurídicamente la posibilidad de un retorno, aunque no automático.
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Sin embargo, días después el Juzgado Primero Oral Administrativo del Circuito declaró improcedente una tutela presentada por el propio Barrios para regresar a la rectoríaal concluir que las controversias frente a los actos del MEN deben tratarse por la vía contenciosa y que no había prueba de una vulneración actual de derechos fundamentales.
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